Las consecuencias legales por infringir la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual pueden alcanzar tanto a quienes reproducen como a quienes distribuyen contenidos protegidos sin autorización. En ese marco se inscribe la causa conocida como Magis TV, una de las plataformas ilegales de televisión digital más difundidas en el país, vinculada también a otros servicios de streaming pirata como Fútbol Libre. En la Argentina, estas conductas están penadas con multas y, en casos agravados, con sanciones de prisión, especialmente cuando se acredita ánimo de lucro.
Iván Santiago Funes, mendocino de 29 años, fue citado por el Juzgado Correccional N°6 de San Isidro para una audiencia preliminar fijada para el próximo 3 de febrero a las 10. El objetivo del encuentro será analizar salidas alternativas al juicio oral por el delito de infracción a la Ley 11.723.
Funes, registrado formalmente como técnico en reparación y mantenimiento de equipos informáticos, deberá presentarse de manera virtual junto a su abogado defensor, Fernando Madeo Facente, ante el juez Hernán Sergio Archelli.
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Una red de revendedores en todo el país
Funes no es el único imputado. En la causa también figuran el chubutense Jorge Ulises Velázquez (43), el rionegrino Miguel Contreras (37), el misionero Roberto Viñales (50) y el fueguino Matías Ian Mazza Sanabria (23). Todos fueron detenidos o imputados tras una serie de allanamientos realizados en julio pasado en distintas provincias.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos de Zona Norte, dirigida por el fiscal Alejandro Musso, y forma parte de una estrategia regional impulsada por la Alianza Contra la Piratería y LALIGA para combatir la distribución ilegal de contenidos audiovisuales.
Según fuentes del expediente difundidas por Infobae, Magis TV opera como un consorcio de empresas de origen asiático, que controla el software y los servidores, mientras que en países como Argentina se despliega una red de revendedores locales. Algunos de ellos son considerados de “alta gama” por el volumen de ventas y la infraestructura utilizada.
En ciertos casos, los imputados comercializaban TV Box con la aplicación ya instalada; en otros, ofrecían usuarios y contraseñas para acceder al servicio ilegal. El modelo permitía monetizar el acceso a cientos de señales de televisión, eventos deportivos en vivo y plataformas internacionales sin pagar derechos.
Allanamientos y cifras millonarias
Uno de los casos más resonantes es el de Jorge Velázquez, dueño de la empresa proveedora de Internet UV Mundo Digital, con clientes en Trelew y Rawson. Para los investigadores, su rol era especialmente grave: combinaba la provisión legal de conectividad con la venta masiva de cuentas de Magis TV Pro.
De acuerdo con registros incorporados a la causa, Velázquez habría recibido más de 4.300 transferencias en menos de un año, por un monto superior a los 160 millones de pesos, a través de una billetera virtual. Los pagos provenían de usuarios que abonaban el acceso al servicio ilegal.
Otros imputados, como Contreras —que operaba bajo el alias “Byron”—, ofrecían planes mensuales y aceptaban pagos tanto por billeteras digitales como en criptoactivos. Sanabria lo hacía bajo la marca “AbelTV”, mientras que Funes promocionaba su servicio como “Vimo Multimedia”, incluso con una página web activa.
DCQ
