Se suele decir que en la guerra la primera víctima es la verdad. Cada parte del conflicto trae su propio relato de justificación, su épica prefabricada. Aunque no estemos ante una guerra en Venezuela, la lógica de la mentira como medio de justificación mantiene su plena vigencia. Maquiavelo ya advertía en "El Príncipe" que al gobernante no se lo juzga por la verdad de sus actos, sino por sus resultados, y que la apariencia de virtud suele ser más útil que la virtud misma.
Se dijo que existía un poderoso Cártel de los Soles, del que Nicolás Maduro era el líder, cuando nunca pudo probarse como organización real y ahora el propio Departamento de Estado norteamericano descartó. Se afirmó que la intervención buscaba desmantelar una mega red de narcotráfico, aunque hoy nadie es juzgado por drogas.
Se presentó el operativo de secuestro de Maduro como una proeza militar, cuando en realidad todo indica que hubo negociaciones y un pacto previo con mandos venezolanos para que no dispararan sus armas antiaéreas rusas, y la mitad de las fuerzas de seguridad armadas estaban de licencia por fin de año. Se construyó a María Corina Machado como heroína, pero hoy es un estorbo, y Donald Trump elogia a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, como garante de orden.
¿Pero Venezuela no era un Estado narco? Se invocó el derecho internacional solo hasta que dejó de ser útil. Se afirmó que el chavismo había robado a Washington el petróleo, cuando la enorme mayoría de las nacionalizaciones del petróleo en Venezuela fueron hace 50 años, al mismo tiempo que las de Arabia Saudita, del príncipe amigo de Trump, aunque ese delito jamás aparece en la acusación. Y se prometió que todo era por la democracia, cuando el único argumento que sobrevive es el control político y económico del territorio, y del petróleo en particular.
Martín Paleo, teniente general retirado y exjefe del Estado Mayor, resumía así la importancia que tiene, hoy por hoy, el manejo de la información y el control del relato: “La información, es decir, antes, durante y después de la operación militar, el control del relato se volvió tan importante como el control del terreno mismo: operaciones psicológicas, campañas en redes sociales, filtraciones selectivas y construcción de legitimidad. Forman parte integral del conflicto. La guerra ya no empieza con el primer disparo, sino a través del primer mensaje viral”.
El Cártel de los Soles, que nunca fue un cártel, sino una expresión periodística transformada en monstruo judicial. Un nombre que empezó como metáfora y terminó convertido en estructura criminal sin miembros, sin organigramas y sin pruebas. La necesidad política lo volvió real en los papeles antes de que lo fuera en el mundo.
Durante años se repitió que Maduro dirigía una de las mayores organizaciones de narcotráfico del planeta, pero cuando el expediente llegó a la hora de la verdad, el propio Departamento de Justicia lo borró de la acusación. La fábula fue útil mientras sirvió; cuando dejó de servir, se la tiró por la borda.
Lo mismo hace el chavismo. Delcy Rodriguez jura en nombre de Maduro, pero desmoviliza las protestas populares contra el ataque de Estados Unidos. No informa la cantidad e identidad de las víctimas ni muestra en detalle cómo quedaron las instalaciones atacadas, desdramatizando lo sucedido y negociación con Washington. Dice una cosa, hace otra.
Para el pensador alemán Max Weber, la ética de la responsabilidad implica que quien ejerce el poder no puede limitarse a actuar según sus convicciones morales, sino que debe hacerse cargo de las consecuencias reales de sus decisiones. Gobernar no es predicar valores, sino asumir que cada acto político produce efectos concretos sobre vidas humanas, instituciones y equilibrios sociales, incluso cuando esos efectos contradicen las intenciones originales.
Weber contrapone esta ética a la ética de las convicciones, que juzga la acción solo por la pureza de los principios que la inspiran. Para él, ese enfoque es peligroso en política porque permite a los líderes desentenderse de los daños causados en nombre de ideales supuestamente superiores. El político responsable no puede refugiarse en el “yo quise el bien”, sino que debe responder por lo que efectivamente ocurre a partir de sus decisiones. La ética de la responsabilidad no absuelve, sino que obliga a cargar con el peso moral de lo que se hace.
Henry Kissinger fue secretario de Estado de Estados Unidos y uno de los principales teóricos y ejecutores de la realpolitik en el siglo XX. Sostenía que los Estados actúan por intereses y no por valores, y que el equilibrio de poder es la base del orden internacional, aun si eso implicaba apoyar dictaduras o guerras encubiertas.
Su enfoque terminó legitimando una política exterior donde la democracia era secundaria y la fuerza, central. Creía que los estadistas debían administrar el caos y aceptar costos humanos para sostener el sistema, dejando un legado que todavía hoy marca el accionar de líderes como Trump.
Entre la ética de la responsabilidad de Weber y la realpolitik de Kissinger hay un eslabón fundador: Maquiavelo, quien rompió definitivamente la ilusión de que la política debía obedecer a la moral y se centró en las mecánicas que permiten permanecer y dominar el poder.
Trump y su equipo han justificado la operación y la captura de Maduro mediante un relato conveniente a avanzar por encima del derecho internacional, violando la soberanía de un país. Un acto que fue condenado ampliamente por los países que integran las Naciones Unidas.
El término “Cártel de los Soles” no nació como el nombre de una organización criminal estructurada, sino como una etiqueta periodística en Venezuela a principios de los años 1990. El origen se remonta a los años noventa, cuando la prensa venezolana llamó “los Soles” a prácticas de corrupción dentro de la Guardia Nacional, por los emblemas dorados de los uniformes.
Con el tiempo, el uso del término se amplió en medios y discursos políticos para englobar distintas acusaciones de corrupción y tráfico de drogas en sectores del Estado y la Fuerza Armada, aunque no existía evidencia de una estructura jerárquica o una red operativa como la de cárteles conocidos de México o Colombia.
En 2020, la administración de Trump llevó ese término al ámbito judicial y geopolítico al acusar a Maduro y a otros altos funcionarios de liderar el supuesto Cártel de los Soles como una entidad de narcotráfico, integrándolo en un proceso de acusación por narco-terrorismo.
La narrativa sirvió durante años para justificar la ofensiva política, judicial y militar contra Venezuela. Ahora, la fiscalía estadounidense limita su planteo a imputar a Maduro por encabezar un sistema clientelar alimentado por dinero del narcotráfico, sin mencionar ya la supuesta red criminal que había sido el eje del relato.
Esto no quiere decir que el Gobierno de Maduro no haya cometido crímenes, se beneficie o participe de alguna manera, siendo cómplice, de acciones relacionadas al narcotráfico. Pero una cosa muy distinta es que sea un “cártel” en el sentido convencional del término, con estructura, mando único y operativa propia.
Nuestro propio presidente, Javier Milei, incorporó formalmente al “Cártel de los Soles” en la lista de organizaciones terroristas del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia. Esta medida fue anunciada el 26 de agosto de 2025 y se fundamentó en informes que atribuyen al grupo, vinculado por algunas fuentes internacionales a altos mandos del régimen venezolano, diversas actividades ilícitas transnacionales, como narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales. Y mantiene aún este registro, cuando, en los hechos, el Departamento de Estado dejó de lado esa acusación.
Milei reiteró esta posición en una entrevista en el canal de streaming Neura este martes. “Es una estupidez cuando hablan de que (Estados Unidos) se quiere apropiar del petróleo, porque lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones", dijo el mandatario, y aseguró que el control estadounidense del petróleo venezolano "implica cortar la utilización de la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico". "Venezuela es un narcoestado terrorista”, remarcó.
Javier Milei sobre Nicolás Maduro: "Los únicos que lo aman son los zurdos con OSDE"
Pero si la “captura” de Maduro se justificaba por liderar un cártel narco, y ahora la acusación se cae, ¿cuál es la justificación para la violación del derecho internacional? Lo que queda es la realpolitik pura y dura. El pragmatismo de Trump en su máxima expresión.
Otra contradicción se abre respecto a la continuidad del madurismo en el poder. Porque si el gobierno era un cártel, cómo se explica que Trump confíe en Rodríguez para asegurar la transición.
Recientemente, el presidente estadounidense afirmó que Rodríguez está ordenando el cierre de un centro de torturas en pleno Caracas, al que describió como una “cámara de tortura” donde se retenía y maltrataba a presos políticos, en alusión implícita al Helicoide, perteneciente a los servicios secretos venezolanos.
Pero vayamos ahora a la cuestión del petróleo. Hace algunas horas se confirmó que once buques fletados por Chevron navegan hacia los puertos venezolanos de José y Bajo Grande, marcando el mayor nivel de actividad petrolera desde octubre y consolidando a la compañía estadounidense como el único exportador autorizado de crudo.
La petrolera opera bajo una licencia especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le permite producir y exportar pese a las sanciones, y confirmó que mantiene sus operaciones en cumplimiento de las leyes vigentes. Trump había adelantado que Estados Unidos se iba a quedar con el petróleo venezolano, sin eufemismos. Declaró que Estados Unidos “controlará” Venezuela hasta lograr una “transición segura” y advirtió sobre nuevos ataques si el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez no coopera, reforzando una estrategia de presión política y control energético.
Pero esto se justifica en otra narrativa. Trump afirmó que “Venezuela ha robado el petróleo norteamericano” por nacionalizar las empresas petroleras. El presidente norteamericano dijo: “Venezuela se apoderó y robó unilateralmente petróleo, activos y plataformas estadounidenses, lo que nos costó millones de dólares”. Y afirmó que eso “constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de Estados Unidos”.
Pero la realidad es muy distinta. La afirmación de que Venezuela “robó” petróleo a Estados Unidos carece de base legal en el derecho internacional: los recursos dentro del territorio de un Estado soberano le pertenecen por ley, y la expropiación de bienes extranjeros usualmente se resuelve mediante arbitraje y compensación, no con reclamos de propiedad absoluta. La disputa histórica con compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips ha pasado por mecanismos de arbitraje internacional, donde Venezuela enfrentó juicios y sentencias por expropiaciones bajo el chavismo, aunque no existe un título de propiedad estadounidense sobre los campos petroleros venezolanos.
Las petroleras estadounidenses dominaron casi por completo la industria venezolana hasta la nacionalización de 1976, cuando el Estado creó la empresa estatal que luego se llamó PDVSA y mantuvo mayoría accionaria en todos los proyectos. Las empresas afectadas recibieron compensaciones. Esto fue antes del gobierno de Hugo Chávez.
Durante el chavismo se revirtieron acuerdos y en 2007 Hugo Chávez tomó por decreto el control de activos de firmas como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, seguido en 2009 por la expropiación de unas 60 compañías de servicios petroleros. Las disputas derivaron en juicios internacionales con fallos adversos para Venezuela. El CIADI ordenó al país pagar US$ 8.700 millones a ConocoPhillips por confiscaciones ilegales y cerca de US$ 1.600 millones a ExxonMobil, cifra luego reducida a unos US$ 985 millones, mientras que en 2025 un juez federal en Washington volvió a fallar a favor de Exxon. PDVSA pagó solo una parte y suspendió los desembolsos desde 2019, por lo que las deudas siguen abiertas y alimentan el discurso de Trump de que Estados Unidos debe “recuperar” lo que considera activos arrebatados por el chavismo.
Este martes mantuve en este mismo programa un fuerte contrapunto con Armando Armas sobre este punto, un ex diputado venezolano exiliado por el régimen de Maduro. El eje más sensible de la polémica fue la idea de que Estados Unidos pueda “cobrarse” la intervención quedándose, de hecho o de derecho, con el petróleo venezolano. En un momento, Armas dijo literalmente que “la liberación de Venezuela tiene un costo”. Cuando se eliminan los eufemismos queda la realpolitik.
Por supuesto que entendemos el dolor que tienen miles de venezolanos que tuvieron que dejar sus tierras, o que fueron perseguidos por el régimen de Maduro. Entendemos que mucha gente en las manifestaciones tengan respuestas similares. Seguramente lo que expresó Armas sin tapujos lo comparten muchos de los que se movilizaron festejando por la intervención de Trump y vean la entrega del petróleo a EE. UU. como un “mal menor”, o un costo que vale la pena pagar.
Pero esto no quita que en este punto se revele en todo su esplendor la hipocresía del gobierno de Trump. Que el interés económico de la primer potencia sea impuesto por la fuerza en todo el mundo, y que los argumentos sean solamente justificaciones, monedas de cambio para imponer esos intereses. Es el fin del derecho internacional como lo conocemos, para volver a la ley del más fuerte.
Allí quedó claro que no se trata de discutir la legitimidad de las estatizaciones de 1971, que fueron legales, indemnizadas y constituyen patrimonio soberano de Venezuela, sino de impedir que el vacío institucional posterior a la caída de Maduro habilite un nuevo reparto de recursos bajo presión geopolítica.
Por último, vamos a referirnos a la operación “quirúrjica” en la que fue extraído el presidente venezolano y trasladado a Nueva York. La llamada “Operación Determinación Absoluta” fue el punto culminante de meses de planificación secreta entre la CIA y las fuerzas armadas de Estados Unidos para capturar a Maduro.
Desde agosto, agentes de inteligencia reconstruyeron sus rutinas, movimientos y esquemas de seguridad, lo que permitió entrenar el asalto en una réplica exacta del complejo presidencial. En paralelo, el Ejército estadounidense reforzó su presencia en el Caribe con operaciones navales y ataques a embarcaciones ligadas al narcotráfico como cobertura para el despliegue militar.
La orden final se dio el viernes por la noche, tras esperar condiciones climáticas favorables. Más de 150 aeronaves despegaron desde unas veinte bases del hemisferio occidental, incluidos cazas F-35 y F-22, bombarderos, drones y plataformas de guerra electrónica. Los primeros bombardeos neutralizaron los sistemas de defensa aérea venezolanos y, cerca de las dos de la madrugada, helicópteros ingresaron a muy baja altura en Caracas, bajo fuego desde instalaciones militares.
Dentro del complejo presidencial, las fuerzas especiales avanzaron hasta el búnker donde se refugiaba Maduro. Según Trump, el mandatario intentó cerrar una habitación blindada sin éxito y finalmente se rindió junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron evacuados en helicóptero a un buque de guerra y luego trasladados a una base estadounidense; horas después Trump difundió una imagen de Maduro detenido y anunció que sería juzgado en Nueva York.
El saldo fue al menos 80 muertos entre militares y civiles, y unos 90 heridos atendidos en hospitales de Caracas. Lo extraño es que desde Washington aseguraron que no hubo bajas fatales propias. Los venezolanos no dispararon las armas antiaéreas rusas de las que disponían y, además, la mitad de las fuerzas armadas de la seguridad de Maduro estaban de licencia por las fiestas de fin de año.
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El analista Andrés Malamud sostuvo, en una reciente entrevista en Cadena 3, la hipótesis de que quizás haya habido un pacto con Maduro para su captura. Además, se refirió al reciente indulto del ex presidente Orlando Hernández de Honduras, quien fue indultado y estaba, también, acusado de narcotráfico. “Existe la hipótesis de que la captura haya sido pactada con Maduro”, sostuvo.
Como dice Malamud, no podemos afirmar que haya existido ese pacto porque no tenemos pruebas, pero es una hipótesis plausible. Y, dada la dinámica de los acontecimientos, es imprescindible cuestionar y formular las preguntas pertinentes para no caer víctima de las manipulaciones típicas de este tipo de operaciones.
Lo que se presentó como una cruzada moral contra un “Estado narco” terminó siendo una operación de poder sostenida por relatos que se fueron cayendo o directamente descartando ante el pragmatismo de Trump. Lo que interesa a la administración estadounidense no es la búsqueda de justicia ni la reparación de los daños, sino la administración del botín y del territorio en “transición”.
Otro ejemplo es que inmediatamente después del éxito militar en el ataque a Venezuela, en una entrevista con la CNN, Stephen Miller, vicejefe de gabinete de Trump, afirmó que la “posición formal de Washington es que Groenlandia debe formar parte de Estados Unidos” y que nadie se atreverá a enfrentar el poderío militar norteamericano. Agregó: “¿Qué derecho tiene Dinamarca a afirmar su control sobre Groenlandia? ¿Cuál es la base de su reclamo territorial? ¿En qué se basan para tener a Groenlandia como colonia de Dinamarca?”.
A Dinamarca no se la puede acusar de que su gobierno sea parte de una organización narcocriminal. El argumento sería que le robaron el territorio a los pueblos originarios y que Groenlandia es parte del continente americano. Tampoco que se trate de una cuestión ideológica del combate al socialismo o comunismo que oprime a esos pueblos y se lucha por imponer la democracia.
Se dice que los periodistas escribimos el primer borrador de la historia. Sin duda, lo que estamos presenciando son hechos que serán estudiados en el futuro, en Venezuela y Latinoamérica, y que influirán en el rumbo de nuestra región.
Tal vez, dentro de algunos años, cuando se desclasifiquen los documentos y se enfríen las pasiones, sepamos cuántas de estas verdades fueron apenas excusas para la ocasión. Por ahora, a Venezuela le queda atravesar una transición nacida de la fuerza y no del derecho, que esperemos no termine pareciéndose demasiado a otra forma de sometimiento.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
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