Ley de Tierras: suspendieron la cautelar contra el DNU de Milei y un ex Montonero pidió un amparo

En el mismo día en que la Justicia suspendió una cautelar que mantenía la vigencia de la Ley de Tierras frente a la avanzada contenida en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, una fundación presidida por un ex Montonero pidió la inconstitucionalidad de la normativa. Nuevamente, el objetivo es intentar, por otra vía, que se deje sin efecto el artículo 154 del decreto que firmó el presidente en acuerdo de ministros, que derogaba esa legislación clave en materia ambiental y de soberanía.

La presentación fue realizada este lunes por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), y recayó en el Juzgado en lo Contencioso-Administrativo Federal N°5, a cargo de María Alejandra Biotti.

En representación de esa entidad aparece su presidente, Julio César Urien, conocido por sus acciones en la Patagonia en contra de Joe Lewis y en defensa de Lago Escondido, y también por haber liderado en 1972 una toma de la ESMA y su consecuente resistencia a un intento de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse de impedir el retorno de Juan Domingo Perón.

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Lo que se busca es defender la vigencia de la ley sancionada durante el kirchnerismo para ponerle límites a las tenencias de tierras argentinas por parte de extranjeros.

La acción de amparo promovida por la Fipca y Urién tiene el patrocinio legal de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Anibal Valmaggia. El objeto central es que la Justicia anule el artículo 154 del DNU 70/2023 "por quebrantar las disposiciones constitucionales" lo que conlleva "un daño irreparable a la Nación y al pueblo argentino en general" ya que la derogación de la Ley de Tierras "permite la venta indiscriminada y sin límite ni tope alguno, de parte y/o todo el territorio argentino a cualquier potencia extranjera, sociedad, fondos de inversión, mega millonarios extranjeros y/o fideicomisos constituidos en fraude a la ley".

Qué dice el nuevo planteo contra el DNU

Con la presentación pretenden que la Justicia declare inconstitucional la vigencia de la suspensión de la ley y que se dicte una medida cautelar que suspenda de manera inmediata la derogación. Eso mismo ocurrió a fines de enero, cuando el juez Ernesto Kreplak dictó una sentencia favorable a la pretensión de un centro de veteranos de Malvinas. Pero ayer el camarista Alberto Recondo decidió dejar sin efecto la cautelar bajo el argumento de que el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas, promotor del planteo contra el DNU, no estaba legitimado para hacerlo.

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En relación a esa cuestión, la nueva presentación sostiene que hay elementos que sostienen su legitimación, entre otras cosas porque "es claro que como ciudadano del territorio que puede ser enajenado estoy legitimado activamente para la promoción del presente recurso". 

Al meterse sobre el cuestionamiento a la derogación de la mencionada ley, el escrito al que accedió PERFIL sostiene que esa acción del Ejecutivo tendría como efecto negativo la puesta en mano de entes y personas extranjeras del control de los recursos naturales, su uso indiscriminado e irracional. Ello "pudiendo destruir o utilizar el suelo según su parecer, privando de dichos recursos y bienes que por ahora se presumen nacionales y por lo tanto de todos los ciudadanos y la población argentina".

Y van más a fondo: en el planteo afirmaron que el artículo en cuestión del DNU "no solo priva a los argentinos de su territorio" sino que también permite "la desintegración del mismo y la desaparición del Estado Nación", al tiempo que "pone potencialmente en peligro la salud y la integridad física de la población".
 
Más adelante, la presentación toma como ejemplo el caso Lago Escondido y el conflicto por el impedimento de un acceso público. Para los peticionantes, "eso, entre muchas otras cosas, es la extranjerización de la tierra que se logra manteniendo la vigencia del art. 154 del DNU 70/2023". 

"Las argentinas y argentinos ya tenemos un derecho a que nuestra tierra no se extranjerice más de un 15%. Ese derecho no puede retrogradar", plantearon. 

¿Puede prosperar la nueva queja?

Como se mencionó, este nuevo planteo judicial en contra de la derogación de la ley que aparece escrita en el DNU de desregulación económica entró a la Justicia en el mismo día en que, en La Plata, el juez Recondo decidió dejar sin efecto la cautelar dispuesta por Kreplak en la primera instancia, durante la feria judicial. La duda que surge es si ese podría ser un precedente de peso para la Justicia a la hora de resolver la acción. 

Ante ese escenario, el abogado patrocinante Valmaggia le respondió a PERFIL que la decisión del camarista no debería ser tomada como precedente. Defendió la legitimación de Fipca y añadió: "Queda palmariamente demostrado el daño y perjuicio concreto a los intereses de la Nación y Estado argentino, dañando soberanía de la tierra y de los recursos naturales que se hallan en el mismo a manos de extranjeros". 

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Como se mencionó, la Ley de Tierras limitaba las tenencias en manos extranjeras al 15% del territorio nacional, provincial y departamental. .

El DNU de Milei saca esa limitación y le abre la puerta a que puedan comprar libremente las tierras. Pero si se esperaba un aluvión de compras de campos a partir de esa liberación, eso todavía no ocurrió. Fuentes del sector inmobiliario rural señalaron a PERFIL que hasta el momento no hubo ninguna transacción y que los potenciales inversores miran con atención la gestión del país a la espera no tanto de lo que ocurra con la Ley de Tierras sino de que se levante el cepo cambiario y las limitaciones para girar dividendos al exterior.

AS/fl