Hoy, 2 de abril, como todos los años, los argentinos y las argentinas rendimos homenaje a los compatriotas que combatieron valerosamente por la recuperación del ejercicio de nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Los recordamos y honramos con orgullo, tanto a quienes cayeron en el combate, como a quienes regresaron a sus hogares con las cicatrices indelebles de la guerra. Y abrazamos a todas sus familias.
Sin embargo, el mejor homenaje que se les puede brindar es comprometernos a continuar trabajando, en forma pacífica y con las herramientas que nos brinda el derecho y la diplomacia internacional, por los ideales por los cuales muchos de ellos ofrendaron sus vidas. Y también, para no quedar en palabras, este homenaje debe implicar el compromiso de colocar toda la capacidad del Estado para reconocer su situación y las secuelas que padecen y por lo tanto, atender sus necesidades y demandas.
Debemos decir que el reconocimiento y atención a los ex combatientes no tuvo la misma trascendencia para todos los gobiernos. El objetivo de “desmalvinizar” y olvidar el heroico papel que desempeñaron nuestros jóvenes comenzó apenas finalizó la guerra. No podemos dejar de recordar que cuando regresaron al continente y antes de volver a sus casas debieron firmar una nota donde asumían el compromiso de no contar los que habían vivido en el combate. Pero también desde la recuperación de la democracia hubo largos momentos durante los cuales los gobiernos prefirieron olvidar y no brindar el merecido reconocimiento popular a los combatientes. Uno de los últimos intentos de desvalorizar el homenaje a los caídos y los veteranos fue la decisión del anterior gobierno, a través del decreto 52/17, de resolver que el feriado del 2 de abril (también el del 24 de marzo) pudiera ser “trasladado” a otra fecha con fines turísticos. La enorme resistencia de la sociedad a esta medida obligó a que el gobierno tuviera que dar marcha atrás y no pudiera implementarla.
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Repasando los avances obtenidos en el reconocimiento a los ex combatientes hay que señalar que sobre finales del Gobierno de Raúl Alfonsín se comenzó a afrontar esta tarea a través de la primera pensión a quienes lucharon en las Islas. Este apoyo se complementó con la incorporación de servicios de salud en el Gobierno de Carlos Menem. Pero fue a partir del año 2003 que se dio el principal paso respecto de otorgar asistencia y acompañamiento desde el Estado tanto a los ex soldados conscriptos combatientes en Malvinas como a los civiles que participaron del Conflicto del Atlántico Sur.
Si bien ese repertorio de medidas implicó una mejora en la situación de los ex combatientes, es imperioso continuar profundizando esa línea de memoria, apoyo y contención de nuestros compatriotas, muchos de los cuales siguen sufriendo secuelas físicas y psicológicas.
Por eso, Alberto Fernández acaba de anunciar frente al Consejo de Malvinas que se impulsarán nuevos proyectos para continuar respaldando a quienes defendieron nuestro territorio. El primero, un proyecto de ley para establecer el “Régimen Previsional de Excepción, Especial y Optativo para el Otorgamiento de Beneficios Jubilatorios” destinado a los soldados conscriptos Ex Combatientes de las Fuerzas Armadas que hubieren participado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Otro de los proyectos procura valorizar el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, otorgándole carácter de Ley nacional para garantizar para siempre el derecho constitucional a la salud de los excombatientes y sus familias. Y por último, el Presidente envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para otorgar a los conscriptos y civiles convocados al conflicto de 1982, un beneficio de eximición del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales.
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Nada será suficiente para compensar los momentos vividos y padecidos en el conflicto. Pero debemos brindar a nuestros ex combatientes contención, comprensión y apoyo para paliar las duras secuelas que ha dejado la guerra.
Pero nuestra principal reivindicación hacia los ex combatientes es el firme compromiso de seguir trabajando permanentemente para cumplir con los ideales por los cuales ellos pelearon. Existen profundas raíces que permiten sentar las bases para la construcción de políticas de Estado respecto de la Causa Malvinas. La más importante es el convencimiento y el sentimiento unánime de nuestro pueblo, más allá de las diferencias sociales, regionales o partidarias, respecto de la justicia de nuestro reclamo.
Muchos de nuestros grandes líderes históricos desde distintas vertientes, colocaron la Causa Malvinas como una reivindicación permanente y actuaron en consecuencia. Roca, Irigoyen, Palacios, Perón, Illia, Alfonsín y Kirchner han sido algunos de ellos. Las intervenciones del Canciller Atilio Bramuglia en la Novena Conferencia Internacional en Bogotá en 1948 y el ya célebre alegato de José María Ruda en las Naciones Unidas en 1965 son buenos ejemplos de la unanimidad de criterio con la que Argentina sostuvo el reclamo que había iniciado nuestro embajador en Londres, Manuel Moreno- hermano de Mariano- en 1833.
El consenso en torno a la Resolución 2065 de la ONU en 1965, la inclusión del reclamo por Malvinas como Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional en 1994, la votación por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación de la Declaración de Ushuaia en el 2012 y la reciente aprobación, también por unanimidad, de la Ley 27558, que crea en forma plural y multidisciplinaria el Consejo Nacional Asesor Presidencial sobre Malvinas, y de la Ley 27557, que demarca el límite de la Plataforma Continental Argentina, son algunos de los ejemplos de la capacidad que tenemos los argentinos de alcanzar miradas comunes frente a objetivos que tienen carácter nacional. Hoy es necesario que los acuerdos también se extiendan hacia la concertación de mecanismos que permitan defender nuestros recursos renovables y no renovables en el Atlántico Sur. Razones de la usurpación británica y de la enorme base militar que continúa amenazando a la Región desde las Islas Malvinas.
Quiero destacar en particular la creación y el comienzo del funcionamiento de La Comisión Nacional de Asesoramiento sobre la Causa Malvinas que está conformada por las principales fuerzas políticas que componen el Congreso Nacional, notables académicos y juristas, el gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego y representantes de los excombatientes. Esta amplia composición brinda un ámbito adecuado para construir acuerdos que permitan llevar adelante políticas sostenidas y coherentes en el tiempo que fortalezcan el reclamo argentino. Al mismo tiempo este Consejo debe convertirse en garantía que la Causa Malvinas no sea utilizada para dirimir temas de la política interna.
El creciente consenso alcanzado en los organismos multilaterales acerca de la necesidad de cumplir con las resoluciones de la ONU, la conformación de un escenario internacional donde se consolida la mirada multipolar, las consecuencias del Brexit y la permanente solidaridad de los países de la región y de las 133 naciones en vías de desarrollo que conforman el G77 más China, son algunas de las situaciones que actualmente generan condiciones propicias para profundizar nuestro reclamo.
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Conscientes de que será necesario trabajar intensamente, con amplitud de miradas y generosidad, estamos convencidos de poder construir políticas de concertación que representen a las mayorías nacionales. La justicia de la Causa Malvinas, la profundidad del sentimiento que anida en el corazón de nuestro pueblo y el firme compromiso de honrar la memoria de quienes combatieron por nuestra soberanía, permitirán avanzar consecuentemente en esa dirección y lograr que nuestra bandera vuelva a flamear en las Islas.
* Daniel Filmus. Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
