Un proyecto inmobiliario liderado por un empresario argentino está generando polémica en el baleario de Punta Ballenas, ubicado en el departamento uruguayo de Maldonado. Distintos residentes, activistas ambientales y académicos se pronunciaron en contra de la iniciativa por el impacto negativo que tendría en la biodiversidad el mega complejo residencial.
La sierra de La Ballena, conocida por su belleza, es una falla geológica de unos 530 millones de años. La zona era un lugar olvidado hasta que el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró construyó la reconocida Casapueblo, a lo que se sumarían con el tiempo residencias y complejos turísticos de ambos lados de la loma de la Ballena. Si bien el lugar conservó sus zonas vírgenes, gran parte del terreno podría verse afectado con la edificación de la polémica.
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El "Complejo Residencial Punta Ballena", que se ubica en la costa del departamento, en la ladera a ambos lados de la Sierra de la Ballena, es un proyecto presentado por un grupo de inversionistas que lidera el empresario argentino Delfín Ezequiel Carballo, que hasta principios de año presidía el Banco Macro. El plan de construcción comprende nueve hectáreas de terreno y requiere la edificación de 29 edificios compuestos de 320 departamentos en total.
El proyecto cuenta con un fuerte apoyo político a raíz de que fue consecuencia de una negociación de privados con los gobiernos del Frente Amplio y del Partido Nacional en el departamento de Maldonado, negociación que fue ratificada por el legislativo municipal. Según el cronograma del grupo de inversionistas, la edificación se ejecutará en seis etapas en un plazo aproximado de siete años.
El ministro de Ambiente de Uruguay, Robert Bouvier, informó que la iniciativa se encuentra en la etapa de puesta de manifiesto "a consideración ciudadana", pensada para que la población conozca los detalles de la iniciativa. "Estamos hablando de terrenos privados. Una iniciativa privada, un proyecto que fue presentado ante el Ministerio y le estamos dando el trámite que corresponde", aseguró el funcionario en rueda de prensa.
Bouvier explicó que cuando finalice esa etapa habrá "una audiencia pública donde quien lleve adelante el proyecto explicará a la ciudadanía cómo va a ser". "Son terrenos privados. Veremos en las instancias de consulta ciudadana la evaluación que tenemos y la de impacto ambiental que haremos", precisó.
Según consta en el sitio web del ministerio, este proyecto fue aprobado por el ejecutivo de la Intendencia y la Junta Departamental de Maldonado, y forma parte de un acuerdo transaccional en el cual las partes realizaron concesiones recíprocas para "poner fin a una situación que fue resuelta definitivamente por la Suprema Corte de Justicia y que busca contemplar intereses públicos y privados en juego".
En ese sentido, el acuerdo tiene como objetivo concreto "poner fin a un largo litigio sobre la zona de Punta Ballena, que la Justicia ha reconocido de propiedad privada, y se encuentra actualmente sometido a la única condición de la aprobación del proyecto por la autoridad ambiental".
La protesta de los vecinos y las organizaciones ambientales
Cuando trascendió la iniciativa, los vecinos y organizaciones ambientales realizaron manifestaciones en su contra. Al respecto, el pasado domingo hubo una concentración que incluyó actividades recreativas y música. Incluso se crearon cuentas en redes sociales para compartir contenido en contra del proyecto, advirtiendo sobre los presuntos riesgos ambientales.
Según el informe ambiental publicado en la página web del Ministerio de Ambiente de Uruguay, entre los impactos que tendría esta propuesta figuran la "pérdida de biodiversidad" con una importancia "alta". Sumado a esto, el estudio advierte que solo la etapa de construcción de este proyecto afectará el 34,6% del área de vegetación natural de Punta Ballena.
Durante la asamblea, el abogado José Luis Sciandro, experto en temas jurídicos ambientales, recomendó "no dejar pasar los días" y aconsejó a la población que ingrese al formulario Change.org y en las páginas de la Red Unión de la Costa para exponer sus motivos contrarios al complejo residencial, antes de que venza el plazo, el 18 de noviembre próximo.
En dicha petición, los vecinos sostienen que "Punta Ballena es más que un simple punto geográfico, es una joya geológica con rocas de más de 530 millones de años compuesta por media docena de pequeñas grutas. También es un zona de gran relevancia ecológica ya que cuenta con 427 especies de plantas registradas, 14 de ellas son endémicas del país y dos del lugar, es decir, que no existen en ninguna otra parte del mundo. La conservación de estas especies es prioritaria".
"Como uruguayos, no podemos permitir que este patrimonio nacional se pierda debido a la especulación inmobiliaria, intereses privados y la falta de voluntad política. Instamos al gobierno uruguayo a tomar medidas inmediatas para garantizar la preservación de Punta Ballena como Patrimonio Cultural y Natural del Uruguay", agregaron.
Según detalló el medio local La diaria de Maldonado, la concejala frenteamplista del Municipio de Maldonado Irene Pepi Gonçalves también intervino en esa reunión y denunció que "hubo un proceso fraudulento" por parte de la consultora que elaboró los informes del proyecto. En ese sentido, aseguró que los inversores contrataron a la empresa para "generar un informe que es falso, que no puede tomarse como válido".
Los vecinos también tomaron la palabra durante la protesta. Ese fue el caso de Álvaro, un hombre que lleva más de 50 años en el lugar. "No es algo que toque solamente a quienes vivimos en la zona. Hay gente de todo el departamento que viene a ver los atardeceres, a pescar, a tomar mate, a pasear el perro, o en su primera cita. Gente que tiene en este lugar un pedazo de su historia, que lo disfruta, y que debe entender que todo está en riesgo", manifestó emocionado.
Por su parte, la Red Unión de la Costa entregó el último jueves más de 3.000 firmas al Ministerio de Ambiente para solicitar la prórroga de la etapa de puesta de manifiesto del proyecto inmobiliario. Asimismo, instaron a la ciudadanía a "continuar haciendo comentarios a esta puesta de manifiesto hasta agotar el tiempo en que esta esté abierta".
Además, la Sociedad Uruguaya de Geología manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se concrete la construcción. A través de un comunicado, los especialistas advirtieron que la iniciativa "modificará la integridad de uno de los sitios geológicos más importantes del país".
También remarcaron que del Informe Ambiental Resumen (IAR) del emprendimiento "se desprenden los impactos ambientales negativos, en el ecosistema en general y en el medio físico en particular". En esa línea, expresaron que "la excavación en roca (que incluye voladuras) es un alto riesgo de degradación de la integridad de Punta Ballena como sitio de interés geológico, siendo susceptible la pérdida del mismo como sitio integrante del Inventario Nacional de Patrimonio Geológico de Uruguay".
Por otra parte, resaltaron que Punta Ballena tiene "un alto valor científico", a la par de que se trata de un lugar con "usos recreativo/turístico y didáctico/educativo, siendo un sitio visitado por su belleza paisajística y panorámica tanto al este como al oeste".
La polémica judicial de las tierras
El uso de esas tierras estuvo envuelto en una polémica que duró muchos años y que se resolvió en la Justicia, con un acuerdo entre las partes litigantes (privados y el Estado). En la década de los setenta, durante la dictadura militar en Uruguay, las autoridades utilizaron suelo de Punta Ballena para la construcción de una ruta panorámica y un recorrido turístico. Esta medida llevó a los herederos de Antonio Lussich, antiguos dueños del terreno, a interponer un juicio que culminó con la devolución de once hectáreas.
Después del juicio, en 2012, los propietarios del terreno y las autoridades departamentales negociaron un acuerdo donde se estableció que ciertas áreas quedarían como lugares públicos. Más tarde, los herederos de Lussich acordaron con inversionistas para levantar un enorme complejo residencial.
René del Castillo, bisnieta del pionero Antonio Lussich, pidió la palabra durante la asamblea de activistas del pasado domingo, donde reconoció que ella "es parte del problema" porque el Estado expropió las tierras a su familia y luego las privatizó, lo cual, en su opinión, "no se debió hacer". Sin embargo, sostuvo que ahora "es parte de la solución" porque trabajará junto a la sociedad civil organizada para protegerlas. "Punta Ballena es un emblema internacional y tiene que volver a ser expropiado", sentenció según indicó La diaria de Maldonado.
MB / ED
