La Sala I de la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación para que se analice la responsabilidad de la agrupación Montoneros en el atentado al comedor de la Policía Federal ocurrido el 2 de julio de 1976. El tribunal declaró la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini donde los acusados habían sido sobreseídos, entre ellos Horacio Verbitsky y Mario Firmenich.
Los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia consideraron que debe investigarse la hipótesis de una grave violación a los derechos humanos, si encuadran como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En tanto, también se debe evaluar si inicia un juicio para dar respuesta a los familiares de las víctimas.
El hecho ocurrió hace 46 años en la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal. Mediante la colocación de un artefacto explosivo, que detonó en el comedor de ese lugar, fallecieron 24 personas y más 60 resultaron heridas. Los detalles del ataque, considerado el más sangriento cometido por la mencionada agrupación, fueron relatados en el libro "Masacre en el comedor", del periodista Ceferino Reato.
En su momento se había señalado como responsables a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza; entre otras personas que integraban la Organización Montoneros.
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“No se ha considerado el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas”, indicaron Bertuzzi, Llorens y Bruglia en el fallo. "La resolución es inválida porque prescindió considerar cuestiones previas y expresamente introducidas en derredor de la maniobra denunciada, las cuales necesariamente había que merituar para dar una respuesta suficiente en los términos exigidos por la norma antes aludida”, agregaron.
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En 2006, la juez federal había rechazado una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra los acusados del hecho. Pero a fines de 2021, un grupo organizaciones civiles y 400 abogados solicitaron la reapertura de la causa y que la misma sea declarada "imprescriptible". Entre los firmantes estaban la Asociación Defensores de DDHH Latinoamericanos, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Centro de Estudios Salta, y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos.
También figuran centenares de abogados y víctimas de organizaciones terroristas, como el caso de Eduardo Emilio Kalinec y Alicia de León por su hijo Ernesto Osvaldo Matienzo en su condición de víctimas directas.
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Servini rechazó esa petición porque consideró que la acción penal ya estaba prescripta pero los magistrados de la Sala I de la Cámara Federal sostuvieron que omitió "valorar circunstancias y elementos conducentes para la solución del caso" y que no ponderó "todas las aristas que se desprenden de la impugnación formulada".
"A efectos de que se agoten todas las hipótesis posibles con los que se pueda afrontar un hecho como el contenido en esta causa, corresponde declarar la nulidad del decisorio y devolver las actuaciones a la anterior instancia para que se proceda conforme lo indicado”, concluyeron en su escrito.
