sábado 12 de junio de 2021
OPINIóN Pandemia y economía
20-04-2020 13:05

Un freno a la impagable deuda

Es una decisión justa y atinada dejar de pagar por tres años. Para acordar un nuevo esquema debe abordarse seriamente una investigación y auditoría de la deuda.

20-04-2020 13:05

En el marco de la pandemia de coronavirus, el Gobierno argentino -una vez más priorizando la salud y los derechos humanos de la población- anunció la decisión de no pagar la deuda por tres años y propone una reestructuración de la deuda con una quita.

Cuando asumió Alberto Fernandez la deuda pública de Argentina ya era insostenible, lo cual fue así expresado por el propio FMI en febrero de este año al concluir su visita, por lo que los acreedores privados debían hacer -según ellos- una "contribución apreciable" para subsanarlo. Argentina comenzó el 2020 con una deuda de 332 billones de dólares, por los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 148 billones debidos a obligaciones con privados.

El ministro Guzmán resumió la actual propuesta de Argentina en un período de gracia de tres años, al cabo del cual se pagaría un cupón inicial de 0,5% (y 2,33% de promedio a lo largo del período de repago), una quita nominal de 5,4% del stock de deuda sujeta a reestructuración (USD 68.842 millones) y una reducción de USD 37.900 millones (equivalente a 62%) en los intereses. Los acreedores esperan los detalles que Argentina presentará ante la Comisión de valores de los Estados Unidos y comenzará un período de negociaciones de 20 días.

Cuáles son las 60 actividades esenciales permitidas en la cuarentena "administrada"

Paralelamente es extendida la preocupación mundial por la caída de la economía y  una recesión más grave que la de la crisis del 30. En la propia reunión de primavera del FMI-Banco Mundial (esta vez en modo virtual), varies economistas, funcionarios y “líderes” internacionales propusieron la suspensión de pagos de deuda para los países en desarrollo y coincidieron en la necesidad de aumentar los recursos de ambos organismos, para asistir en particular a esas economías. Así, Lawrence Summers -ex secretario del Tesoro de EEUU- y Gordon Brown -ex primer ministro británico- pidieron una moratoria por dos años para “las economías emergentes que necesiten ayuda” y les economistas de Harvard, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff (ex economista jefe del FMI), propusieron congelar por dos años todos los pagos de deuda soberana, salvo los de los países con calificación crediticia AAA (EEUU, Japón, Alemania, etc). Por su parte, el Papa Francisco en la Misa de Pascuas pidió la reducción o condonación de la deuda de los países más pobres y ayudas a los más débiles por la crisis del coronavirus.

En este contexto, celebramos la decisión del Gobierno nacional y vemos con buenos ojos el acompañamiento de la oposición, asumiendo la política de Derechos Humanos como una política de Estado. Es una decisión justa, atinada y consecuente con ese marco dejar de pagar por tres años. Pero advertimos que para acordar un nuevo esquema de pagos - que es ahora lo que se busca en las negociaciones- debe abordarse seriamente una investigación y auditoría de la deuda, para anular los reclamos fraudulentos, ilegítimos o ilegales, sino vamos a terminar en el mismo lugar, más tarde o más temprano: pagando con el hambre, el retroceso de derechos, una deuda que el Pueblo no debe.

El default total, una opción concreta: dogmatismo o razonabilidad

En el 2002 desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos propusimos impulsar un tratado que diera marco jurídico internacional al tratamiento de la insolvencia de los Estados soberanos desde una perspectiva de Derechos Humanos, que regulara con normas de fondo y procesales las reestructuraciones de deuda y que creara un Tribunal internacional para la deuda de los pueblos integrado por juristas independientes para revisar los títulos y resolver sobre la insolvencia de los Estados soberanos con respeto a los derechos humanos de la población garantizando un proceso participativo. Sugerimos también evaluar la posibilidad de demandar penalmente a los responsables políticos del Estado Argentino y de los organismos financieros internacionales ante la Corte Internacional Penal por genocidio económico en aquellos casos de nueva deuda contraída o de refinanciación de deuda o de pago de intereses a pesar de la extendida indigencia de la población por hechos producidos con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho organismo el 11 de abril de 2002. Cuando asumió Néstor Kirchner llevamos esas propuestas a Guillermo Nielsen, entonces Vice Ministro de Economía.

Argentina se decidió por la vía política de la negociación soberana en términos económicos, algo respaldado en general por la mayoría de les economistas, aún progresistas, y los decisores económicos. Con una tasa de crecimiento cercana al 8%, Kirchner logró acordar con el 76% de los acreedores de Argentina y reestructuró gran parte de la deuda.También realizó un gesto de fuerte valor simbólico: después de arduas peleas con el FMI desde 2004 ante sus presiones para profundizar el ajuste, pagó toda la deuda con el FMI (US$9.800 millones), poniendo fin a la injerencia de ese organismo en el país. CFK reabrió la negociación con los tenedores de bonos en 2010, aumentando la cantidad de deuda reestructurada al 93%.Sin embargo, un 7% -los "holdouts", que eran principalmente de "fondos buitre"-  no aceptaron la quita ofrecida por Argentina.Por estos motivos, los Kirchner no tuvieron acceso al mercado de capitales durante sus 12 años de gobierno.   

Es momento de seguir generando oportunidades para gestionar el bienestar

Entre 2003-2015 la deuda nominal de Argentina siguió aumentando (de US$180.000 millones a más de US$240.000 millones), pero su peso real en la economía se redujo drásticamente, por eso se habló de"desendeudamiento". La relación entre deuda y PIB bajó, reduciéndose al 52% y la proporción de deuda en dólares se achicó y empezó a haber más deuda en moneda local (en 2001 solo el 3% de la deuda era en pesos, para 2015 representaba casi un tercio del total).

Todo esto se revirtió con la llegada de Macri. Apenas asumió, acordó pagarle a los fondos buitres con la excusa de volver la Argentina al mundo para recibir las inversiones que nunca llegaron. La deuda argentina volvió a dispararse y al final de su mandato, superaba los USD 320.000 millones. En relación al PIB, llegó a estar por encima del 90% en 2019, su el último año de gobierno, y para colmo la composición de la deuda de forma perjudicial para el país pasó a ser del 80%en dólares.

Entretanto en los foros internacionales de Derechos Humanos donde como sociedad civil seguimos batallando, en 2004, se logró que la Comisión de Derechos Humanos pidiera al Experto independiente en materia de Deuda externa que preparara unas directrices generales para que las sigan los Estados y las instituciones financieras privadas y públicas, nacionales e internacionales, en la adopción de decisiones y ejecución de programas de pago de deuda y de reforma estructural, para garantizar que el cumplimiento de los compromisos de la deuda externa no socaven las obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales fundamentales de los pueblos, con arreglo a lo dispuesto en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Después de un amplio proceso de consultas, en junio de 2012 el Experto independiente presentó al Consejo de Derechos Humanos los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos. El Consejo los aprobó en su resolución 20/10, de ese mismo año.

Horacio Rodríguez Larreta: "Mi obsesión es el cuidado de los adultos mayores"

En 2014 tuvimos la satisfacción que el Gobierno argentino recuperara la línea del planteo jurídico internacional desde la perspectiva de los Derechos Humanos y planteara ante las Naciones Unidas la necesidad de un marco jurídico para los procesos de reestructuración de deuda soberana, a partir de la situación que enfrentaba la Argentina y para que las acciones que llevaban adelante los fondos buitre no se volvieran a repetir. Así obtuvimos una Resolución histórica en la Asamblea General en base a la propuesta impulsada por nuestro país para crear un marco legal que fue aprobada por 124 países, con sólo 11 votos en contra y 41 abstenciones(A/RES/68/304). En 2015 la Asamblea General aprobó los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana (A/RES/69/319) con 136 votos a favor, 6 votos en contra (Estados Unidos, Israel, Canadá, Japón, Alemania e Inglaterra) y 41 abstenciones. Luego en Argentina la Ley  27.207 los declaró de orden público.           

Aunque poco se haya avanzado en las Naciones Unidas en la elaboración de ese marco jurídico internacional, es tiempo de usar los instrumentos jurídicos del Sistema de derechos Humanos a nuestro favor. Debemos exigir se acelere la adopción de ese tratado.

Además, entre nuestros principales acreedores está el Fondo Monetario Internacional (FMI), que entre 2018 y 2019 le entregó al gobierno anterior de Mauricio Macri, uno de los préstamos más grandes de su historia, por más de USD 44.000 millones. El FMI es parte de las instituciones de Bretton Woods. Debe respetar el Sistema internacional de Derechos Humanos del que forma parte.

Cuando asumió Alberto Fernandez la deuda pública de Argentina ya era insostenible, lo cual fue así expresado por el propio FMI.

Más allá de las opiniones políticas que nos merezcan los gobiernos que contrajeron deuda sin contrapartida de beneficios reales para nuestro pueblo y el rol negativo de las recetas del FMI en las grandes crisis económicas en América Latina y el resto del mundo, hay concretas posibles responsabilidades penales de sus funcionaries que deben ser investigadas. Por esto es necesario una auditoria de la deuda, para dotar de transparencia a todo el proceso.

Somos muchas las organizaciones, movimientos y redes a nivel global que resistimos al neoliberalismo y venimos desarrollando incidencia, investigación y construcción de alternativas ante el actual modelo que privilegia el capital por encima de la vida.

Pandemia y oportunidades, o riesgos "positivos"

Las deudas de las personas y familias vienen aumentando más rápido que el coronavirus, por causa de la privatización de muchos servicios públicos y su escalada de tarifazos, los períodos de retiro de Estado por parte de gobiernos que incumplen obligaciones prioritarias y el empobrecimiento de la población básicamente por inflación. Estas son las deudas que deben ser canceladas sin más demora. Una deuda sostenible es aquella que no viole los derechos humanos de nuestra población.

Necesitamos unirnos desde los pueblos para lograr respuestas locales y globales frente a los retos en los territorios afectados por las crisis sanitaria, alimentaria, económica y ambiental.