POLITICA
Polémica judicial

Luego de su aprobación en el Senado, Alberto Fernández firmó el pliego de la jueza Ana María Figueroa

La decisión del Presidente se dio luego de que la Cámara Alta validara la continuidad de la exmagistrada por cinco años más. El nombramiento se completará cuando se publique en el Boletín Oficial.

Ana María Figueroa
Ana María Figueroa | Senado

El presidente Alberto Fernández firmó esta tarde el decreto con el que el oficialismo buscará restituir a la jueza Ana María Figueroa en la Cámara Federal de Casación Penal por cinco años más. La decisión tuvo lugar luego de que el Senado votara a favor del pedido de prórroga de la excamarista en su cargo.

Junto al pliego de Figueroa, el jefe de Estado firmó el de otros diez magistrados. Se espera que la medida aparezca publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, lo que dará por completado el acto de nombramiento. "Está por salir en el Boletín Oficial junto a otros" jueces, informaron fuentes de Presidencia a Noticias Argentinas.

La jueza Figueroa espera el decreto de Alberto Fernández para ir al Consejo de la Magistratura y pedir que la rehabiliten

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Antes de la firma del mandatario, desde el entorno de Figueroa habían adelantado a PERFIL que la cesada magistrada de 75 años tiene una decisión tomada: una vez que se publique el decreto en el Boletín Oficial recurrirá al Consejo de la Magistratura para pedir que se ejecute lo establecido por el trámite constitucional

En ese sentido, una vez que tenga el decreto del Ejecutivo, le pedirá al Consejo de la Magistratura que cumpla con lo establecido por el Senado y el Poder Ejecutivo, y le devuelva la investidura judicial, las claves y el acceso al sistema de gestión judicial Lex 100. Eso ocurrirá en un terreno hostil, donde ya hizo efecto la decisión de la Corte de cesarla en su cargo. 

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Antes de su jubilación, Figueroa tenía que resolver los expedientes de Los Sauces-Hotesur y la firma del memorándum con Irán, causas en las que está acusada Cristina Kirchner.

En la resolución que firmaron el 6 de septiembre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti establecieron que se debía poner en conocimiento de la decisión al Consejo "a fin de que adopte las medidas que estime necesarias". Y lo primero que hubo fue un pedido para que se inicie el proceso para cubrir su vacante, durante la última reunión de la Comisión de Selección.

La Constitución establece que "un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años". El artículo 99 inciso cuarto agrega que "todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite".

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Sin embargo, el jueves de la semana pasada, la presidenta provisional del Senado definió que la Cámara Alta aprobara el pliego de Figueroa. La legisladora, que presidía la sesión ante la ausencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, tuvo que desempatar luego de un doble empate en la votación.

Desde abril el interbloque del Frente de Todos intentaba avanzar con ese pliego para aprobarlo antes de que la magistrada cumpliera los 75 años, edad máxima que establece la Constitución Nacional para establecer ese cargo. Sin embargo, Juntos por el Cambio logró bloquear las sesiones. No obstante, el oficialismo sumó otros bloques, lo que le permitió obtener el quórum y avanzar aún después de que la Corte había definido por unanimidad que la magistrada se tenía que jubilar.

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Luego de la votación, era necesario el decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial para que vuelva a ser nombrada. Una vez que se cumpla ese paso, se podrá decir que se completó el acto de nombramiento.

Antes de su jubilación, Figueroa tenía que resolver los expedientes de Los Sauces-Hotesur y la firma del memorándum con Irán, ambas causas en las que está involucrada la vicepresidenta. Tras su salida, la Sala I de Casación resolvió reabrir los expedientes, los cuales habían sido cerrados en 2021 luego de que la Justicia determinara que no había delito, por lo cual no era necesario realizar un juicio oral.

MB / Gi