La ofensiva judicial por los manejos tributarios del fútbol argentino escaló un nuevo peldaño este jueves. La Dirección General Impositiva (DGI), bajo la órbita de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), amplió formalmente la denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La acusación central apunta a la presunta retención y falta de pago de impuestos y contribuciones patronales durante los períodos fiscales de 2024 y 2025.
El escrito, presentado por el abogado Matías Alejo Gentile Brezigar, detalla los montos y las fechas de la supuesta maniobra. Según la documentación, que ingresó al Juzgado Penal Económico N° 5, la AFA no habría depositado los tributos correspondientes a los meses de marzo a mayo y julio de 2024, extendiéndose hasta julio de 2025 en materia tributaria, y hasta septiembre de 2024 en lo previsional. El monto total actualizado del reclamo asciende a la impactante cifra de $11.759.643.331,62.
El punto de la denuncia se basa en una presunta violación a la Ley 27.430, la normativa sancionada en 2017 que reformó el sistema tributario e impuso nuevas obligaciones a las asociaciones civiles y deportivas. La acusación sostiene que la entidad funcionó como agente de retención, descontando los importes correspondientes, pero omitió girar esos fondos a las arcas estatales dentro del plazo legal de treinta días corridos tras los vencimientos, hecho que podría ser tomado como apropiación indebida de tributos.
La presentación judicial apunta directamente a la cúpula administrativa. Se identifica como responsable principal a Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, en su doble carácter de presidente de la institución y administrador de la clave fiscal. El argumento de ARCA es que se verificó la retención del dinero y la capacidad financiera de la AFA para afrontar el pago, por lo que la falta de depósito no respondería a una imposibilidad económica, sino a una decisión deliberada de la gestión.
La denuncia subraya que la conducta atribuida a la AFA pone en riesgo la actividad financiera del Estado. Al tratarse de una evasión de tal magnitud por parte de una entidad de alto perfil, los denunciantes sostienen que se afecta severamente el presupuesto necesario para el cumplimiento de las funciones esenciales del sector público.
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Un expediente que crece... Y crece
Esta nueva presentación se incorpora al expediente CPE 1182/2025, que se había abierto hace sólo unos días. En esa primera instancia, el organismo fiscalizador había estimado un perjuicio al Estado de aproximadamente 7.500 millones de pesos. Sin embargo, tras un análisis más exhaustivo de la División de Recaudación de Grandes Contribuyentes, se detectaron nuevos períodos impagos que elevaron la cifra a los casi 11.800 millones actuales, complicando la situación procesal de los directivos.
La competencia para investigar estos hechos quedó radicada en la Justicia Nacional en lo Penal Económico, debido a que el domicilio fiscal de la AFA se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque el escrito reconoce que la asociación (inscripta bajo el rubro de "Servicios de asociaciones NCP") no registra antecedentes penales previos en el sistema de la DGI, la magnitud de la deuda y los períodos impagos impulsaron la acción penal.
ARCA busca determinar “si hubo dolo” en el manejo de los fondos de la seguridad social, un delito que no admite excusas meramente administrativas. La incorporación de esta prueba marca un avance significativo en la investigación, que ahora deberá ser evaluada por la Secretaría N° 10 del juzgado interviniente para definir los próximos pasos.
TC/DCQ
