Meta, la red social X y Tik Tok, unidas para frenar las restricciones a sus redes sociales
Aunque eternos rivales y competidores, Elon Musk, Marck Zuckerberg y Shou Zi Chew, esta vez se aliaron para demandar ante las limitaciones estatales al uso de sus redes por parte de niños.
Meta, la red social X y Tik Tok, unidas para frenar las restricciones a sus redes sociales |
CEDOC
Si no puedes contra ellos, ¡úneteles! En este caso los rivales se unen dejando de lado su enfrentamiento de años, por un interés común: entablar formal reclamo ante las primeras normas que regulan la intervención de menores en el uso de las plataformas.
Los fundadores y ejecutivos de las principales plataformas tecnológicas, Elon Musk, dueño de la red social X, antes Twitter, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, empresa matriz de WhatsApp, Instagram y Facebook y Shou Zi Chew, dueño de la app de videos cortos TikTok, se unieron para demandar ante la justicia al estado de Utah. En concreto, los máximos líderes en tecnología conformaron una agrupación denominada “NetChoice” para accionar contra el estado por las restricciones impuestas respecto al uso de sus redes sociales por parte de menores.
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Lo cierto es que los líderes globales de estas plataformas, con enfrentamientos que incluso llevaron a plantear un escenario de pelea cuerpo a cuerpo entre Musk y Zuckerberg, en el octogonal del UFC, lograron una tregua momentánea implícita y, con la bandera blanca mediante, se unieron para interponer una demanda conjunta contra Utah. Fue precisamente denunciando las primeras leyes que regulan en aquel el país y establecen como exigencia que tanto los niños como adolescentes obtengan el consentimiento de los padres para ser usuarios de aplicaciones de redes sociales.
Legislación pionera
Son las primeras leyes que reglamentan en el país sobre el uso de aplicaciones por parte de menores. Precisamente, el gobernador republicano Spencer Cox firmó en marzo de este año, dos leyes que prohibirán a los menores el uso de las redes sociales entre las 10:30 p.m. y las 6:30 am. Ello, se aplicará de tal modo, con la única excepción de que el menor tenga la autorización de al menos uno de sus padres. Asimismo, esta normativa estableció como requisito la verificación de la edad, tanto para la apertura como para mantener activo el perfil de usuario en una cuenta de redes sociales dentro del estado.
Estas normas restrictivas que entrarán en vigencia el 1 de marzo de 2024, hacen foco principalmente en brindar protección a los menores de edad frente a la proliferación de anuncios dirigidos y contenido con capacidad de generar comportamientos adictivos. Principalmente buscan minimizar el riesgo de impacto negativo a la salud mental de los niños, prohibiendo a las empresas el uso de cualquier diseño o característica de las redes sociales que pueda despertar la compulsión adictiva de los menores en el uso de las plataformas.
De este modo, las plataformas de redes sociales X, Meta y TikTok, nucleadas en el grupo NetChoice que las representa, argumentaron en su demanda federal colectiva un planteo de inconstitucionalidad contra el Estado. Admiten que las regulaciones de Utah tienen base en buenas intenciones. No obstante, se presentan violatorias a los derechos constitucionales: en la demanda alegan que dichas leyes restringen el acceso al contenido público, comprometiendo a su vez, la seguridad de los datos y socavando los derechos de los padres.
En ese sentido, Chris Marchese, director del Centro de Litigios NetChoice, señaló: "Estamos luchando para garantizar que todos los habitantes de Utah puedan adoptar herramientas digitales sin el control contundente del gobierno".
La demanda también pone de resalto que las leyes estatales de Utah impondrá multas elevadas a las plataformas de redes sociales que no cumplan con la norma de verificación de edad. Según remarcó NetChoice, esto podría generar la peligrosa situación que implicaría el hecho cierto de que las compañías recopilen información personal y datos sensible de los usuarios, lo además pondría en riesgo su seguridad en línea.
Por otra parte, los accionantes también cuestionan la limitación horaria de acceso a las redes sociales impuesta por el estado. El argumento de la demanda gira básicamente en torno a la afectación negativa que podría provocar en los menores al aislarlos de las noticias, las herramientas de estudio, así como también la interacción y comunicación fluida con sus pares. NetChoice ha pedido a un juez que detenga la entrada en vigencia y aplicación de las normas.
En ese marco,Netchoice al interponer la demanda federal solicitó que con carácter de urgente la Justicia ponga freno a la entrada en vigencia de las leyes que ataca por tacharlas de inconstitucionales. Ello mientras el caso avanza en el sistema legal.
Por su parte, a principios de año Cox argumentó: "No voy a dar marcha atrás ante un posible desafío legal cuando estas empresas están matando a nuestros hijos". En igual orden de ideas, agregó que estaba consciente respecto de que habría demandas para impugnar ambos proyectos de ley. Sin embargo, fue contundente al expresar que no era motivo de preocupación, ya que cada vez son más las investigaciones que evidencian cómo el uso de las redes sociales puede causar impacto negativo en la salud mental de los niños.
No debe dejar de señalarse que las plataformas de redes sociales tienen de su lado el precedente con fallo favorable. De hecho, en el marco de otra demanda presentada por NetChoice, un juez federal resolvió a favor y ordenó que Arkansas temporalmente no pueda aplicar la nueva ley que requiere obligatoriamente el consentimiento de los padres para que un menor pueda abrir un perfil de cuenta en las redes sociales.
En sintonía con esta medida judicial, otras leyes restrictivas similares en Texas y Luisiana, también quedaron sin efectos y temporalmente sin entrada en vigencia, por orden judicial.
Por lo pronto, cualquier plataforma de redes sociales con una base de usuarios que alcance al menos los cinco millones de usuarios, quedará sujeta a las nuevas regulaciones sobre el tema. A su vez, las normas que tachadas de inconstitucionales trasladan la carga de la prueba hacia las compañías, exigiéndoles que demuestren que sus productos no son dañinos.
