Con el presupuesto 2019 prorrogado y el objetivo de no aumentar el déficit primario, Alberto Fernández comienza a definir cómo gastar los recursos con los que cuenta. Sus ministros armaron distintos papers con las prioridades a atender en cada área y ahora el Presidente será el encargado de pasar el bisturí.
“Aunque tengamos que hacer un ahorro fiscal las demandas no desaparecen. Hay prioridades y vamos a ir con un bisturí no solo para atender las urgencias, sino también estudiando dónde generaremos el impacto más fuerte que ayude a la reactivación económica”, dice uno de los funcionarios encargados de revisar los presupuestos junto a cada ministro.
En el Ministerio de Transporte que conduce Mario Meoni planifican utilizar financiamiento de los organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial destinados al desarrollo logístico. Además, buscarán reabrir las líneas de financiamiento vigentes con China y exploran inversiones rusas en los ferrocarriles y puertos. Los recursos propios serán direccionados a la tecnología aplicada al transporte de pasajeros (ómnibus y trenes). En cuanto a la política de subsidios, desde esta cartera explicaron a PERFIL que “con el rediseño lo podemos mantener en niveles razonables y poder, a través de la SUBE darle más equidad al subsidio de pasajeros y no de empresas”. Para la ejecución inmediata discutirán con Fernández sobre el avance de la hidrovía y trenes de cercanía. En el documento que planean defender suman la electrificación del Tren San Martín, la culminación del Belgrano Sur y la redefinición de la obra del soterramiento del tren Sarmiento. El Presidente apuesta a que los distritos bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires por los que pasan las vías se hagan cargo de las obras.
Reclamos. Los gobernadores e intendentes llegaron estas semanas al Ministerio de Obras Públicas, Gabriel Katopodis para reclamar por las obras paralizadas durante los últimos meses de Mauricio Macri. En la negociación con Nación no piden el inicio de nuevos proyectos, sino la culminación de los ya empezados. “Aún esos están en revisión”, responden desde esta cartera. El viernes, el ministro recorrió junto al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich un acueducto que lleva meses paralizado a pesar de haberse iniciado en 2011. Su finalización ya figura entre las prioridades ya que permitirá abastecer de agua potable a 26 localidades. En Obras Públicas un relevamiento inicial e informal da cuenta de que entre el 50 y 60% de las obras están frenadas. Cloaca y agua potable es la prioridad. Katopodis quiere darle al ministerio una visión humanista acompañando las obras con otras políticas públicas. Por eso trabajan en manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social que comanda Daniel Arroyo. A los barrios más humildes adonde llegará la tarjeta alimentaria también llegarán las obras.
El equipo de Guzmán empieza a surfear la negociación con el Fondo y acreedores
En ésta área es en la que Fernández deja el bisturí al costado. “La premisa es identificar qué sectores perdieron más que otros y darle más a los que vienen muy golpeados”, dicen en el primer piso de la Casa Rosada. La tarjeta alimentaria lanzada en Concordia continúa en el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y San Miguel de Tucumán. Para marzo se prevé cubrir el 80% de la población que lo necesita. El paso siguiente será vincular planes con trabajo. Además, preparan el lanzamiento de los microcréditos para comprar herramientas y máquinas para producir.
Hay áreas nuevas y carteras que recuperaron su rango ministerial como Trabajo. Los tiempos de trámites administrativos para poner en funcionamiento el área son más largos ya que hay estructuras por revisar. Muchas de los sectores habían desaparecido durante la gestión anterior por convertirse en Secretaría, pero otras continuaron. El ministro Claudio Moroni reconoce que muchas de ellas tuvieron un buen desempeño gracias a los trabajadores de planta permanente que ahora buscará devolverles las jerarquías. “En sus prioridades y lo urgente, está atender aquellos ingresos fijos que son los que perdieron poder adquisitivo”, dicen desde el ministerio. En materia salarial, impulsarán un aumento de los ingresos de aquellos salarios postergados. Luego de esto, planean avanzar en la regulación de actividades que hoy se desarrollan bajo situaciones confusas en cuanto a su régimen jurídico, como los servicios de mensajería a través de plataformas digitales y, trabajar en la formalización del empleo en negro.
Los objetivos de la ministra Sabina Frederic pasan por pensar la seguridad de una mera integral y federal. Buscará que los agentes de la fuerza tengan mejoras en sus salarios e invertir en tecnología. También pedirá destinar recursos para capacitación de acuerdo a los delitos de cada provincia. Planea reconvertir la Policía Federal en una fuerza de inteligencia criminal. Seguirá revisando protocolos de la gestión anterior. La policía le aseguró que la normativa antipiquete no funciona, pero no quiere que haya dudas sobre ello.
“Vamos a ir aflojando a medida que recuperemos los ingresos”, ya les adelantaron desde el equipo económico a los ministros sobre los gastos.
El carnaval swinger del ajuste
Debate en la Rosada sobre el congelamiento de sus sueldos
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública abrió el debate por el gasto político. Ante el pedido del gobierno de Alberto Fernández para que los distintos sectores hagan un esfuerzo, la oposición reclamó también la solidaridad de la clase política.
Con la suspensión por 180 días de los incrementos salariales de los legisladores nacionales, ahora las miradas apuntan al Poder Ejecutivo. El propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habló de reducir los gastos de la política y de terminar con algunos privilegios que ahora están en revisión.
Según pudo averiguar este medio, las autoridades superiores, que son los cargos políticos, tienen su salario atado a las paritarias de la Administración Pública Nacional. De la paritaria acordada en 2019 quedan aún dos aumentos: uno del 5% en enero y otro del 5% para febrero. Esto se sumará al 18% de aumentos que tuvieron durante el año.
Pero en el gobierno, la discusión está abierta. Hay funcionarios de primera línea que entienden que el congelamiento de salarios puede ser un mensaje mediático a la sociedad en el reclamo de solidaridad pero detallan que “los salarios de la administración pública no son el problema de las cuentas. Este es un discurso sensible y complicado porque tiene un mensaje muy negativo de los políticos como gente que vive del Estado y para afanarse lo que es de todos”, dicen en la Casa Rosada. Y agregan que “el discurso de austeridad de Cambiemos es muy relativo, porque el gesto de congelarse los salarios más altos y despedir gente de categorías bajas vino de la mano de la ampliación de categorías más altas”.
