Juan Carlos Soto murió ayer al arrojarse al vacío desde la Autopista 25 de Mayo hacia la Avenida San Pedrito, al intentar evitar ser detenido. El delincuente, que viajaba en un auto junto a otros tres cómplices cuando la policía los interceptó para identificarlos, tenía un pedido de paradero por “falsificación de documento público, averiguación de paradero y compradendo en una causa instruida en 2017, a requerimiento del juzgado en lo criminal y correccional Federal N°10.
“Nadie entiende por qué se tiró”, dijo a PERFIL una fuente policial que estuvo en el lugar. Al menos, “los antecedentes no eran tan graves”. Desde 2011, tiene fichas por el delito de robo, lesiones y portación de arma de guerra.
Soto traspasó una red de contención y cayó sobre unas bolsas de arpillera con tornillos y sobre un patio de ladrilllos. Fue trasladado de urgencia la Hospital Fernández, pero no sobrevivió al golpe.
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El hombre fallecido, de 29 años, y los tres detenidos escapaban en un vehículo por la Avenida Campora. Luego tomaron la autopista pero se trabaron en el peaje, donde le mostraron las armas a los policías que los seguían. Tiraron la barrera y a unos 600 metros, mano a capital, son reducidos. En ese momento, tiran las armas hacia la calle. Soto, elige arrojarse.
En cuanto a los otros tres detenidos, los antecedentes son más serios. Gustavo Trigo presenta en su hoja criminal con varios puntos. De 26 años, había sido excarcelado en junio de 2018 luego de ser condenado por robo. En 2009, cuando era menor de edad, lo encontraron culpable del delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda reiterado (en tres hechos).
En 2011, cuando todavía era menor, fue procesado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. En 2016 fue condenado a cuatro años de prisión. Su pena vencía el 14 de septiembre de 2019.
Alejandro Cardozo Velazquez, también de 26, fue condenado a seis años de prisión en 2013 en una causa por homicidio agravado por uso de arma de fuego. Un juzgado de ejecución le concedió la libertad asistida en 2015. Al año siguiente, fue acusado por el robo de un vehículo en vía pública, Esa causa estaba elevada a juicio.
Nahuel Jairo Zapata, debía estar preso hasta febrero de 2020, aunque accedió a la libertad condicional en octubre de 2018. Sus laureles: delito agravado por el uso de arma de fuego en reiterados hechos, portación de arma de guerra y robo agravado por el uso de armas de utilería en grado de tentativa.
En tanto, la División de Balística, encontró que las cuatro armas secuestradas en el hecho, supervisado por el jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, resultaron ser aptas para el disparo y que, una de ellas -una pistola Bersa, modelo BP 9 CC, con numeración erradicada- podría estar vinculada a tres causas diferentes, en 2016 y 2017. Todas, en la Ciudad de Buenos Aires.
