Como consecuencia del Covid-19 no sólo ha aumentado el número de personas que deben recibir atención médica sino que también, como sabemos, la pandemia ha tenido un fuerte impacto en las condiciones de vida de las personas fruto de la reducción en la actividad económica. Esto ha generando que en el caso de aquellos que deben afrontar el pago de un alquiler teman no poder hacer frente a sus obligaciones y quedar literalmente en la calle. Sin embargo, existe un Decreto presidencial que impediría que ello suceda al prorrogar los contratos, suspender los desalojos, congelar los alquileres y bancarizar los pagos.
A pesar de ello, sabemos que el Estado muchas veces es efectivo en consagrar derechos pero presenta problemas cuando se trata de gestionar los mecanismos para garantizarlos. Muestra de ellos es que, a pesar de la existencia de este Decreto, durante la cuarentena las consultas de inquilinos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad crecieron de manera exponencial para disipar dudas sobre qué hacer ante las amenazas de finalizar el contrato por parte de los propietarios. De hecho, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio la gran mayoría de los casos atendidos por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires fueron de inquilinos que acudieron para consultar por sus derechos en el marco de la pandemia.
Sin la oposición, el Senado aprobó la nueva leyes de Alquileres y Educación a Distancia
Considerando que el alquiler se ha vuelto un medio cada vez más frecuente de acceder a la vivienda frente a la incapacidad de acceso al crédito y a soluciones habitacionales definitivas, representando la forma de acceso del 35% de la población de la Ciudad de Buenos Aires, el conflicto de la incapacidad de pago de los alquileres toma cada vez mayor dimensión. Esto se agrava por la situación actual y porque las consecuencias del aislamiento social obligatorio le impiden a muchas personas obtener una fuente de ingreso que les permita cumplir con sus obligaciones. Es por ello que es indispensable garantizar la prohibición de expulsar a cualquier ciudadano de su hogar, incluyendo a quienes viven en pensiones, conventillos o en alguno de los muchos barrios populares de la Ciudad.
El Decreto 320/20 es claro. Dispone la suspensión de los desalojos por incumplimiento de pago del contrato de alquiler hasta el 30 de septiembre, y esto alcanza inclusive a los que ya habían sido ordenados con anterioridad y no se efectivizaron. A su vez, ningún inquilino está obligado a abandonar la vivienda aún cuando el vencimiento de su contrato haya sucedido entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre de este año.
Sin embargo, la situación no deja de ser difícil. Según un informe de la asociación Inquilinos Agrupados, en el mes de abril de 2020, el 40% de la población inquilina de la Ciudad de Buenos Aires no ha abonado el mes de alquiler, y en el mes de junio, el 49% de los inquilinos de todo el país ha tenido problemas para pagar. Es por ello que la medida nacional congela el problema hasta fines de septiembre. Sin dudas, además de prever mecanismos de cumplimiento del Decreto que prohíbe los desalojos, en septiembre habrá que establecer alguna medida que permita salir de esta situación y generar políticas públicas que ayuden a facilitar el acceso a una vivienda digna de manera definitiva.
Mientras tanto, no importa si es por la finalización del contrato. Tampoco, si es porque la rescisión se plantea por problemas económicos, comisiones o aumentos desmedidos, la realidad es que no es posible admitir ningún tipo de desalojo en la Ciudad mientras dure la emergencia sanitaria y para ello la Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Atención a Inquilinos brinda asesoramiento legal a todos los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y ha implementado protocolos de intervención para evitar que ellos suceda.
La vivienda es un derecho, al igual que la salud, el trabajo y la educación. En este sentido, hoy más que nunca la efectiva satisfacción del derecho a una vivienda se hace necesario como resguardo de otros derechos, fundamentalmente del derecho a la salud.
Las regulaciones del mercado de alquiler para que no aumenten las personas en situación de calle ni las presiones sobre los inquilinos es indispensable. Este es un tema que se ha debatido hartamente y ha tenido como producto la recientemente aprobada Ley Nacional de Alquileres. La misma introduce algunas modificaciones que se orientan hacia esta dirección, aunque todavía falta mucho camino por recorrer para pensar en el pleno acceso a una vivienda adecuada para todas las personas que habitan en el país, sin duda hay que trabajar para garantizar los derechos consagrados por ley, porque después de todo el acceso a la vivienda es un derecho consagrado.
* Defensora Adjunta del Pueblo de CABA.
