Este 29 de julio se cumple un nuevo aniversario del hecho ocurrido en 1966 conocido como “la noche de los bastones largos”. Esa denominación proviene de que miembros del Cuerpo de Infantería de la Policía Federal usaron los sólidos y gruesos bastones con que estaban equipados para golpear a estudiantes y profesores en el desalojo de algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires.
Para contextualizar este suceso, cabe recordar que unos pocos años atrás, el 7 de julio de 1963, se habían realizado elecciones presidenciales. En ellas, con la proscripción del peronismo, había triunfado Arturo Illia, el candidato de la UCRP (Unión Cívica Radical del Pueblo), una de las dos fracciones en que anteriormente se había dividido la Unión Cívica Radical. Illia asumió la presidencia el 12 de octubre de ese año y, si bien el hecho de que la mencionada proscripción debilitó en el origen su gobierno, trató de llevar adelante una obra de corte popular. Entre otras medidas, bajo su mandato, se sancionó la ley del salario mínimo,vital y móvil; se anularon anteriores contratos petroleros contrarios al interés nacional; se aumentó el presupuesto en el área educativa; se sancionó la ley de medicamentos.
Nunca más noches de bastones largos
A pesar de cierto bienestar económico logrado en la época, el gobierno de Illia sufrió una fuerte campaña de desgaste impulsada por sectores empresariales y de las Fuerzas Armadas, y llevada a cabo por diferentes medios periodísticos. Hacia fines de 1965, el comandante en jefe del ejército, general Juan Carlos Onganía, pidió su pase a retiro en disconformidad con el nombramiento del secretario de Guerra.
Poco tiempo después, los tres jefes de las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado el 28 de junio de 1966 derrocando a Illia. Se disolvieron el Congreso y los partidos políticos, y se nombró presidente a Onganía, quien asumió el cargo al día siguiente dando comienzo a un gobierno de facto que se autodenominó “Revolución Argentina”.
En esa época, las universidades nacionales gozaban de un régimen de autonomía, es decir, cada una de ellas elegía sus propias autoridades y decidía sobre los temas que le competían. Sin embargo, como era de esperar, poco tiempo después del golpe de Estado, el 29 de julio de 1966, se dictó la ley N° 16.912. Esta ley, que fue dispuesta por el presidente Onganía (pues al haberse disuelto el Congreso concentraba la facultad para legislar) señalaba: “Corresponderá al Ministerio de Educación y Justicia el ejercicio de las atribuciones reservadas por los estatutos de las Universidades a los Consejos Superiores o Directivos. Funciones de los Rectores o Presidentes de las mismas y de los Decanos de las Facultades. No podrán realizar actividades políticas los centros o agrupaciones estudiantiles”. En otras palabras, se daba fin a la autonomía universitaria, pasando a estar los rectores y decanos bajo la autoridad del Ministerio de Educación.
Frente a esta medida del gobierno, diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires fueron tomadas por profesores y estudiantes en repudio a ella. Esa misma noche, la Guardia de Infantería de la Policía Federal procedió al desalojo violento de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que entonces funcionaba en la Manzana de las Luces, en Perú 222.
Asimismo,circunstancias similares se vivieron en la facultad de Filosofía y Letras, que en esa época se encontraba en Independencia 3065.
Existe una conocida anécdota que refleja el fin violento de la autonomía universitaria en esa fecha. Cuando entraron los policías a la facultad de Ciencias Exactaspara desalojar el lugar, su decano, Rolando García, salió al encuentro del oficial que dirigía el operativo diciéndole: “¿Cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano de esta casa de estudios”. La respuesta que recibió García a su reclamo fue un fuerte bastonazo en su cabeza que le provocó una herida.
En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires se había producido un vigoroso proceso de renovación académica enmarcado dentro del llamado proceso de “modernización cultural”, que se había iniciado en 1955 luego del derrocamiento del gobierno peronista, y las facultades mencionadas eran dos de los principales focos de esa empresa. Por ejemplo, la primera computadora científica del país, conocida usualmente como “Clementina”, comenzó a funcionar en mayo de 1961 en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la cual había sido traída desde Gran Bretaña gracias a la gestión de Manuel Sadosky, vicedecano de dicha facultad, lo cual era un acontecimiento de avanzada para la época. Por otra parte, en la facultad de Filosofía y Letras, se habían creado las carreras de Sociología y Psicología, disciplinas que lograron un importante desarrollo en el período.
También hay que recordar la creación de una editorial universitaria propia, EUDEBA (Editorial de la Universidad de Buenos Aires). Bajo la dirección de Boris Spivacow, esta llevó adelante una labor de difusión cultural de gran relieve, ya que su propuesta era llegar a un público amplio con libros de calidad, cuyo lema “Libros para todos” sintetizaba el espíritu de la empresa.
Todo ese proceso de renovación cultural se vio interrumpido bruscamente en 1966. La consecuencia nefasta de la intervención a la universidad fue quenumerosos profesores e investigadores decidieron renunciar, así como que otros tantos fueron cesanteados. Fue así comose originó un éxodo de prestigiosos académicos que emigraron a otros países o se refugiaron en centros privados, entre los cuales los nombrados Rolando García y Manuel Sadosky son un claro ejemplo.
El recuerdo de lo ocurrido con “la noche de los bastones largos” y la consecuente abrupta interrupción de una universidad que desarrollaba una labor de jerarquía nodebe ser interpretadocomo una especie de mirada nostálgica hacia un momento considerado como una época dorada de la vida académica. Más bien debe ser interpretado como una llamado de atención ante la situación actual, en la cual se le están escatimando los fondos necesarios para su normal funcionamiento. De persistir en esta política que está llevando a cabo el actual gobierno, no es necesario que se intervengan las universidades como en 1966, ya que igualmente se estarían creando las condiciones para un nuevo retroceso de la vida académica y un eventual éxodo de calificados científicos.
