Uno de los principales frenos al desarrollo urbano en Argentina no es la falta de proyectos ni de capital, sino el tiempo.
El tiempo administrativo, imprevisible y costoso, se ha convertido en uno de los factores que más encarece, desalienta y distorsiona el desarrollo urbano.
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La experiencia de Madrid ofrece una lección clara. Las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU) demuestran que es posible agilizar procesos sin resignar control, combinando colaboración público-privada con estándares técnicos exigentes.
No se trata de “privatizar” el control, sino de profesionalizarlo.
Las Entidades Colaboradoras Urbanísticas son entidades técnicas privadas, acreditadas por organismos independientes como ENAC y habilitadas por la autoridad pública, como el Ayuntamiento de Madrid, para verificar el cumplimiento normativo antes de que el expediente llegue a la administración.
Ese filtro previo ordena, acelera y eleva la calidad técnica de las decisiones públicas.
Este esquema surge de una realidad que también conocemos bien: licencias atascadas, áreas técnicas saturadas y una demanda edificatoria que no puede esperar años para obtener certezas.
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Incorporar a terceros especializados permite al Estado concentrarse en su rol indelegable —la decisión final y el control— mientras gana previsibilidad y eficiencia.
En Argentina, replicar un modelo similar sería un salto cualitativo.
Separar claramente la verificación técnica del acto administrativo reduciría demoras crónicas, mejoraría la seguridad jurídica y devolvería racionalidad al proceso.
Cuando el principal costo del desarrollo deja de ser el suelo y pasa a ser el tiempo, modernizar las reglas deja de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica.
(*) directora ejecutiva de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU)
