La estrategia de "patear la pelota afuera" no le funcionó a Claudio "Chiqui" Tapia. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, rechazó de plano este martes el pedido para anular la indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y lo obligó a presentarse en Tribunales este jueves a las 12 del mediodía. A pesar de los intentos de sus abogados por cerrar la causa argumentando que no hubo delito, el magistrado ratificó que la investigación por la presunta "bicicleta" con más de $19.000 millones de aportes no declarados debe seguir su curso natural.
El nudo de la cuestión estuvo en los recursos que la AFA retuvo pero nunca pagó al Estado entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la denuncia de la agencia ARCA (ex AFIP), Tapia y su entorno se quedaron con fondos que no eran propios, sino que pertenecían a los trabajadores y a la recaudadora de impuestos, por un total que superó los $19.353 millones. La Justicia marcó que estos montos no se ingresaron en el plazo legal de 30 días, lo que encuadra en el delito de apropiación indebida de tributos, con penas que llegan a los seis años de prisión.
Lo que más complicó la situación de la dirigencia fue el informe técnico sobre la salud financiera de la entidad. Mientras la deuda impositiva crecía, las cuentas de la AFA exhibieron ingresos por más de $453.000 millones durante 2025 y la constitución de plazos fijos millonarios tanto en pesos como en dólares. El juez valoró esta prueba como una señal de que la falta de pago no fue por crisis económica, sino por una decisión de usar esa plata para generar intereses en lugar de cumplir con las obligaciones legales.
Otro golpe duro para la defensa llegó desde adentro de la propia AFA con la declaración de la contadora Mónica Bouvet. La gerente de Administración detalló ante la Justicia que todos los vencimientos se informaron vía mail al presidente y al tesorero Pablo Toviggino. Según Bouvet, ella misma les mandaba cuadros con la deuda acumulada y esperaba la instrucción directa de Tapia para efectuar los pagos, una confesión que dejó al "Chiqui" como el responsable final de la maniobra.
Como medida cautelar, la Justicia mantuvo la prohibición de salida del país para todos los imputados, aunque autorizó un "viaje relámpago" de Tapia a Brasil y Colombia tras el pago de una fianza de 5 millones de pesos. Sin embargo, el clima de tensión escaló más allá de los tribunales: la AFA decidió suspender la fecha 9 del torneo local como una medida de fuerza ante lo que consideran un "ataque político". Para el juez Amarante, los plazos están firmes y el jueves la entidad deberá dar explicaciones como persona jurídica antes de que el mandatario se siente a dar explicaciones.
La resolución no solo golpeó a Tapia, sino que también arrastró al resto de la dirigencia mayor del fútbol argentino. El cronograma judicial estableció que el secretario general Cristian Malaspina, el director Gustavo Lorenzo y el tesorero Pablo Toviggino también deberán desfilar por el juzgado en los próximos días. El magistrado desestimó el argumento de que el Gobierno de Javier Milei buscó perseguir a la AFA, enfocándose puramente en que el delito se cometió en el momento en que se vencieron los plazos de pago de las retenciones.
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El escudo legal y la sombra de la política
La defensa de los dirigentes se apoyó en una resolución del Ministerio de Economía que suspende las ejecuciones fiscales para las asociaciones sin fines de lucro hasta junio próximo. Los abogados Simonetti y Frontini sostuvieron que, bajo este "paraguas legal", la AFA no estaba obligada a realizar los depósitos de manera inmediata y que la causa es una maniobra política del oficialismo. Sin embargo, la fiscalía insistió en que una suspensión de ejecución "no es un permiso para quedarse con la plata que ya se le descontó a los empleados" en concepto de aportes.
Sin embargo, remarcaron que la entidad ya abonó parte de lo reclamado y que el resto se encuentra regularizado en planes de pago vigentes. El argumento de Tapia apuntó a que es la única asociación civil denunciada penalmente por esta situación, lo que a su juicio confirmó una "intencionalidad persecutoria". Para la dirigencia, el hecho de que la judicialización se concretara a fin de año y no cuando surgieron las primeras deudas, es la prueba de que se buscó debilitar el poder de la AFA en medio de la disputa por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
A pesar del paro en el fútbol y las quejas públicas, el desfile por Comodoro Py comenzará sin falta este jueves. La última citación será la de Toviggino, el miércoles de la semana que viene, quien también intentó sin éxito frenar su llamado a indagatoria. La Justicia ahora deberá determinar si el uso de los fondos retenidos para alimentar plazos fijos internos constituyó una maniobra delictiva deliberada o si la protección legal para entidades civiles alcanza para evitar que el "Chiqui" termine con una condena penal.
TC / EM
