Se vende: Milei vuelve con el clásico de liquidar las empresas del Estado

El proyecto de Ley Ómnibus enviado ayer por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso insiste y refuerza la línea de las modificaciones de ley ya propuestas en el DNU para comenzar el desguace del Estado Nacional, y de cualquier atisbo de Estado de benefactor, específicamente. Concretamente, en el anexo 1 lista 41 empresas sujetas a privatización e incluye desde las más conocidas y rentables como YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA o el Banco Nación, las que son resultado de una política de soberanía científica y comunicacional activa como ARSAT y hasta algunas menos conocidas pero centrales para el funcionamiento del Estado (y públicas en cualquier país serio) como La Casa de la Moneda, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina SA o los canales de comunicación del Estado.

Entrar aquí a discutir sobre la buena o mala administración de cada empresa sería un error. El Presidente Milei propone privatizar todas las empresas directamente y aquí siendo “bien pensada” puedo suponer que se debe a un  profundo sesgo ideológico, lejos del pragmatismo que algunos intentan ver en su gobierno. Desde la óptica neoliberal, el problema de estas empresas es simplemente ser parte del Estado, como si de repente los accionistas fueran las 4 o 5 mayores fortunas del país, el management, el servicio, la mirada estratégica, la innovación y los resultados, fueran a ser inmediatamente mejores. Pero, ¿de dónde surge esa concepción?

Dentro de la teoría económica ortodoxa, encontramos una rama conocida como public choice o teoría de la elección pública la cual se ha encargado de explicar teóricamente por qué el objetivo de “los políticos”, o la denominada “casta” en este nuevo contexto, es simplemente buscar su reelección o permanecer en el cargo. Partiendo del individualismo metodológico, explica cómo los actores políticos actúan igual que los económicos: maximizando su utilidad (esto quiere decir ingresos o riquezas) y por tanto su comportamiento en los cargos públicos es espurio. James Buchanan es el economista estadounidense que lideró esta teoría y su obra maestra ​​fue The Calculus Consensus, junto a Tullock. Buchanan fue unos de los primeros en 1960 en criticar y cuestionar los principios keynesianos y en 1986 recibió el Premio Nobel de Economía. Lo más relevante de la mirada de public choice es que al suponer que los burócratas y los políticos juegan sus propios intereses a la hora de implementar políticas públicas, se estaría dando lugar a que aumente el déficit público.

Esta mirada sobre la política y el Estado claramente cuestiona en realidad los propios cimientos democráticos y deja espacio para simplificaciones tales como: “todos los políticos son iguales”, “se aferran al sillón”, “están ahí por la plata”.

Del otro lado de la biblioteca, están los y las economistas que hablan de public economy o la economía del sector público, en lugar de public choice. Aquí el libro de manual de referencia es el de Joseph Stiglitz y de mucha importancia también las bases de Atkinson sobre el rol del Estado en la economía respecto a los impuestos y la distribución del ingreso. Es decir, desde otra perspectiva, se entiende que el Estado tiene y debe intervenir en la economía y en los mercados. La teoría más clásica mira esta intervención exclusivamente en casos de fallas de mercado (no hay privados que quieran administrar sin subsidios y/o garantía de renta el servicio de trenes por ejemplo), o de monopolios naturales (regular el precio del subte porque es una única empresa la que tiene el servicio) o de manera de morigerar la desigual distribución del ingreso, considerando que los impuestos sirven para recaudar pero también para desincentivar acciones que no son deseables (el clásico ejemplo es el impuesto al tabaco, al alcohol o a los juegos de azar). 

Pero avanzando un poco más, vemos que los Estados que han conseguido desarrollarse lo han hecho de la mano de un Estado que planifica e interviene en la economía, piensen rápidamente Japón, Corea del Sur, China y por supuesto también en los países europeos y el mismo Estados Unidos. Por eso, economistas como Mazzucato reivindican el rol del Estado en la economía también para el sector privado, ¿o ya nos olvidamos de la necesidad de lo público durante la pandemia del Covid-19 por ejemplo?  

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Hay océanos de tinta que hablan de la economía de los Estados Unidos y su libertad de mercado. Parece curioso que cuando se habla de ella nadie hace mención a algunas políticas de Estado como es el desarrollo de la agencia DARPA del Ministerio de Defensa, que fue la responsable de la creación de internet y de muchos elementos que utiliza entre otros objetos, el iphone.

En nuestro país, tenemos hitos históricos sobre el rol del Estado en la Economía que tienen un rol esencial para el desarrollo nacional, como muchas empresas públicas del Estado: ¿estarían conectadas nuestras provincias sin Aerolíneas Argentinas? ¿Se habría explorado Vaca Muerta sin la Estatización de YPF? ¿Tendríamos una sucursal o un cajero automático en pueblos con 2000 habitantes sin el Banco Nación? ¿Podríamos tener un impulso a las pymes sin el BICE?¿habría desarrollo nuclear en Argentina sin el Estado?

Déjenme dudar por último de que esto no sea una cuestión ideológica, sino de negocios. Podríamos repasar aquí el proceso de privatización de los 90s y encontraríamos que muchos de los beneficiarios de aquel entonces son hoy socios de Javier Milei. El servicio de las empresas privatizadas en ese momento no mejoró, empeoró, los precios para los usuarios no bajaron, subieron, la capacidad de innovar y buscar el desarrollo nacional se eliminó de raíz. Pero algunos se llevaron la plata afuera. Si no es ideológico es por negocios. 

Argentina necesita liderazgos pragmáticos, y honestos, que entiendan que la innovación, el desarrollo y la planificación económica necesitan de un Estado inteligente y presente. Y sobretodo, que comprendan que los bienes comunes (agua, energía, transporte, cultura, salud, educación) los debemos gestionar entre todos, con más y mejor democracia, no desde el autoritarismo despótico.

*Economista, docente de Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Avellaneda y directora del Banco Ciudad