Competencias judiciales confusas, entes paralelos como la IGJ -Inspección General de Justicia- entre otras tentativas; eufemismos y disputas bizantinas han hecho resurgir la puja de unitarios y federales que fuera “la gran grieta argentina” del siglo XIX.
Se ha intentado desde la dirigencia porteña de todos los partidos el darle “manu militari” a la Ciudad de Buenos Aires el estatus de provincia que la Constitución Nacional en la reforma de 1994 omitió conferirle. Algunos lo hacen por esnobismo, otros por falta de conocimiento y muchos por el negocio formidable en derredor del puerto y sus regalías.
Venimos anunciando desde 2003 que esto iría en aumento y que un día se provocaría una situación tan caótica para la sociedad como la que hoy ocurre en donde dos fallos de competencias diferentes, la justicia porteña y la Federal, dan soluciones opuestas para un mismo caso como es en éste caso, la validez del DNU sobre clases presenciales.
Hemos explicado desde los tiempo de la lucha contra Cassaba que la Ciudad no es una nueva provincia, entre otras cosas por el diferente tratamiento que le confiere nuestra Carta Magna, así el artículo 5º de la misma dice que las provincias tienen constitución, mientras que el 129 dice que la Ciudad tiene “estatuto organizativo ”¿Por qué la diferencia?. ¿Por qué se dice a boca de jarro qué la Ciudad “tiene constitución”?
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Otro ejemplo es que en ningún artículo de nuestra Norma Fundamental se habla de “Ciudad Autónoma” sino que cuando se la refiere se habla de “Ciudad con gobierno autónomo”. De la lectura de los debates de comisión parlamentaria de la Reforma de 1994 surgen los fundamentos de todo ello claramente y de manera inequívoca. Entonces, ¿por qué se dice Ciudad Autónoma cuándo es “Ciudad con gobierno autónomo?
La cuestión de presencialidad escolar, si bien es un tema de crucial interés para la argentinidad no es el centro de la crisis. Lo verdaderamente importante es la reiteración del caos entre Ciudad y Nación que se viene reiterando como por ejemplo con el porcentaje de la coparticipación; o bien como cuando se produjo el allanamiento del casino flotante de Puerto Madero por el juez local Roberto Gallardo o la declaración de inconstitucionalidad de normas del Código Civil en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, previa a la ley de Matrimonio Igualitario por parte de la jueza porteña Seijas.
En los dos últimos referidos, entre otros que ya son demasiados, los jueces porteños tomaron decisiones sobre cuestiones notoriamente federales por lo que se produjo la crisis que hoy se reproduce. En los mismos siempre se terminó resolviendo la incompetencia de la justicia porteña para inmiscuirse en temas de esa raigambre.
Estos fallos son o debieran ser sabidos y conocidos por todos los que de alguna u otra forma formamos parte del mundo jurídico, mucho más los jueces. De allí que no pueda comprenderse como una Sala de la Cámara local resolviera invalidar el DNU presidencial omitiendo todo ello e incluso sin importarle que la propia Corte Suprema de Justicia en fallos recientes ha admitido su competencia originaria en este tipo de cuestiones (decisión del Alto Tribunal que no comparto ni compartiré pero que respeto como buen republicano).
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Prueba de esto son que tentativas de idéntico calibre ante jueces de la competencia de la Provincia de Buenos Aires, o incluso ante otros juzgados porteños terminaron en la declaración de incompetencia de la justicia provincial o porteña de los magistrados que intervinieron.
Todo ello nos hace presumir un alineamiento evidente de los jueces firmantes de dicho fallo con la política que se dicta desde Bolivar 1, aunque sea a costa de violar la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional.
Pero no se pueden omitir una serie de interrogantes que tienen que ver con la manipulación, el fórum shopping y la obediencia debida de algunos magistrados a saber:
¿Cómo se eligen los jueces en la competencia porteña?
¿Los concursos tienen “ganadores” antes de iniciarse en base a componendas y repartos previos entre las fuerzas políticas?
¿Por qué se inician acciones judiciales cómo ésta ante jueces de una competencia qué no es la correcta?
Frente a esta resolución incompetente, se siguió el camino lógico, el Poder Ejecutivo Nacional se presentó ante un juez federal, en el caso resultó el Dr. Esteban Furnari, a efectos de que proceda a la inhibitoria de la justicia local y anule la medida ordenada por la misma.
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Furnari, en un fallo impecable y a Derecho puso negro sobre blanco en la cuestión de competencia judicial en razón de la materia resolviendo que se suspenda lo resuelto por los locales y que el expediente vaya directo a la CSJN atento que fuera Ella misma quien se atribuyera competencia original.
Automáticamente desde algunos medios y redes sociales se tildó al correcto fallo como emitido “por un juez kirchnerista”, olvidándose que el mismo fue uno de los que declaró la inconstitucionalidad de la mal llamada “Democratización de la Justicia” en tiempos de Cristina Kirchner como Presidente de la Nación en el fallo “Rizzo – Colegio Público de Abogados c/Estado Nacional.”. Por entonces se lo tildó de “juez macrista”.
En un error garrafal el Jefe del Gobierno Autónomo de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, decidió “no aceptar la decisión del Dr. Furnari”, quedándose con lo resuelto por una sala incompetente. Dicho comportamiento genera evidentes responsabilidades para Rodríguez Larreta. Así empezaron a presentarse denuncias por desobediencia (delito tipificado por el art. 239 in fine del Código Penal), más allá de las evidentes de carácter político que terminan resultando.
Ahora es el tiempo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, una vez más debe convertirse en el filtro de la incapacidad de la política argentina de comprender y aplicar el concepto de “cuestiones de Estado” como es la batalla contra la pandemia.
Una vez más, los intereses son priorizados por la política partidaria por sobre los ideales, como si importaran más las elecciones que la salud de toda la sociedad.
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La Corte seguramente emparchará la cuestión ya que es evidente que 5 abogados no pueden ni deben dictar los caminos para enfrentar a la pandemia; pero la crisis continuará si no se toma conciencia del deber primario de preservar la vida, la salud, el patrimonio y la libertad de los argentinos.
Ha llegado el momento de que los principales capitostes de la política argentina entiendan que la lucha contra el Covid-19 no es materia de elecciones y que 30.000 contagios diarios no son un dato menor. Es una cuestión de estado, gobierne quien gobierne y triunfe quien triunfe en los próximos comicios.
Seguramente, superada la crisis a muy pocos nos seguirá importando en éste tema la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional, continuando la cuestión de fondo entre “unitarios y federales” y la eterna pelea por las riquezas y los negocios que se generan en la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre.
* Abogado. Periodista. T: @DrJorgeRizzo.
