La investigación por el femicidio de Agostina continúa generando repercusiones políticas y judiciales en Córdoba, mientras crecen los reclamos para esclarecer posibles responsabilidades institucionales y avanzar sobre eventuales redes delictivas vinculadas al caso. Cintia Frencia sostuvo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), que existió un entramado de protección política y judicial alrededor del principal sospechoso, exigió la expulsión del concejal Ricardo Moreno y cuestionó al Gobierno provincial y a la Justicia por lo que considera un encubrimiento y una falta de acción oportuna.
La docente, licenciada en Cine y dirigente política de Córdoba vinculada al Partido Obrero y al Frente de Izquierda, Cintia Frencia, es concejala de la ciudad de Córdoba y forma parte del Comité Regional del Partido Obrero de esa provincia. Antes de ser concejala, ocupó una banca rotativa en la Legislatura de Córdoba entre 2013 y 2014 como representante del Frente de Izquierda. Más tarde asumió en distintas oportunidades como concejala de la capital cordobesa en el marco del sistema de rotación de bancas de ese espacio político. Frencia tuvo una activa participación en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba y en distintas luchas vinculadas a la educación pública, los derechos de las mujeres y los reclamos laborales.
Como concejal allí en Córdoba impulsaste la expulsión del concejal que le dio trabajo, a quien está acusado de ser el autor del crimen de la adolescente Agostina Vega. Ahora, a partir de esto, hay toda una instancia que el propio bloque del PJ en el Concejo Deliberante hizo para apartarlo, pero sin expulsarlo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vos impulsaste o pediste y lo que finalmente ocurrió hasta ahora?
Lo que estamos haciendo es insistir en la expulsión. Lo que sucedió es que el concejal Ricardo Moreno no solamente fue quien le dio trabajo, sino que usó su tráfico de influencias para preservarlo dentro de la Municipalidad y para defenderlo frente a la Justicia. Fue su abogado defensor en la causa por intento de violación y privación ilegítima de la libertad que Barrelier tuvo en 2025, motivo por el cual estuvo preso solamente 25 días y salió bajo una fianza que le pagó Ricardo Moreno.
Acá hay una responsabilidad no solamente por incorporarlo a la Municipalidad de Córdoba como empleado, sino por preservarlo frente a la Justicia y frente al municipio.
Lo que sucedió fue que asumió el concejal titular de esa banca, que no era Ricardo Moreno, sino Raúl La Cava, quien estaba desempeñando funciones como secretario de Desarrollo Social. De esta manera, retiran a Moreno del recinto. Pero el problema es que sigue siendo concejal suplente y, frente a cualquier vacancia, vuelve a asumir.
Al no proceder la cuestión de privilegio que nosotros estábamos planteando, es decir, la expulsión, también se abortó la posibilidad de desarrollar una investigación. Se debe conformar una comisión investigadora en el cuerpo, donde se planteen las pruebas, los testimonios y se recabe toda la información necesaria para ir a fondo y determinar cuáles son las responsabilidades políticas y las vinculaciones detrás del caso. Y eso se abortó.
Entonces, hay de alguna forma un rescate del concejal Moreno, que queda en gateras para asumir en cualquier momento y bloquea la posibilidad de ver qué hay detrás, porque evidentemente tiene mucha influencia en la Justicia y en el poder político, pero no es el único: tiene un amparo y una banca detrás de él.
El hecho de que, por ejemplo, el fiscal Garzón, que ya acumula cuatro pedidos de jury de enjuiciamiento en estos últimos días, no solamente no haya sido apartado, sino que se le concentren las causas, porque ahora se va a hacer cargo de las tres causas que tiene abiertas Barrelier, da cuenta también de esto. Hay un operativo de encubrimiento.
Agostina Vega, víctima inocente de un submundo de consumos de drogas y sexo donde se movía Barrelier
Hoy, en la sesión del Concejo, insistimos en la expulsión, en la cuestión de privilegio y en el apartamiento.
¿Ese encubrimiento obedecería a qué? ¿A una complicidad, a un conocimiento de la actitud y la manera de actuar que tenía este hombre o simplemente a una cuestión de compañerismo y de pertenencia a ese espacio político? ¿Qué sospechan ustedes?
Habrá que desarrollar a fondo las investigaciones, pero el encubrimiento parte, en primer lugar, de un padrinazgo político. Cuando Ricardo Moreno lo hace ingresar al municipio, no lo hace porque sí. Barrelier forma parte de su organización política, 62 Organizaciones Peronistas, una organización barrial que sostiene la militancia territorial de todo el PJ en la ciudad y en la provincia, y que desarrolló la campaña municipal y la campaña provincial tanto para el actual intendente Daniel Passerini como para el actual gobernador Martín Llaryora.
Lo que están haciendo es cuidar a un hombre de ellos, a un militante de la fuerza política gobernante. Pero, además, evidentemente están encubriendo otro tipo de negocios cuyo alcance todavía no conocemos, porque las declaraciones de la joven —que fue secuestrada, privada ilegítimamente de la libertad e intentaron violar y abusar de ella— dan cuenta de que hay algo mucho más grande detrás.
Ella relata concretamente que, maniatada y bajo amenaza de arma, Barrelier le dijo: “Quedate quietita porque tiene que venir la gente que tiene plata para que te vea y nosotros tenemos que generar confianza”.
O sea, no se trata simplemente de un femicida.
Ahí estaríamos hablando ya de un paso siguiente: trata de personas, de mujeres, dentro de estos negocios ilegales. ¿Hay conocimiento? ¿Hay denuncias? ¿Surgieron en estas horas personas que hablen de desaparición, entre comillas, de chicas que quizás podrían haber sido parte de esta organización, si es que este es el camino que por ahora surge en la investigación?
Las denuncias que han surgido hasta ahora son tres: las dos que ya conocíamos, el caso de Agostina y el de la chica denunciante de mayo del año pasado. Además, apareció un tercer caso: una joven que, hace un par de años, siendo una niña de 12 años, también fue abusada y privada ilegítimamente de la libertad por parte de Barrelier. Estas tres causas son las que hoy tienen una denuncia formal ante la Justicia y son las que recaerían bajo la fiscalía de Raúl Garzón.
Ahí aparece una irregularidad: ¿cuáles son efectivamente las intenciones? Porque un fiscal que ya está cuestionado por su accionar frente al caso de Agostina, en lugar de que le retiren las causas, recibe además las otras dos. Y se trata de una fiscalía que no está especializada en violencia de género ni en trata de personas.
Quiero agregar un dato más. Esto ya se conocía, ya lo conocía el poder político y particularmente Ricardo Moreno, porque el relato de la víctima de 2025 es exactamente igual al que aparece en la causa actual, lo que permite inferir que estamos frente a un caso de trata de personas o de captación de chicas para la venta.
Ese caso lo defendió Moreno. Tenía toda la información de primera mano. Y no solamente logró que quedara libre, sino que tampoco informó a la Municipalidad para apartar a este sujeto.
Obviamente, hay implicancias políticas más grandes.
¿Habría algún vínculo también con el tráfico de drogas o la venta de estupefacientes? Porque se habló también de eso como posible forma de pago dentro de este tipo de manejos.
Es muy probable. Tiene que avanzar la investigación. Cada dato que aparece da a entender que se trata de una red delictiva mucho más amplia que el accionar individual de un femicida, que efectivamente es un femicida y debe ser condenado por femicidio.
Pero no se puede cortar la línea de investigación ahí, porque no se trata solamente de un femicida, sino de alguien que formaba parte de un engranaje de una red delictiva que actuaba con total impunidad en varios casos: por lo menos tres que están en la Justicia y tantos otros que seguramente van a aparecer, porque también son silenciados por la Justicia.
Así como a la mamá y a la familia de Agostina no les quisieron tomar la denuncia, muchos otros casos pueden haber pasado por la fiscalía sin que esas denuncias fueran tomadas o directamente fueron desestimadas.
Habría que pensar en abrir, con algún tipo de certeza y seguridad, la posibilidad de realizar denuncias, quizás anónimas, sobre hechos ocurridos en un tiempo cercano y con características similares.
Eso lo debería plantear la fiscalía. Pero no lo va a hacer Garzón.
Garzón tiene que irse del caso. Está claro.
¿Y cómo está pegando en la provincia, en la opinión pública? Porque la movilización fue importante la de ayer, pero también durante toda la semana previa. ¿Cómo impacta esto en el común de la gente? Porque seguramente todo esto que estamos hablando, que en el fondo tiene que ver con la política, queda atravesado por este caso. ¿De qué manera está repercutiendo, a tu criterio, lo que está sucediendo dentro de lo que finalmente es el electorado?
Córdoba está profundamente movilizada. La movilización de ayer dio cuenta de eso. Calculamos que hubo más de 100.000 personas. Fue una de las movilizaciones más grandes de los 3 de junio, aunque hace 11 años que movilizamos y organizamos también con la Asamblea Ni Una Menos.
Esta movilización denunció la responsabilidad del Estado y de la Justicia frente a este accionar. La marcha de ayer, su masividad y, además, que haya sido encabezada por la familia de Agostina junto a las familias de muchas otras víctimas que se hicieron presentes, que fueron a abrazar el caso de Agostina y a llevar sus propios casos, da cuenta de que la sociedad de Córdoba no está dispuesta a dejar pasar esto.
Durante toda la movilización se sostuvo que es necesario llevar la investigación a fondo para establecer las responsabilidades políticas e institucionales del caso. Se reclamó a viva voz la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. También se reclamó el apartamiento del fiscal Raúl Garzón de la causa y que se investigue a fondo para desmantelar todo un entramado de impunidad.
Eso está muy fuerte en la familia y en el conjunto de la sociedad que se movilizó ayer.
También quiero destacar algo porque la abuela de Agostina, Elizabeth, hacía un pedido y una reflexión que me parece importante socializar. Ella decía: "Están haciendo una carnicería con Melisa, la mamá de Agostina. Están haciendo una carnicería con mi hija, a quien están señalando como cómplice y responsable del femicidio. Por favor, dejen de hacer esto".
Yo hago mías las palabras de Elizabeth porque lo que se está haciendo con Melisa no solamente es una revictimización, sino también una maniobra para desviar las responsabilidades del caso, cortar la línea de investigación y encubrir a quienes sacaron en libertad a este femicida.
Porque no nos olvidemos de que el femicida es Barrelier y que quienes lo dejaron libre fueron Moreno y el fiscal Iván Rodríguez. Esos son los responsables. Nada tiene que ver una mamá que acaba de perder a su hija y que todavía está internada. Pero esa es una línea política.
Me parece que va a ser importante también conocer la posición de Melisa cuando pueda hablar o dar su versión sobre el tema. No para buscar un costado de supuesta complicidad, sino para conocer un poco más de ese vínculo que tenían y quizás algunos detalles de lo que sabía en torno a lo que se manejaba en ese ámbito tiempo atrás. Va a ser importante conocer su posición.
Totalmente. Esperamos, en principio, que se recupere. Y vamos a abrazar y acompañar a la familia, que en este momento está velando los restos de Agostina. Se los entregaron ayer, en el mismo horario de la movilización, y aun así se hicieron un espacio para participar, entendiendo que ahí está el camino y la fuerza para que este caso avance y para que esta causa se investigue a fondo.
La instancia para pedir lo que están reclamando desde la movilización de ayer y lo que ocurrió durante la semana anterior está focalizada primero en el fiscal, en el responsable de la seguridad de la provincia y en el concejal que lo tenía contratado, que quizás también puede tener alguna información para aportar políticamente. ¿Qué dice el gobernador? ¿Qué dice el intendente? ¿Qué dice la estructura del peronismo de la provincia que, con sus matices, le estaría dando cobijo al supuesto responsable?
El gobernador guardó silencio durante todo el proceso de investigación y recién dos días después de encontrado el cuerpo destrozado de Agostina, en un acto de inauguración de una dependencia, se refirió al caso.
Dijo muchas cosas, pero hubo algo que me pareció de una impostura y un cinismo tremendos. Afirmó que el Gobierno hizo todo lo que estaba a su alcance para encontrar a Agostina y que dispuso de todos los recursos.
Eso es una mentira a todas luces, porque desde el domingo hasta el martes la investigación recayó pura y exclusivamente en la familia. No tomaron la denuncia, no activaron los protocolos provinciales frente a desapariciones ni el Alerta Sofía. Cuando el domingo la familia ya había llevado todas las pruebas y todos los indicios que apuntaban contra Barrelier —porque tenían el audio de Agostina y el testimonio del remisero— no lo allanaron hasta el martes. Incluso la cámara de seguridad donde vemos a Agostina ingresando a la casa de Barrelier la consiguieron de manera independiente porque los domos de seguridad de la provincia no funcionan. Millones de pesos destinados a domos de seguridad que no andan. No se puede usar una sola cámara.
Entonces, me parece una impostura, un cinismo terrible y un grado de violencia muy fuerte hacia la familia, que sufrió en carne propia la desprotección del Estado.
Y el ministro de Seguridad va en la misma línea. Apareció el domingo, una semana después de la desaparición de Agostina, para montar un show con drones. Un show con drones cuando durante una semana no tomaron ninguna de las pruebas, ninguno de los indicios ni ninguno de los reclamos que venía presentando la familia, que eran clarísimos y contundentes.
Creo que se trata de un acto de encubrimiento de sus responsabilidades políticas. Y creo también que la sociedad lo entiende así. Por eso ayer se reclamaba la renuncia de Quinteros.
Un tipo que está festejando el operativo de seguridad del partido Belgrano-River mientras hay una familia desesperada pidiendo por la búsqueda de su hija. Es un ministro de Seguridad que se tiene que ir.
Más allá del paso del tiempo y de las circunstancias, incluso desde lo político, ¿vos apreciás que esto tenga algún vínculo histórico con lo que ocurrió con María Soledad en Catamarca hace ya varios años? Una situación que mostró lo que ocurría con el poder político y algunos sectores oscuros de la sociedad. ¿O sería una cuestión de inoperancia y un hecho aislado?
No. Es muy parecido. El caso es muy parecido porque detrás de esto no hay inoperancia, hay un accionar deliberado. Si no se activan los protocolos, si bien existe una práctica general de no hacerlo, en este caso fue deliberada la decisión de no activar los protocolos de búsqueda ni emitir el Alerta Sofía, porque las pruebas y los indicios eran muy elocuentes.
Cuando empezamos a ver quién era Barrelier, con quién se relacionaba, quién lo defendía, cuál era su actividad política y cuáles son las relaciones e implicancias que puede haber detrás del femicidio de Agostina, donde pueden estar vinculadas redes de trata, de narcotráfico y del crimen organizado, nos damos cuenta de que evidentemente tiene un amparo desde el propio poder político y desde el propio poder judicial.
Los casos son muy parecidos y nosotros estamos dispuestos, con la movilización que se dio ayer, a llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias.
¿Pidieron la renuncia del gobernador? Porque por ahora el gobernador no aparece tan involucrado.
No. Hay un cuestionamiento político, por supuesto. A esta altura, cuando se empiezan a develar las responsabilidades del caso, seguramente también corresponda evaluar la responsabilidad del gobernador, porque es la cabeza de todo este aparato que está podrido por todos lados.
Los responsables directos, en principio, se tienen que ir ya y debe abrirse un proceso de investigación. No hay ninguna posibilidad de que exista una investigación independiente llevada adelante por Quinteros y por el fiscal Raúl Garzón, que fueron los implicados en garantizar el encubrimiento previo.
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No hay forma. Es una maniobra grosera que se concentren las tres causas que pesan contra Barrelier en el mismo fiscal que hoy tiene cuatro pedidos de jury de enjuiciamiento por su accionar en el caso de Agostina.
Eso es improcedente. Si eso se sostiene, también tendrá que dar explicaciones el gobernador de la provincia, que es quien designa al fiscal general y quien determina que se proceda de esta forma, concentrando las causas en Garzón.
MV/ff
