“Los gobiernos perecen ordinariamente por impotencia o por tiranía. En el primer caso, el poder se les escapa; en el segundo, se lo arrebatan.”.. “La anarquía nace casi siempre de su tiranía o de su inhabilidad.” .. “Jefferson le escribe a Madison -en Marzo de 1789-: ‘...La tiranía del Poder Ejecutivo vendrá a su vez en un periodo más distante’ ”.
Alexis de Tocqueville, La Democracia en América I. Cap. XV., 1835.
1. La tiranía del Poder Ejecutivo vendrá en un periodo más cercano.
El sistema empobrece y saquea con más eficiencia y menos resistencias que en 1990 o 2001, con más firmeza pero no con menos profundidad. El shock de redistribución regresiva y el actual corralito invisible que aspira ingresos y ahorros en dólares de las clases medias es tan inconstitucional como el Plan Bonex (1989/1990), como el Corralito (2001) y la posterior devaluación asimétrica (2002). El sistema político y sus últimas presidencias le aportaron al Gobierno de Milei haber neutralizado todos y cada uno de los frenos y contrapesos institucionales para controlar las decisiones presidenciales, decretos y posibles delegaciones legislativas.
Como hemos ya afirmado, la Constitución Nacional es ese texto que se reclama cumplir como oposición pero se viola como oficialismo. La división de poderes, la calidad institucional, la justicia social y la república, cuarenta años después, parecen haber sido demandas demagógicas de una clase dirigente tan hipócrita que está siendo desplazada de los centros de poder por una fuerza con un cinismo más vertiginoso y sádico. La necesidad de un cambio y el malestar con la clase política todavía insensible parecen legitimar una crueldad potenciada.
El proceso que estamos viviendo es parte todavía inicial de un periodo de descontento estructural con la clase política tradicional, con las elites, que puede durar varias décadas (que adelantamos en esta nota) y que será usado para reconfigurar la función del Estado y de todo lo público y sus actores (lo que señalamos en esta otra nota). Aquellos que participan en las guerras culturales de fragmentación social afirman su narcisismo, se distraen y niegan todo lo que sucede mientras se empobrecen.
El malestar social siempre fortalecerá al líder social que representa de forma espectacular ese malestar. Los movimientos políticos clásicos son parte de la tradición no de la transgresión en curso. El cambio es transgredir las formas, encarnar el descontento. Los presidentes del malestar expresan el malestar desde las instituciones que las generaron. La motosierra de Milei se fortalecerá más allá de que su presidencia constitucional se debilite progresivamente. Símbolo es más fuerte que institución en estos momentos y la fortaleza está en lo religioso, místico y emocional, no en lo racional y en las formas cuidadas. Tener razón será la derrota de las fuerzas tradicionales.
Dato no mata relato. La verdad no vence a la posverdad. La mentira lesiva corre más fuerte que la desmentida con datos y pruebas. La culpabilidad es presunta, la inocencia se paga con injusticia, con años de procesos judiciales injustos. Los progresistas reaccionarios, más reaccionarios que progresistas, alimentaron el resentimiento y siguen usando el odio como alimento de su falsa superioridad moral. Fingen demencia después de haber cultivado la crueldad con cancelaciones, escraches, censura, persecución y patrullaje puritano, destrucción de reputaciones y redes de rumores falsos, pensamiento de enjambre y moral de rebaño. Las fuerzas políticas tradicionales no entienden cómo opera el cinismo sádico de una fuerza política que conecta con una sociedad atomizada y rota. En la guerra de odios cruzados el odio y la guerra siempre ganan y arrasan con todo. En ese contexto, se usará el pasado reciente para seguir capitalizando ese descontento sin atención ni comprensión.
Puede ser paradójico pero no deja de ser previsible: el malestar potenciado por el ajuste fortalecerá a los responsables políticos del ajuste y a los que materialmente se enriquecen con el empobrecimiento colectivo. Los que constituyen la crisis, la capitalizan.
Todas las referencias a un posible juicio político en este momento refuerzan la lógica casta-anticasta que construyó la victoria de Milei. Lo que verá la sociedad enojada es “la casta defendiendo sus privilegios”. Mucho más contraproducente que mencionarlo, sugerirlo y solicitarlo es no poder hacerlo y darse cuenta que la delegación legislativa puede ser reconducida y el DNU seguirá vigente.
Como fenómeno político, con sus fragilidades y fortalezas, puede ser menos pasajero de lo que las elites políticas tradicionales piensan, puede que nos habite por décadas. Puede reformularse para peor, profundizarse en un espiral que conecte odios sociales con violencia espectacular, en una coyuntura donde haya que tomar decisiones sobre problemas ambientales o desafíos de seguridad reales o autoprovocados.
Aunque sea difícil de aceptar, si hubiese un estallido social producto del ajuste posiblemente Milei está en mejor posición de capitalizarlo que de ser señalado como responsable. La responsabilidad política podrá ser atribuida a la clase política, la casta, o a los funcionarios que están en la primera línea de la trinchera municipal o de las gobernaciones provinciales.
La responsabilidad sigue siendo asignada por muchos a un sistema político que no pudo, no supo o no quiso escuchar el descontento gritando. Esa irresponsabilidad terminó en un Gobierno mesiánico que seguirá creciendo en capital político porque el malestar se profundizará. Más descontento producto de las medidas del gobierno de Milei expandirá su propio capital político de forma primal y emocional. En las próximas elecciones, los extraños oficialismos que actúan como fuerza opositora y siguen en una extemporánea campaña pueden seguir creciendo.
Los que sí se debilitarán son los que se mantienen en el paradigma en crisis. Los gobernadores, intendentes y representantes que hoy gestionan sin recursos, que abiertamente no entienden qué sucede ni cómo responder. ¿Cómo se enfrenta al Gobierno de una fuerza antipolítica intempestiva y con apoyo social policlasista? A más crisis y malestar con el sistema político, más se fortalecerán las figuras políticas anticasta con un discurso que desplazan la responsabilidad a un pasado reciente que no dio respuestas a reclamos sociales reales.
El Gobierno ganó tiempo hasta Mayo por la convocatoria al Pacto con los Gobernadores, volverá a negociar delegaciones legislativas de manera segmentada y el DNU, todo indica, continuará su vigencia en un mundo paralelo a la Constitución. Ante la posibilidad de rechazo del DNU por la muy lenta, imperfecta y mal conformada Comisión Bicameral (no) Permanente en el Congreso de la Nación, Milei tendrá siempre la iniciativa y todo el poder que le da la Presidencia Imperial con su supremacía institucional, política y presupuestaria frente a los demás poderes y al sistema federal.
Milei puede derogar su DNU 70/2023 antes de ser rechazado, dictar un nuevo decreto y repetir eso hasta el infinito. Puede dividirlo en cincos diferentes con leves cambios, tomar una estrategia mutante y camaleónica y dilatar todo hasta la dolarización confiando en el colapso de todos los remedios constitucionales. Sea con la “competencia de monedas” u otra forma de dolarización paulatina, la situación institucional es propicia a la supremacía presidencial.
Un decreto del 2010, del Fondo Bicentenario, famoso por ser judicializado fue derogado y vuelto a dictar en dos decretos diferentes y automáticamente ejecutado para evitar nuevas judicializaciones. Teníamos este sistema de controles imperfectos y la judicialización era populistas, buscaba hacer daño político y no control institucional. La supremacía presidencial permite hacer cosas supremas como también lo sabe la cabeza del poder judicial.
La improvisación y el desconocimiento de los propios funcionarios del Gobierno tendrá costos crecientes y puede ser su principal enemigo, mucho más que la oposición o los frenos institucionales. El presidencialismo es más fácil que se autodestruya a que sea frenado institucionalmente. Si le rechazan el megadecreto es porque Milei quiere que se lo rechacen o por torpeza de sus representantes en la comisión. El sistema de control de decretos no fue diseñado para ser muy severo con los decretos sino para aprobarlos en el tiempo, con un silencio parcial o confirmarlos explícitamente. De suceder, sería una autoderrota como con la "Ley ómnibus".
El DNU puede ser abiertamente inconstitucional -y tantas leyes y prácticas vigentes lo son- pero es claro que el sistema de frenos y contrapesos colapsó hace años. Se simplificó hasta ser quietismo e inercia inaceptable. La oposición y el oficialismo parecen querer reemplazar un sistema institucional con gritos e indignación impostada en redes sociales. Las instituciones requieren trabajo de largo plazo, coraje, construir consensos, disciplina y mucho más, las redes sociales dan gratificación y dopamina de corto plazo en un contexto de demencia digital. La clase política infantilizada parece querer ser más influencer que construir madurez y prácticas institucionales de largo plazo.
La negación y la distracción es reforzada sobre todo por aquellos que lucran con el sistema disfuncional, con la Corte Suprema y un sistema judicial que no se anima a declarar inconstitucionalidades evidentes cuando afectan a ciertos sectores, entre la demagogia legal y el populismo judicial. Así, entre delegaciones legislativas (Artículo 76) y decretos de necesidad y urgencia (Artículo 99 inc.3), el Poder Ejecutivo, un hiperpresidencialismo con apoyo financiero y corporativo, rediseñará la Argentina en tiempo record y sin ningún contrapeso institucional razonable.
Las gestiones presidenciales fracasan por su propia torpeza -o por los enemigos a los que se enfrentan o por el daño económico que realizan, lo que es otra forma de torpe autoderrota- rara vez por las resistencias institucionales. Trump fue derrotado electoralmente, no institucionalmente. Es más, hace unos días fue habilitado institucionalmente por la Corte Suprema. Bolsonaro fue derrotado electoralmente y fue su propia falta de plan económico, político y judicial lo que generó a que esos tres espacios volviesen a considerar una alianza con un "perdonado" y -justamente- relegitimado Lula. Con cierta habilidad y perspectiva, Bolsonaro podría haber capitalizado una traición política coordinada por una facción oligárquica autolesiva, iniciada por Temer contra Dilma y continuada con el linchamiento judicial y mediático contra el histórico líder del Partido de los Trabajadores do Brasil.
La fragmentación de las revisiones judiciales aisladas y la ausencia de controles constitucionales sustanciales permite que la Constitución siga siendo incumplida, manipulada, ignorada, profundizando su irrelevancia.
La carencia de frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo es responsabilidad institucional del sistema político y de un ecosistema corporativo del bloque de poder económico permanente que tampoco tiene ni quiere ningún freno, que nunca fue institucionalista en su práctica económica.
Los Estados entrarán pronto a ser instrumentos de las corporaciones para sus guerras entre grupos económicos a través de agencias judiciales, administrativas, de regulación y de control. La sociedad está siendo desmantelada y reconfigurada en un tercer Estado moderno, en un esquema neofeudal, de una sociedad feudal avanzada. La teoría del Estado fallido debería incorporar nuevas categorías de análisis para adecuarse a una realidad en descomposición, en literal licuación.
Los que suelen escribir de división de poderes públicos omiten que el sistema económico, societario y corporativo también requiere frenos y contrapesos. Al criticar las prácticas monopólicas, oligárquicas y los enemigos de la libertad de mercado, desde Adam Smith hasta Marx pasando por Alberdi, pensaban en controles económicos, en definitiva, en lo que podemos llamar hoy defensa de la competencia y un ecosistema razonable de fiscalización societaria y financiera.
El Art. 42 de la Constitución y su compromiso con la defensa de la competencia está para ser incumplido -incluso con famosas sentencias nunca implementadas-, está para demostrar esa histórica supremacía corporativa. La única supremacía que venció y vence tanto a la supremacía presidencial como a la débil supremacía constitucional es la supremacía del poder de las corporaciones hoy detrás del poder ejecutivo, judicial y centros de legitimación de la política de rediseño social sin precedente.
Son las corporaciones, el bloque permanente de poder, las que nunca tuvieron frenos ni contrapesos. Hoy esa supremacía corporativa es que le da fortaleza a la supremacía presidencial en alianza con una mayoría de la sociedad cansada y enojada. Mientras tanto la clase política y oposición institucional prefiere autoafirmarse en su Estado vegetativo en redes sociales. Cuando despierten de esa búsqueda de atención y reconocimiento a su épica infértil, el único legado del sistema político será haber gestionado la neutralización de las herramientas del autogobierno colectivo y los servicios fúnebres de un proyecto democrático que costó sangre, sudor y lágrimas de las generaciones pasadas. Esa ingratitud con el pasado no le impidió encadenar también a las futuras generaciones a un juego cada vez más débil y más condicionado, lleno de distracción y confusión, ansiedad de consumo y aislamientos identitarios, acuciantes trampas económicas y desafíos ambientales.
Es la sintonía fina entre el bloque de poder permanente y la Presidencia lo que construye la supremacía presidencial del Gobierno de Milei. La Corte Suprema de Estados Unidos o de Argentina resguardan principalmente la supremacía del Estado de poder corporativo, no la supremacía constitucional y el Estado de Derecho Democrático. Lamentablemente, la hipocresía insensible de un sistema político que trabajó a tiempo completo principalmente para esas corporaciones y que nunca tuvo un proyecto de país de largo plazo abrió paso a estas décadas oscuras.
2. Ganando tiempo para el decreto de dolarización.
La derrota de los derechos y de la democracia es nuevamente a través de la economía. Todo parece indicar que el rediseño sin anestesia de la sociedad, su plan económico de empobrecimiento y el corralito invisible de dólares por parte del Gobierno seguirá su curso. Terminará con fricciones institucionales y un salto mortal hacia una reforma monetaria. Ya sea en versión dolarización directa o competencia de monedas que sonará a otra forma de dolarización culturalmente ya aceptada por mayorías cansadas de angustias e inestabilidad económica. Pensemos en otros decretos similares.
El Plan Austral fue dictado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 1096) en Junio de 1985 por Raúl Alfonsín. La creación de una nueva moneda, el Austral, y la conversión de los pesos, eran parte de una batería de medidas que Alfonsín tomó a mitad de ese año bisagra para su Gobierno.
En la Constitución de 1853-60 no existía la atribución ejecutiva de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, pero el Plan Austral, como plan de estabilización, fue una de las tres políticas centrales (Plebiscito Beagle, Juicio a las Juntas, Plan Austral) que llevó al alfonsinismo a ganar categóricamente las elecciones en 1985 y a pensar posteriormente en un tercer movimiento histórico. El resto está en los libros de historia. Hablemos del decreto: el DNU de Alfonsín nunca fue contradicho institucionalmente a pesar de su obvia inconstitucionalidad.
Todos los DNU de Carlos Saúl Menem -varios cientos antes de 1994- fueron legitimados por la Corte Suprema directa o indirectamente en el simbólico fallo Fallo Peralta (1990). ¿Qué decreto de reforma estructural, de impacto íntegro y directo en la sociedad como el 70/2023 fue controlado por la Corte de manera sustancial y efectiva? Ninguno. La Corte de forma populista eligió decretos anteriores al 2006 para “jugar” a la calidad institucional en casos como “Consumidores Argentinos” (2010), antes la misma Corte de “la mayoría automática” lo había hecho en “Verrochi” (1999) en un fallo demagógico para despejarse del mote “Corte menemista”.
En el museo de las atrocidades legales: interpretar la Constitución con una motosierra
Todas las Cortes fueron deferentes a los decretos de impacto regresivo en la economía. No hay DNU comparable al DNU 70/2023 pero los más cercanos pueden ser el Decreto del Plan Austral (1985), el del Plan Bonex (36/1990) y el que estableció el corralito (1570/2001) -declarado constitucional en tiempo récord en Diciembre del 2001 por la Corte- y la posterior devaluación (Decreto 214/2002) que fue declarado inconstitucional en un caso de una Provincia (“San Luis”) en Marzo 2003 y fue el último fallo de una Corte que mayormente se jubilaba o era enjuiciada después de enfrentamientos con el Ejecutivo.
La Corte Suprema peronista le hace perder la fe hasta al Papa peronista. Más considerando que varios Jueces de la Corte Suprema tanto como asesores o como Convencionales Constituyentes son responsables de la pésima redacción de los Artículos 76, 82 y 99 inciso 3 de la Constitución. Nadie en su sano juicio puede dejar de ver la contradicción abierta en estipular que algo está categóricamente prohibido en una renglón y después habilitar con categorías ambiguas y excepciones abiertas lo contrario. En regular un Artículo 82 de la Constitución separado de los otros artículos y sin sistema de control.
Las nulidades absolutas e insanables, evidentes y grotescas, obvias y con daño social palpable, subsistirán. Porque hay Jueces y Juezas, pero no se dedican a proteger derechos ni son árbitros de la democracia. Los jueces no son parte de un sistema de frenos y contrapesos. Tienen otra función diferente en el futuro que viviremos.
Una ley del Congreso sancionada por ambas Cámaras y amplio consenso partidario -incluso unanimidad- puede ser fácilmente vetada parcial o totalmente por el Ejecutivo sin dar fundamento alguno. Esa misma ley tiene múltiples formas de ser bloqueada, desnaturalizada de forma reglamentaria y administrativa, neutralizada de forma judicial y presupuestaria. Vean varias de las leyes que están vigentes a nivel nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que son letra muerta.
Un Decreto de Necesidad y Urgencia que altera varias centenas de artículos de diversas leyes y deroga directamente cuarenta leyes diferentes, como el Decreto 70/2023, va a cumplir tres meses de vigencia efectiva a pesar de ser evidentemente inconstitucional. Conclusión: no hay forma institucional de controlar, de bloquear, de frenar institucionalmente un decreto de necesidad y urgencia con efecto general. Vaya qué pequeño detalle se le pasó a la Convención de 1994.
El artículo 82 de la Constitución debería haber sido redactado de manera diferente atado al Art. 76 y 99 inciso 3. En caso contrario, controlar decretos de efectos directos es como una autopsia. Si el Decreto decía “hágase esto, págase esto otro” el control será abstracto y no altera lo hecho. El dinero no volverá, la acción no se retrotrae, el derecho adquirido fue creado por la norma de excepción. Decretar tiene capacidad de hacer daño irreversible.
Violar la Constitución en la historia argentina parece un buen modelo de negocios para poder acumular de forma brutal recursos económicos y políticos que con el tiempo se vuelven legales y más sutiles. Incumplir la Constitución y hacer daño sin costo y hasta con ganancias políticas generan los peores incentivos políticos.
El sistema de control de decretos es tan ridículo que el Presidente podría modificar por decreto la Ley 26.122 sobre control de decretos porque el Artículo 99 inciso 3 de la Constitución no se lo impide. Le prohíbe sin excepción dictar decretos en cuatro temas: Penal, Tributario, Régimen Electoral y Partidos Políticos. Prohibición que de todas formas los Presidentes también han violado sin sufrir consecuencias ni ser debidamente controlados. Mauricio Macri y Alberto Fernández ambos transgredieron esa prohibición, por ejemplo, uno con el decreto de expulsión de inmigrantes bajo procesos judiciales y otro amenazando penalmente a quien violase restricciones durante la segunda fase de la pandemia.
Si el Congreso quisiera modificar la Ley 26.122 el ejecutivo podría hasta vetarla, parcial o totalmente. Podría extrañamente intentar reglamentarla. Podría judicializarla con sectores del poder judicial afines y neutralizarla.
Una nueva casta de niños sádicos y decadentes: discursos refundadores, acciones destructivas
Tanto la Constitución como la Ley 26.122 (2006) permiten esas prácticas de legalidad dudosa ante sugestivas indeterminaciones, contradictorios y dislocados artículos. La pésima redacción del Artículo 99 inciso 3 -y de los Artículos 76 y 82 respectivamente- de la Constitución, permiten estos escenarios tramposos. Todo hace pensar que la intención de la Convención Constituyente de 1994 fue dejar artículos lo suficientemente mal redactados como para después aprovechar esas lagunas de diseño.
En contra de lo que dice el Art. 82 de la Constitución, hay sanción ficta y el silencio del Congreso -y de la Corte- permiten transgredir la Constitución de manera explícita. El DNU 70/2023 tuvo efectos directos en la economía incluso antes de estar vigente, eso refleja las formas de la supremacía ejecutiva, la supremacía del Presidente y sus medidas alineadas con los poderes fácticos.
La Constitución prohíbe la Sanción Ficta, esto es, se prohíbe tomar el silencio del Congreso como expresión de voluntad o aprobación. Se debe manifestar expresamente. Esa prohibición nunca se cumplió. En el periodo 1994-2006 nadie pero nadie -ni la Corte Suprema- impugnó los decretos de Necesidad y Urgencia y los Decretos Delegados con tiempo renovado/expirado dictados en ausencia del control institucional del Congreso. Y en el periodo 2006-2024 la Ley 26122 -que contradice la Constitución- realizó un control parcial que hoy es muy claro llegará -si llega- en forma de autopsia de ilegalidades ya vigentes.
Los convencionales constituyentes y sus asesores, muchos hoy en funciones importantísimas, claramente no asumirán su participación en esos errores constituyentes y en las consecuencias que traen tanto 30 años después y que seguirán generando en un país con los desafíos de Argentina. Todos legitimaron la Convención y sus errores, en lugar de criticarlos, en lugar de señalarlos, en lugar de intentar mejorar el sistema de control institucional a nivel infraconstitucional, más allá de los defectos de la Constitución.
No hubo Ley para regular decretos, vetos, delegaciones hasta 2006 y fue diseñada de manera imperfecta. Hoy tenemos una Corte de pocos jueces y mucho poder que debilitan la Constitución, al Consejo de la Magistratura y al poder judicial todo. No hay Defensor del Pueblo, no hay Procurador General de la Nación nombrado -otra oportunidad perdida-, pero sobre todo estamos en una democracia sin demócratas, una república sin republicanos, en un Estado de Derecho cuyos abogados no harán nada más allá de luchar por su derecho a evitar el divorcio administrativo o la épica de tramitar jubilaciones a un jubilado que abonará al letrado con sus primeras magras jubilaciones. Pagar por acceder a un derecho social como jubilarse -después de contribuir solidariamente toda una vida(!!)- no era la idea de los abogados revolucionarios del siglo XVIII, XIX y XX que construyeron la Nación. La silenciosa despedida a la clase media -su fuente principal de trabajo y ascenso social- por parte de los cuerpos de representación de la profesión legal hablan de la función regresiva que cumplen para con una sociedad que le concedió poder político y prestigio social.
Incluso si el gobierno de Milei fracasa en mantener la legalidad de sus medidas, lo que se mantendrá son sus efectos: el empobrecimiento, la licuación de ingresos y la destrucción de la capacidad estatal. Se mantendrán como “derechos adquiridos” muchas prácticas de dudosa legalidad permitida por el “paréntesis legal” que abre el decreto. Seguirá un proceso que fermenta más anarquía diseñada, una anomia perversa y una violencia latente en expansión.
3. Del populismo judicial al populismo mesiánico.
La fina cronoterapia de la Corte Suprema no le permitió ver todavía los expedientes del DNU pero sí dar señales para que el sector público y privado despidan trabajadoras y trabajadores sin intereses abusivos (sic) (ver nota). Despedir a trabajadoras/es con familias que no llegan a fin de mes producto de una crisis económica diseñada desde una casta financiera que trabajó para construirle el plan de gobierno al Gobierno. Un plan de gobierno diseñado fuera del gobierno. Como si el poder fáctico estuviese desplazado hacia otros centros de poder no institucionales.
Algunas preguntas: ¿Acaso hay sentencias que se dictan fuera de los juzgados o leyes que se negocian en barrios privados u hoteles de alta gama? ¿Hay decretos redactados fuera de la secretaría legal y técnica? Ni siquiera. Se hace todo por Whatsapp. Ciertos poderes del Estado ya no trabajan -aunque formalmente sigan en su órbita- para el Estado ni bajo control de la Constitución que todos podemos leer, que ellos dicen respetar y hacer respetar. Hay otra Constitución invisible que se escribió con una práctica institucional que lleva varias décadas. La Constitución de las corporaciones tiene un poder judicial acorde a un nuevo tipo de democracia corporativa y feudal parecida a una plataforma de tecnología.
La Corte Suprema tirará gas y abandonará cuando deba declarar inconstitucional una dolarización en un contexto de excepción y crisis. La alternativa a la prometida dolarización directa es la “competencia de monedas”. Los operadores afirman que la competencia de monedas o canasta de monedas ya fue aceptada por la Corte Suprema en el Siglo XIX y fue estudiada por el Ministerio de Economía en los meses anteriores a la crisis del 2001. Una referencia contextual quizás desafortunada. Esta vía alternativa también podría ser un paso previo a la dolarización.
Sin embargo, la Corte no tiene virtudes pasivas -como diría Alexander Bickel- pero tampoco posee virtudes activas. La Corte tiene vicios pasivos en casos resonantes como los del Decreto 70/2023 y tiene vicios activos como cuando suspende elecciones provinciales o elige a quién ponerle un 280 y quién hizo un lobby judicial suficiente, quién tiene matrícula amiga recurrente o quién pertenece a una tribu de legitimación de una Corte deficiente con todos los conflictos de intereses y éticos (risas) correspondientes.
Parece que las presidencias de las Corte Supremas vuelve populistas a sus ocupantes y cuando dejan de ser presidentes entran en amnesia selectiva de su propio populismo y narcisismo judicial que ellos consolidaron -con espacios institucionales grotescamente obsecuentes que deberían haber trabajado para todo un poder del Estado pero trabajaron para una persona- desde el 2005. Que una declaración desmedida, quizás un gesto populista, sea criticado por el máximo referente del populismo judicial en la historia de la Corte Suprema grafican bien los tiempos cínicos que vivimos.
El goce pasivo de la Corte Suprema ante un sistema político en descomposición por parte de personas que estuvieron en momentos fundacionales y/o constituyentes es paradojal. Así la Corte facilita, como ya lo hizo el propio sistema político, su propia autodestrucción, en sintonía con toda una generación. La Corte habilita el crecimiento de la capacidad política del Gobierno para que el año próximo -o quizás antes-, después de la renuncia y fiesta de despedida del miembro que cumple 75 años, sea aumentada su composición. En última instancia, la verdad mobiliaria y arquitectónica es que la sala de audiencias de la Corte tiene nueve asientos para pitufos supremos y un lugar para el Defensor/a o Procurador/a General de la Nación.
El populismo mesiánico puede necesitar su propio populismo judicial de mayoría automática. Hace unos días Trump recordó lo importante que es una Corte en sintonía. Si seguimos el notable ejemplo de la Corte Suprema de Estados Unidos, nos damos cuenta que la cooptación corporativa y el populismo judicial son procesos que no se llevan tan mal.
4. Constitución y crisis como un espejo.
La crisis potencial o real parece permitir y justificar hacer todo mal, rápido e inconstitucionalmente. Se piensa que es una cuestión de todo o nada, ahora o nunca, priorizando que no se puede perder la oportunidad de la debilidad y/o ausencia de resistencias políticas o institucionales. Perder la oportunidad sería una derrota del Gobierno.
El costo principal de la paz de los expedientes judiciales en el sistema político es la guerra a través de la legislación que impulsa el bloque corporativo-presidencial contra la sociedad en pleno, que pretende reformarla con intensidad, que tiene a alguna forma de dolarización como huída hacia adelante. La ruptura de lazos sociales, el deterioro de la salud mental, de las instituciones, de la calidad política y los conflictos que surjan de dichos cambios en este nuevo ciclo de debilitamiento colectivo hará irreconocible a la sociedad argentina y cambiará sus expectativas de mediano y largo plazo.
La supremacía corporativa usa como herramienta a la supremacía presidencial junto al sistema financiero y económico para imponer esa reforma social dolorosa e profunda. Le hace un corset económico, un torniquete a los consumos de capas medias, para que la sociedad saque sus ahorros con medidas económicas, beneficiando al sector especulativo que le compra dólares a los que antes le había vendido esos dólares a precio más altos. Ese corralito invisible y sutil es un método innovador. El sector que se benefició todos estos años vendiendo dólares es el ganador potenciado: te vende la semilla cara y te compra la cosecha barata para revenderla al acopiador a precio especial.
La Presidencia de Milei es muy hábil en desplazar la atención y manejar la agenda. Lo hizo gestionando la presión mediática y forzando una decisión judicial expedita para que se liberen a dos personas ilegalmente detenidas en Jujuy. Así logró formar una noble cortina de humo federal en una semana de conflicto con Gobernadores. El año pasado pudimos ver cómo un pacto UCR-PJ para reformar la Constitución provincial dio pie a gravísimos episodios de represión y persecución que nadie criticó y que posiblemente queden impunes.
Básicamente lo que el sistema político cultivó durante años lo intentará cosechar el Gobierno de Milei con una política de shock. La ausencia de proyecto de una elite desleal y aislada de la sociedad que literalmente enfureció será aprovechada por otra elite sádica que desplazó a la primera. El juego de todo o nada puede llevarse puesto a la Argentina. El sistema de endeudamiento y el bimonetarismo es un sistema de dominación económica que termina en una matriz de dominación política todavía oculta pero seguramente sea violenta y autoritaria. La decadencia y desintegración que observamos estos últimos diez años se acelerarán en los próximos dos años.
En caso de no actuar responsablemente y de forma categórica, los próximos años serán de transformaciones y regresiones profundas. La clase política abandona a la sociedad porque necesita virtudes e incentivos que no tiene para seguir haciendo política. No tiene paciencia, templanza, coraje ni imaginación. Antes todo “rendía más” y por eso no le cuesta alejarse de una sociedad ansiosa y compleja, confundida y con bronca. Los actores "públicos" se retiran a hacer negocios en el sector “privado”. La tasa de rendimientos de “hacer política” es decreciente. Se construyó un sistema de abandono por goteo mientras la sociedad hacía sacrificios, se atomizaba y acumulaba resentimiento.
Podemos imaginar al menos tres escenarios constitucionales no excluyentes. El primer escenario deviene al reconocer el hecho de estar encaminados hacia un periodo de desconstitucionalización fuerte que llevará a que la Constitución desaparezca del ya deteriorado debate público. La Constitución actual no es un horizonte político y su mención se desacredita por inefectiva. Tanto políticos como empresarios no la usan como marco para el juego político. Es más, empresarios contratan a políticos con estudios jurídicos paralelos a su función pública para conseguir excepciones judiciales a la Constitución. El mismo Gobierno gobierna en paralelo a la Constitución.
En un segundo escenario el Gobierno de Milei, más allá de las especulaciones que le dan poco futuro, podría construir las mayorías políticas necesarias para reformar la Constitución en el mediano plazo. Previsiblemente y bajo una justificación de volver a las Constitución de 1853 con su liberalismo político y económico clásico. Es mucho más fácil la derrota económica de la Constitución sin tener que reformarla, eso es lo que se hizo anteriormente. Sin embargo, si logra construir mayorías políticas, una facción política en el Gobierno piensa en una Constitución sin derechos sociales, sin la reforma de 1949-1957, sin la reforma de 1994, una Constitución de liberalismo clásico como en 1853 pero con reelección.
El tercer escenario es ir hacia una reforma del Estado de Derecho buscando crecer en la excepción en temas de seguridad, cárceles y lucha contra el narcotráfico. Un modelo Bukele autóctono, aggiornado. Manipulando la indignación social y los pánicos sociales para ampliar y justificar el Estado punitivo y represivo profundizado. Una ampliación ya lograda por las agendas progresistas que intentan solucionar violencias sociales con violencias para-judiciales y judiciales. Se intentará gobernar a través de la inseguridad, el miedo y la excepción, un orden militarizado y panicoso, impulsando la privatización de las cárceles y un régimen de garantías constitucionales diferentes, más regresivo, menos liberal.
Algunos "no la ven", niegan hechos y responsabilidades, esperan liderazgos inexistentes, se suman al pensamiento mágico o al fatalismo depresivo. Es entendible, situaciones extremas traen cultos de crisis con creencias extremas. Quienes están luchando por la supervivencia no la pueden ver, están concentrados en lo vital, lo importante y hay que ayudarlos siempre, no importa a quién hayan votado. Los que la vieron hace años son los que incentivaron las guerras culturales de fragmentación social para que la sociedad, el pueblo, se empobrezca a sí mismo, con resentimiento, odio identitario y de clase, con ansiedad e impulsos autodestructivos. Para ver otro horizonte, hay que salir de la supervivencia, reconstruir la atención y proyectar un futuro con la sociedad enojada, con el grito electoral todavía no procesado. Especialmente con esas mayorías que no se está escuchando, que se sigue juzgando y que tienen justas razones para su descontento.
Lucas Arrimada da clases de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.
