Leonardo Cositorto terminó donde corresponde: detenido, procesado y enfrentando condenas por estafa. Un caso pedagógico: prometió ganancias imposibles, armó una estructura, engañó a miles, huyó… y lo pescaron. El sistema, con demoras, funcionó. Pero mientras el estafador “clásico” termina preso, en la política argentina el recorrido parece inverso: cuanto más grande el escándalo, menor la consecuencia. Y eso ya no es percepción: es la suma de casos que vemos a diario.
El jefe de gabinete Manuel Adorni se convirtió en una pieza central del engranaje político. No es solo un portavoz: es el vocero de Karina Milei y del gobierno de Javier Milei; un paraguas indispensable. Después de semanas agitadas, con cuestionamientos sobre viajes, estilo de vida y propiedades, volvió a escena con la misma lógica de siempre: negar, relativizar y, si es posible, ironizar. No explica: se corre y administra el desgaste. Y cuando el desgaste pasa, el tema desaparece.
Milei necesita de Adorni. No solo como comunicador, sino como traductor político. Es uno de sus "muchachos". Pero en ese intento empieza a parecerse demasiado a lo que criticaba: una narrativa que complica lo simple, que explica en difícil lo que la gente vive en sencillo. Un lenguaje técnico, sobre liberalismo, keynesianismo, macroeconomía o incluso menciones a Milton Friedman, que termina enredado, casi académico, para justificar una crisis diaria que en la calle es brutalmente concreta.
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En La Matanza y en tantos otros rincones del país, la realidad no se teoriza se padece. Hay familias pagando alimentos con tarjetas, financiando la comida básica , convirtiendo la supervivencia en cuotas. Esa es la verdadera macroeconomía: la del carrito del supermercado… o la de los 250 gramos de carne que puede comprar un jubilado. Al mismo tiempo, la Justicia vuelve a enviar señales contradictorias. El fallo que benefició a Alberto Fernández en la causa de los seguros, con votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y la disidencia de Gustavo Hornos, no solo genera dudas jurídicas, sino que refuerza una sensación de “impunidad selectiva”.
No es un hecho aislado. Es parte de una secuencia donde el poder político, incluso después de haber sido procesado por negociaciones incompatibles, encuentra resquicios para salir a flote. El sistema, claramente, no es igual para todos. Cristina Fernández de Kirchner vuelve a cobrar su jubilación de privilegio; que causas de enorme impacto público avanzan con lentitud o se diluyen; que nombres como el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, siguen sin definiciones concretas; y que escándalos como el “caso Libra” parecen diseñados para perderse en el tiempo, sin imputados ni responsables, la comparación con Cositorto deja de ser exagerada y pasa a ser directamente tragicómica.
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Ni hablar de episodios recientes donde el gobierno de Milei tuvo que apagar rápidamente un foco de incendio con el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, despedido tras conocerse la existencia de siete departamentos no declarados y dos sociedades en Estados Unidos, resuelto con un escueto “me equivoqué”. El problema no es que un estafador termine preso. El problema es que el resto no.
En derecho penal hay algo básico: la asociación ilícita ya es delito por sí misma. Organizarse para delinquir es punible incluso antes de que el daño se concrete. Si además se ejecuta la estafa, el delito se duplica. No discutimos la norma, es básicamente su aplicación. El propio Gobierno empieza a depender de este mecanismo, en esa dependencia comienza a parecerse a aquella “casta” que criticaba.
Explicar en difícil lo que la gente vive en simple. Traducir la crisis en términos técnicos mientras en la calle se la mide en otra moneda. La política, finalmente, no se valida en la macroeconomía. Se valida en el bolsillo. Milei empieza a perder credibilidad. No porque la macro no importe, sino porque la percepción manda. La sociedad siente que le pidieron sacrificio… mientras ve que el poder sigue haciendo negocios.
“Nosotros la pasamos mal, ellos la pasan mejor”, se escucha en los focus Cuando la sociedad percibe que hay dos varas, una para el ciudadano común y otra para el poder, lo que se rompe no es solo la confianza: se rompe el incentivo a cumplir la ley. El castigo depende del tamaño del poder y no del tamaño del delito, la ley deja de ser un límite y pasa a ser una sugerencia. Y cuando la ley se vuelve una sugerencia, el sistema entero empieza a vaciarse por dentro.
