Denuncian a funcionarios de PROCUNAR por hacer pasar a un narco como testigo en una causa contra un juez
El abogado Aníbal Ibarra denunció a un juez y a los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad, entre otros funcionarios, por "disfrazar" a un testigo de identidad reservada en la causa contra el ex juez Soto Dávila y sus secretarios.
Causa Sapucay |
NA/Ministerio de Seguridad
El abogado y ex jefe de Gobierno porteñoAníbal Ibarra denunció a un juez y fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), entre otros funcionarios judiciales, por disfrazar a un hombre acusado por narcotráfico como "testigo de identidad reservada" en una causa contra el ex juez Carlos Vicente Soto Dávila. También incluyó en la denuncia al fiscal federal Carlos Stornelli, a cargo de la Fiscalía 4.
Según la presentación, cuyo sorteo se hizo en los últimos días y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N°2, además de Stornelli los denunciados son los fiscales Diego Alejo Iglesias y Martín Uriona, de la PROCUNAR, el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, el Fiscal Federal correntino Flavio Ferrini, el defensor oficial Gustavo Kollman, el ex Juez Federal a cargo del Juzgado N. 12, Sergio Torres, y el mencionado "testigo", Renzo Jesús Molina.
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La denuncia contra los acusados es por los delitos de "asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falso testimonio agravado, omisión de denuncia, encubrimiento agravado, falsedad ideológica y prevaricato". Este último refiere a cuando una autoridad dicta una resolución arbitraria sabiendo que la misma es injusta y contraria a la ley.
En el escrito, se expresa que la supuesta "estrategia de favorecimiento de los traficantes" y las acciones que se realizaron para "perseguir ilegalmente a los funcionarios judiciales" fueron elaboradas por el juez Torres junto con los ficales Iglesias y Uriona, a quienes acusa de conformar un "círculo de relación personal muy fuerte entre ellos".
Aníbal Ibarra.
Por otro lado, señala a Stornelli de haber "intervenido formalmente con su firma en varios dictámenes pero sobre la base de lo decidido en forma conjunta" con los otros tres funcionarios judiciales; y a Schaefer y Ferrini, por "intervenir durante el sumario acompañando a Iglesias en los dictámenes y en lo que denomina "la maniobra Renzo Molina".
"Más allá de la sentencia que finalmente recaiga en ese expediente durante su trámite se han verificado graves irregularidades, algunas delictivas, que significaron la protección a jefes del narcotráfico por parte del Ministerio Público Fiscal, por un lado, y la persecución ilegal a funcionarios judiciales y abogados, por el otro", añade la presentación.
El testigo "disfrazado"
Ibarra apuntó contra Renzo Molina, quien aparece mencionado en múltiples escuchas telefónicas citadas como pruebas de cargo. Este hombre, según el ex jefe de gobierno, es un vendedor de menudeo.
"Se ha probado manipulación de la prueba por parte del Ministerio Público Fiscal y la utilización intencional de un supuesto testigo que en realidad era una persona vinculada a las bandas de narcotraficantes que ellos debían investigar y al que nunca investigaron", manifiesta.
La denuncia asegura que los fiscales y el juez involucrados conocían la identidad del supuesto testigo, que se mantuvo protegida hasta avanzado el proceso oral y público. “Utilizaron la reserva de identidad para que no se advirtiera la maniobra; lo hicieron declarar con la pantalla en negro y un sistema de distorsión de voz”, precisó.
El testimonio que dio Molina fue clave para incriminar a Soto Dávila, que fue condenado en junio de este año a la pena de 6 años de prisión por cohecho pasivo y prevaricado a raíz de haber beneficiado a personas investigadas por narcotráfico donde se lo acusó de cobrar sobornos.
Los fiscales Shaefer e Iglesias habían pedido 15 años de prisión al reclamar también se lo condene por asociación ilícita, este último delito no fue aceptado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En ese proceso, también fueron condenados sus secretarios Carlos Molina y el mencionado Federico Grau, a la pena de cinco y cuatro años, respectivamente.
La muerte de "Morenita" Marín
La presentación menciona que un tal "Renzo" era mencionado como traficante por otros delincuentes, como Federico Sebastián "Morenita" Marín, el narco más buscado en el país y uno de los principales contrabandistas de marihuana del Litoral, que murió en agosto pasado tras un enfrentamiento armado con Gendarmería y la Policía Federal.
"El juez de instrucción Sergio Torres le creyó a Marín porque homologó su declaración como colaborador y, a partir de ella, libró varias órdenes de detención entre las que se encontraba la de mi defendido Grau. Dicho de otra manera, la declaración como arrepentido Marín provocó la detención de los funcionarios judiciales y de varios abogados del fuero correntino", añade el escrito.
A través de un posteo en la red social "X" (ex Twitter), Ibarra acusó que Marín "había acordado con el fiscal Diego Iglesias un mentiroso arrepentimiento en 2018 para involucrar en supuestas coimas" a Soto Dávila. "Marín no precisó fugarse de la cárcel. Como retribución por su ‘colaboración’ el fiscal consiguió en octubre de 2022, la prisión domiciliaria que la propia PROCUNAR había pedido insistentemente desde 2019”, escribió.
Ibarra consideró que “esa prisión domiciliaria era inexplicable jurídicamente”, porque “Marín había sido condenado a 20 años de prisión , era reincidente, era jefe de una banda de narco que utilizaba armamento pesado, había estado prófugo varios años y tenía causas abiertas en medio país”.
