En los últimos días se ha instalado como tema de debate a nivel internacional, producto de la crisis del retraso de los laboratorios en la producción de vacunas de Covid-19, el planteo de la abolición de la ley de patentes y la producción pública de las mismas.
Sucede que tanto AstraZeneca, como Pfizer y Gamaleya –que produce la Sputnik V– han asumido compromisos de entrega de vacunas que no pueden cumplir. Por estos compromisos, sin embargo, recibieron subsidios de los gobiernos y se financiaron cobrando por adelantado una producción que incumplen. Por ejemplo AztraZeneca, el líder mundial en cantidad de acuerdos previos a la compra, ofertando nada menos que 1.520 millones de vacunas, anunció que reducirá la provisión en un 60% en el primer trimestre, lo que ha desatado la crisis con la Unión Europea.
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El negocio que están haciendo los laboratorios es histórico. Según previsiones para Pfizer esta será la vacuna más rentable de todas las producidas en la historia. La vacuna es la coronación de las ganancias y crecimiento de la cotización en la bolsa de los laboratorios durante toda la pandemia. Moderna, por ejemplo, tuvo una ganancia sideral de casi 600% en su cotización de mercado, pasando de 7.600 a 45.350 millones de dólares.
Las ganancias de los grandes laboratorios contrastan con el agravamiento de la crisis sanitaria que sigue su curso: los contagios por Covid-19 siguen tendencias crecientes en todo el mundo. El 23 de enero fue el día con más muertes desde que comenzó la pandemia a nivel global.
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Frente a la falta de vacunas, los gobiernos han asumido como medida aislamientos parciales, cierres de fronteras, toques de queda, límites a la circulación y cuarentenas cuyos costos ha pagado en todos los casos la población trabajadora y que, a su vez, le han abierto focos de crisis con otros sectores capitalistas que reclaman la apertura económica y, aún más, la vacunación para garantizar la producción. Esta situación no escapa a nuestro país: la Unión Industrial Argentina reclama 1.200.000 vacunas para no paralizar la producción. En Brasil las grandes corporaciones empresariales ya han logrado dar pasos en esa dirección, consiguiendo abolir el monopolio de compra de la vacuna por parte del Estado.
La situación ha puesto de manifiesto que el problema para afrontar la pandemia es efectivamente la producción capitalista. La contradicción que genera la propiedad privada de las patentes de las vacunas que controlan los laboratorios y se niegan no ya a socializar sino a vender, para que puedan ser fabricadas por otras compañías o por los propios Estados, a pesar de su incapacidad de cumplir con la producción. La población mundial se encuentra presa de las posibilidades e imposiciones de producción de un puñado de laboratorios, que, a su vez, cuentan con contratos secretos. Por caso, se desconoce el precio al cual los gobiernos han comprado las vacunas que aún no han recibido y cuál es el verdadero costo de producción de las mismas.
Las patentes y el secretismo sobre la elaboración y fabricación de vacunas opera como un bloqueo a la inmunización urgente que reclama el combate del Covid-19. Los especialistas advierten que la única forma de combatir las nuevas mutaciones de virus e incluso el surgimiento de uno nuevo es avanzar rápidamente en la vacunación de al menos dos tercios de la población mundial – unas 4.000 millones de personas. El impedimento para lograr este objetivo no radica en problemas científicos ni técnicos sino en el monopolio de cada laboratorio sobre su propia vacuna.
Las patentes hacen a la esencia del propio capital, pues son la manifestación más pura del derecho de propiedad. Sin embargo, los laboratorios se valen para la fabricación de las mismas del conocimiento generado por la humanidad hasta el momento. Buena parte de las investigaciones abstractas son realizadas por las universidades, que son a su vez financiadas por los estados, y éstos de modo directo subsidiaron a sus monopolios farmacéuticos. Así, la apropiación privada de la vacuna choca con su creación social.
Paradójicamente, el derecho de propiedad que reclaman los laboratorios termina perjudicando al conjunto del capital, pues la extensión de la pandemia afecta el funcionamiento dinámico de la acumulación capitalista. Pero esta contradicción es insoluble para el capital, pues los monopolios en todas las esferas hacen valer sus patentes y el secreto de investigación y comercial. Abolirlo para los laboratorios abre un precedente peligroso que no quieren enfrentar. Por el lado de los estados imperialistas esto se combina con las disputas internacionales y la guerra comercial en marcha. Cada estado defiende a sus propios monopolios farmacéuticos y se asocia a ellos como parte de sus disputas internacionales.
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Por otra parte, han sido los gobiernos imperialistas los que concentraron gran parte de la posible producción de vacunas. Canadá negoció dosis por una cantidad equivalente a cinco veces su población. El 80% de las 87 millones de dosis distribuidas en enero en todo el mundo se concentraron en Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y China.
En este cuadro internacional, el Grupo de Puebla no se ha pronunciado por la abolición de la ley de patentes, que terminaría con la dependencia de los laboratorios imperialistas y sus Estados. Por el contrario, sus gobiernos no han hecho más que subordinarse a la situación, a la espera en la larga cola del reparto de vacunas.
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La abolición de la ley de patentes y la fabricación pública de las vacunas debe extenderse al conjunto del material de salubridad de los que ha habido desabastecimiento desde el inicio de la pandemia. La lucha contra la pandemia es la lucha contra el sistema social que la engendró y se beneficia con ella.
