En un delicado contexto judicial, amenazado por una reforma del fuero Federal Criminal y Correccional, y sujeto a la posibilidad de una modificación del número de Ministros del máximo Tribunal, se prevé la comparecencia de varios jueces ante los Jurados de Enjuiciamiento.
El deficiente accionar de la justicia parece darle nuevamente la oportunidad al Poder Ejecutivo de poner en agenda la discusión sobre una nueva reforma judicial. El último episodio vinculado a la morigeración de la privación de la libertad en el marco de la pandemia causada por el COVID-19 trajo como consecuencia el significativo repudio de una considerable parte de la población, al notar que muchos delincuentes penados por la comisión de delitos que no pueden catalogarse como leves, han recuperado, aunque de forma temporaria, la libertad.
Coronavirus: qué hicieron otros países con los presos
Tal suceso, encendió las alarmas de un sector del oficialismo que no quiere responsabilizarse por la liberación de presos que indigna a una sociedad a la que tampoco se le satisfacen muchos de sus derechos básicos. La desobediencia propinada por algunos jueces de primera instancia cuyo desempeño tiene lugar en diversas jurisdicciones, al no someterse a acordadas de sus respectivas cámaras de apelación, produjo la recuperación de la libertad de individuos que cometieron violaciones, utilizaron la fuerza, armas de fuego, etc., en el marco de una política pública vinculada a la prevención de contagios masivos del coronavirus en ámbitos de encierro que no cumplen con las garantías estipuladas en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional.
Un sector del oficialismo no quiere responsabilizarse por la liberación de presos que indigna a una sociedad a la que tampoco se le satisfacen muchos de sus derechos básicos.
Ante la sospecha de una mala conducta ejercida por aquellos jueces que liberaron delincuentes peligrosos o no pertenecientes a poblaciones de riesgo, se vislumbrará como distintos sectores civiles y políticos presentarán denuncias ante los correspondientes organismos; tal es el caso de los Consejos de la Magistratura o Jurados de Enjuiciamiento.
El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue uno de los primeros en dar a conocer su intención de evaluar si los jueces actuaron de acuerdo al deber. La indiscutible liberación de detenidos catalogados por fuera de los requisitos establecidos (no olvidar que entre ellos se encuentra el exvicepresidente Amado Boudou, quien obviamente no ha sido recordado), sumada al discurso oficial que apunta al “lawfare”, justificarían, según su perspectiva, proceder con una importante modificación del sistema judicial. En principio, y de acuerdo con las palabras expresadas por el Presidente de la República, la intención apunta a diluir el poder de “Comodoro Py” mediante la creación de más juzgados y/o la fusión con otros fueros con el objeto de que el destino de los funcionarios públicos del gobierno nacional no recaiga únicamente sobre doce jueces sino sobre una cantidad bastante mayor. Ello, según la versión oficial, dotaría a nuestra democracia de una mayor calidad institucional, impactando, por supuesto, en un mejor “gobierno del pueblo”.
Resulta curiosa la selectiva memoria de Alberto Fernández que decide olvidar previas reformas realizadas al gobierno judicial, en las que llamativamente fue parte imprescindible; en aquellos años en los que la primera reforma sobre el Consejo de la Magistratura tuvo lugar, se desempeño como Jefe de Gabinete del presidente Néstor Kirchner. La propiciada, no sólo no cumplió con sus objetivos de elevar la eficiencia presupuestaria, reducir los tiempos judiciales y mejorar los sistemas de selección o remoción de jueces sino que politizó un organismo que debe, como lo indica la Constitución, respetar un equilibrio entre sus integrantes para mejor proveer a una justicia que realmente pueda denominarse como tal. La sancionada Ley 26.080, otorgó un poder de veto al oficialismo de turno que impide a los restantes estamentos representados por abogados, científicos, jueces y legisladores opositores, seleccionar candidatos o destituir magistrados sin su consentimiento. Por el contrario, gracias a la reducción del plenario del organismo de 20 a 13 miembros y a una sobre representación, el gobierno de turno puede proceder con mayores facilidades; consecuentemente, requiere del acompañamiento de una menor cantidad de actores para seleccionar candidatos afines en las ternas que eleva al Poder Ejecutivo o para destituir jueces “enemigos”. Durante el año 2013, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner impulsó una “democratización de la justicia” que, en definitiva, tuvo corta vida por ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Es indiscutible que las reformas estructurales deben ser analizadas en largos periodos de gobierno para efectivamente considerarse como positivas o perjudiciales para el sistema democrático republicano.
Es indiscutible que las reformas estructurales deben ser analizadas en largos periodos de gobierno para efectivamente considerarse como positivas o perjudiciales para el sistema democrático republicano. En los últimos 25 años el Poder Judicial ha sufrido importantes modificaciones: el Partido Justicialista (en sus diversas denominaciones) ha sido responsable de no reglamentar, en el ámbito de la reforma constitucional de 1994, aspectos orgánico funcionales del Consejo de la Magistratura que quedaron supeditados a coyunturas electorales- ergo, a intereses político partidarios que perjudican la administración de justicia-; de modificarlo en el año 2006 y de volver a hacerlo, sin éxito, en el 2013.
Sería propicio que el Presidente tuviera esto presente a la hora de sugerir una nueva modificación del Poder Judicial. La herramienta para tener jueces probos, idóneos e imparciales es el Consejo de la Magistratura; éste es responsable de garantizar una justicia propiamente dicha. La Corte de Suprema de Justicia de la Nación es responsable de validar o declarar la inconstitucionalidad de la Ley 26.080. Curiosamente, se encuentra “deliberando” desde hace más de cinco años…
Un análisis objetivo de las modificaciones realizadas da cuenta de su carácter nocivo; tres oportunidades fueron desaprovechadas… Estos tiempos, al parecer, sugieren la necesidad de proceder con una adicional. Tal vez, la intención no sea lograr una justicia independiente sino una democrática o favorable a aquellos ex funcionarios que acumulan significativas causas penales. El abandono de la querella en aquellas que afectan directamente la libertad de la ex presidente CFK se vislumbró, en estos días, en la inacción de la Unidad de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anti Corrupción. Solo falta la pata judicial…
*Politólogo y consultor en administración judicial.
