Luego de que Techint intentara despedir 1.450 trabajadores, el propio presidente Alberto Fernández salió a cuestionar el accionar de los grandes empresarios ante la crisis: “Los empresarios son miserables y tienen que ganar menos".
Se prohibieron las suspensiones y los despidos, pero se dejó abierta la posibilidad para que lleven adelante “acuerdos” con las direcciones sindicales. Así se terminó habilitando a que Techint termine efectivizando los despidos. Las reducciones salariales se van transformando en algo “común” en muchas empresas. Hay formalmente precios máximos, pero hay empresas que los burlan impunemente. Los grandes capitalistas de la salud privada presionan al gobierno y logran, rápidamente, abortar cualquier intento de obligarlos a poner sus clínicas al servicio de la pandemia. Los bancos ni siquiera respetan las tibias indicaciones del Banco Central de prestar a tasas más bajas. Y todos, sin excepción, hacen lobby para que se levante lo más rápido posible la cuarentena, están desesperados por que sus obreros y empleados vuelvan a trabajar aún a costa del riesgo sanitario que implica.
Coronavirus: aplanando la curva de contagios
El gobierno ha anunciado que cobrará un impuesto a las grandes fortunas. Máximo Kirchner y Hugo Yasky han dicho que motorizarán un proyecto en ese sentido en el Congreso, cobrando 1,5% de alícuota a dichas riquezas. El gobierno tiene que ponerlo en práctica ya mismo. Que no suceda como con el amague de controlar la salud privada: que lo concreten urgentemente. Porque la plata para enfrentar la crisis es más necesaria que nunca.
Está clarísimo a quién se lo debe aplicar. En nuestro país hay cincuenta supermillonarios que, juntos, acumulan una riqueza personal de 58.000 millones de dólares (Forbes, julio 2019). Las ganancias de los bancos son obscenas, ya en 2018 habían ganado 144.417 millones de pesos. Pero en 2019, con la economía argentina en caída libre, aumentaron a más del doble sus ganancias: 302.863 millones de pesos.
Techint, la mayor multinacional argentina, que el año pasado facturó en el mundo 18.500 millones de dólares, acaba de poner en práctica despidos masivos. Las petroleras vienen saqueando nuestro gas y petróleo y superexplotando a sus trabajadores flexibilizados en Vaca Muerta. Las megamineras no solo saquean, sino que destruyen nuestro ambiente. Las privatizadas siguen gozando de los tarifazos y los subsidios mientras continúan burlándose de los usuarios con servicios de pésima calidad. Los monopolios del agronegocio siguen privilegiados con la megadevalución de 2019 para sus exportaciones. Las grandes cadenas de hipermercados abusan de los precios. Las automotrices no esperan un segundo para suspender masivamente y reducir los salarios de sus trabajadores. Las empresas de medicina prepaga se niegan a perder un peso frente a la pandemia.
Alquileres y préstamos hipotecarios: el detalle de las medidas
Todos ellos son los que deben pagar la crisis. A ellos debe imponérseles ese impuesto especial a las ganancias y facturación de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, que hacen sus superganancias en nuestro país. Con el impuesto a las grandes fortunas personales y el dinero que se conseguiría por la suspensión del pago de la deuda externa se debería conformar un fondo económico de emergencia que atienda las necesidades sanitarias (compra de respiradores, instalación de nuevos hospitales, contratación de más trabajadores de la salud) y sociales (comida, dinero para los desocupados y aquellos que se quedaron sin ingresos por la pandemia, obra pública para generar trabajo). Porque la crisis no puede caer sobre el bolsillo del pueblo trabajador.
* Economista. Dirigente de Izquierda Socialista
