Nuevamente la Policía Bonaerense se ve afectada por serias irregularidades y graves denuncias que afectan a varios de sus integrantes. En este caso, se los acusa de exigirles a comerciantes (en su mayoría supermercados chinos) la entrega de cajas con mercadería navideña con el fin de pasar las Fiestas en las dependencias, a cambio de “mayor seguridad y protección”. Pese al temor por reprimendas, algunas de las víctimas se animaron a radicar la correspondiente denuncia, y ya interviene la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), donde se inició un informe y una posterior investigación que podría llegar a concluir con exoneraciones.
El pasado 18 de diciembre, propietarios de negocios ubicados en la ciudad de Quilmes le contaron a las autoridades judiciales el mal que los aquejaba: “Refirieron que recibieron visitas de agentes policiales, quienes les reclamaron la entrega de canastas navideñas y, a cambio, ellos les ofrecían mayor seguridad”, le dijo a PERFIL una alta fuente con acceso a la investigación, y mencionó que dos de esos locales están emplazados en la zona de Carlos Pellegrini y Zapiola y en la intersección de la avenida Calchaquí con Belgrano, en Quilmes Oeste. “En ambos lugares se repitió el mismo patrón”, detalló.
Si bien ya se está analizando el tema para determinar responsabilidades y futuros castigos, el proceso camina lento ya que, desde el cambio de gobierno y la asunción del gobernador Axel Kicillof con su equipo de trabajo, aún no se sabe quién se hará cargo de la AGAI bonaerense. Su ex titular, Guillermo Berra, renunció el 10 de diciembre pasado, aunque por el momento continúa al frente hasta que el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, lo confirme en el cargo o designe a su reemplazante. “Esto que está pasando ahora con los pedidos navideños se esperaba: sin auditor, no hay nadie que controle”, se lamentó un comisario, quien pidió reserva de identidad.
Las sanciones. La ciudad de La Plata también se vio afectada por esta lamentable metodología, donde una serie de supermercados, todos regidos por el mismo ciudadano de origen chino, se vio prácticamente en la obligación de hacer caso a la solicitud policial. En un documento al que este diario tuvo acceso, se lee el pedido que hace el encargado de una comisaría de la capital provincial. En el mismo se destaca: “En pos del avenimiento (sic) de las celebraciones navideñas, solicito a usted colaborar con la proveeduría de mercadería correspondiente a la ocasión (pan dulce, budín, confituras, turrón, sidra, etc.) para el personal que componen las diferentes oficinas de este elemento, resultando en total noventa personas”.
El vocero indicó que las visitas abarcaron comercios de diferentes zonas, como Barrio Norte, Los Hornos, Tolosa, Meridiano V, el área céntrica y hasta la localidad de City Bell. “Se presentan con los mismos móviles de la jurisdicción, mientras la ciudad se prende fuego con innumerables asaltos. Y no piden solo pan dulce, sino cajas enteras de mercadería”, se lamentó, y agregó: “Los propietarios tienen miedo de que si no entregan los que se les pide, les liberen la zona y envíen delincuentes a robarles. Aun así, quien aglutina a todos los locales está recolectando los registros fílmicos que quedaron como evidencia en las cámaras de seguridad para denunciar los hechos. Incluso ya averiguaron cuál es el Juzgado de Garantías y la fiscalía penal en turno, y tienen registrados a cuatro oficiales, que son quienes aparecen en las distintas imágenes”.
En cuanto a la metodología empleada, graficó: “Los titulares de la comisarías les enviaron la nota a los comerciantes de su jurisdicción, pero los encargados de llevarla no fueron los policías a su cargo, sino los de otra dependencia”. ¿El motivo? “No exponer nuevamente a nuestra gente”, de acuerdo a los mismos implicados.
Un policía ya retirado, con años de experiencia en el servicio de calle, aclaró ante PERFIL que esta metodología no es nueva, sino todo lo contrario. “Siempre se manejaron así con los comerciantes; los policías ven las entregas como donaciones”. Sin embargo, aceptó que “está mal pedir y no pueden hacerlo”.
En cuanto a las penas que podrían recaerles en caso de hallaron responsables, desde la AGAI señalaron que “habría que ver cada caso, pero al menos sería una sanción suspensiva”, sin que se descarte la exoneración. “Si se consiguen los testimonios de las víctimas y se refuerza con las imágenes de las cámaras de seguridad, podrían ser suspendidos sin goce de sueldo y hasta cesanteados”, aclaró un vocero. Por el momento, sin embargo, “no se apartó a nadie porque no hay un auditor general designado”.
Y el mismo, en concordancia con el antiguo numerario del servicio de calle, mencionó que “no corresponde pedir. Uno puede recibir presentes para pasar las Fiestas, de acuerdo, pero tienen que ofrecértelo y tampoco así está bien visto aceptarlo. En todos los casos, tienen que hacerlo los comerciantes y muchas veces te insisten o te lo llevan a la comisaría, pero es algo interno y no para repartir. Además, te dan los que ellos pueden o quieren”. En relación a los mencionados casos de Quilmes y La Plata, dijo: “En estos casos, pidieron ellos y pidieron de todo. Y hasta fueron a jurisdicciones aledañas que ni siquiera le corresponden”.
“Volvió la era nefasta de la Bonaerense”
“Se demostró que la Jefatura Departamental La Plata, bajo el mandato de Darío Camerini, le brindaba seguridad a los comercios que pagaban coimas y, tras una buena gestión de Diego Bravo, volvió la era nefasta de la Bonaerense”, le dijo a PERFIL un alto funcionario de la fuerza.
Camerini fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión, acusado de conformar una red de recaudación y distribución de dinero ilegal, y también por recepción de dádivas y asociación ilícita. Su segundo, Rodolfo Carballo, recibió una pena de cuatro años y diez meses y Ariel Huck, jefe de calle, tres años y medio. Por los mismos delitos, se condenó a cuatro años y seis meses al ex secretario de la Departamental, Walter Skramowsky.
Los jueces dieron por probado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 “un grupo conformado por al menos siete policías integraron una asociación ilícita”. La investigación se inició a través de un llamado anónimo que terminó en un allanamiento a la Departamental La Plata en abril de 2016, donde se encontraron $ 153 mil. Ese dinero, se estableció, lo recaudaban los comisarios extorsionando a los comerciantes de su jurisdicción.
