El valor de la palabra ha sido, desde siempre, uno de los pilares más sólidos de la vida en comunidad. Aunque su raíz pertenece al ámbito moral, sus efectos se proyectan de manera directa en el plano práctico de la convivencia. Allí donde la palabra conserva su valor y se sostiene con independencia de las circunstancias, la confianza se vuelve posible y se expande. En cambio, allí donde la palabra se degrada, la vida social comienza a deteriorarse: la confianza se erosiona, los vínculos se debilitan y la convivencia pierde calidad hasta el punto de volverse, con el tiempo, difícilmente sostenible.
Desde muy temprano aprendemos a distinguir entre quien honra sus compromisos y quien utiliza la palabra de forma instrumental para obtener una ventaja sin medir sus consecuencias. Mientras el primero acumula capital social, el segundo la dilapida. A la larga, la palabra cumplida abre puertas, y quien deshonra lo que dice termina, más temprano o más tarde, devaluado como un infame.
Lo que ocurre en la escala de los individuos se proyecta, con consecuencias mucho más profundas, en la dimensión de los Estados. Ya lo advertía Confucio hace milenios: un pueblo puede sobrevivir a la falta de comida, pero sucumbe ante la falta de confianza. La equivalencia merece enunciarse con precisión: honrar la palabra en la vida de las personas es exactamente lo que la seguridad jurídica representa en la vida de los Estados.
Se trata de la misma exigencia moral y pragmática operando en escalas distintas. Hannah Arendt sostuvo, en esa misma dirección, que la estabilidad de una comunidad política nace de la facultad humana de hacer y mantener promesas. La seguridad jurídica es la palabra del Estado convertida en institución: la certeza de que lo prometido será sostenido en el tiempo, con independencia de quién gobierne o de cuál sea la conveniencia del momento.
El Argentina Week generó inversiones por US$ 16.150 millones según el Gobierno
Esta distinción resulta decisiva cuando se analiza la relación entre credibilidad política e inversión. Quienes evalúan destinar capital a un país estudian su organización jurídica, pero sobre todo observan conductas: si los funcionarios cumplen lo que anuncian, si las reglas cambian de un gobierno al otro, si las decisiones responden a criterios técnicos o a presiones coyunturales.
Un marco legal impecable gobernado por dirigentes que mienten sistemáticamente constituye, para cualquier inversor experimentado, un escenario de riesgo sistémico. La norma escrita sin respaldo en la conducta concreta de los políticos equivale a la nada. En tal sentido, cuando se afirma que la Argentina padece una crisis de confianza se describe, ante todo, una consecuencia cuyas causas son más profundas: la recurrente incapacidad de buena parte de su dirigencia para sostener la palabra más allá de las circunstancias.
Y el problema se agrava cuando la falsedad se naturaliza en los gestos cotidianos del poder —en las declaraciones menores, en los compromisos triviales, en las promesas más elementales— porque entonces la desconfianza se constituye como el factor más relevante de una sociedad.
La fórmula de Milei para seducir inversiones
Un expresidente llegó a admitir que, si hubiera dicho la verdad durante la campaña, nadie lo habría votado. Aquella confesión constituyó la admisión de que la palabra empeñada ante la ciudadanía podía ser falseada sin costo alguno porque existía una sociedad que toleraba esa práctica y hasta la celebraba como una típica "avivada" argentina.
Sin embargo, cuando un mandatario reconoce haber mentido para acceder al poder, el daño que produce trasciende largamente su prestigio personal y contamina por años la confianza en el sistema político de cara al resto del mundo.
Pero aún más grave, la degradación de la palabra pública va más allá de la mentira porque existe otra modalidad acaso más corrosiva por su naturalización: la violencia verbal como método de gobierno.
La intervención del presidente Milei durante la apertura de la Argentina Week en Nueva York ofreció un ejemplo elocuente. Ante una audiencia de más de 200 banqueros y ejecutivos globales en las sedes de JPMorgan y Bank of America, el mandatario calificó de "prebendarios" y "chorros" a figuras clave de la industria nacional como Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar/Fate).
Un gobierno con aspiraciones de seriedad resuelve esas diferencias con argumentos y pruebas, desplazando el agravio hacia la periferia del debate técnico. La contradicción es flagrante porque la retórica de la agresión y la búsqueda de confianza inversora son, por definición, incompatibles. Según recogió la prensa especializada, un banquero resumió la intervención señalando que Milei habló para sus seguidores en Argentina sin advertir que debía convencer a posibles inversores, quienes escucharon con espanto cada expresión suya.
Los números ratifican esa percepción del capital extranjero. Según datos oficiales del Banco Central, la Inversión Extranjera Directa (IED) neta cayó un 54% en 2024, pasando de USD 23.866 millones a USD 10.996 millones, mientras que en el resto de América Latina la inversión crecía un 7,1%.
La tendencia negativa se profundizó en el primer semestre de 2025, registrando un saldo neto negativo inédito de USD 1.679 millones, explicado en gran medida por la repatriación de dividendos y la cancelación de deudas entre empresas del mismo grupo tras la flexibilización de los controles de capital.
Esta disociación entre el discurso y la praxis demuestra que la claridad normativa resulta indispensable, pero las leyes se vuelven letra muerta cuando quienes deben aplicarlas carecen de coherencia en su conducta. De poco sirve dictar la legislación más moderna del mundo o refrendar acuerdos de rigor internacional si, al primer cambio de circunstancias, quienes ejercen el poder reinterpretan las reglas a su conveniencia.
Es bajo esta lógica que se sancionó en 2024 el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una suerte de "isla institucional" que busca blindar proyectos de escala global contra la volatilidad política. Hacia marzo de 2026, el régimen acumula anuncios por USD 63.700 millones, con 12 proyectos ya aprobados por un valor de USD 26.000 millones, pero concentrados casi exclusivamente en minería y energía.
Es precisamente en este quiebre de la confianza donde la Argentina ha fracasado de manera recurrente y a un costo social devastador. La paradoja de un país que acumula décadas de subdesarrollo —pese a que el FMI proyecta hoy un crecimiento del 4% para 2026 y 2027— encuentra aquí su explicación medular.
El déficit no es de potencial productivo, sino de credibilidad dirigencial. Sin el respaldo de la palabra, cualquier ventaja competitiva, como el megaproyecto de GNL en Río Negro o el yacimiento de cobre Josemaría en San Juan, se diluye ante la sospecha de que, en Argentina, lo pactado siempre es provisorio.
Por ello, la reconstrucción de la Argentina no demanda únicamente reformas técnicas o incentivos fiscales, sino una profunda reparación del valor de la palabra. La seguridad jurídica es mucho más que un conjunto de leyes y decretos. Es, ante todo, la consecuencia de un prestigio que se cultiva con la repetición de conductas íntegras e inapelables.
Solo cuando la dirigencia comprenda que la confianza es el activo más escaso y que la palabra empeñada es el contrato social más sagrado, podrá el país romper el ciclo de la incertidumbre y la desconfianza. Porque en última instancia, lo sabemos todos, la previsibilidad de una nación es el espejo de la coherencia de quienes la conducen.
(*) Pedro Pesatti es vicegobernador de Río Negro.
