POLITICA
Intento de magnicidio

"Era joda" y "No soporto más": dos detenidos por el atentado a Cristina Kirchner pidieron su libertad

Se trata de Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, jefe de la denominada "Banda de los Copitos". A su vez, ambos solicitaron su desprocesamiento de la causa por falta de evidencia.

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Agustina Díaz y Nicolás Carrizo | Agencia NA

Agustina Díaz y Nicolás Carrizo, dos de los cuatro detenidos por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, declararon este miércoles ante los jueces de la Cámara Federal porteña y solicitaron ser desprocesados en la causa y la inmediata puesta en libertad por ausencia de pruebas.

La amiga de Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel, participó a través de la plataforma Zoom, mientras que el jefe de los fabricantes de algodones de azúcar, conocidos como "La Banda de los Copitos" estuvo presente en los tribunales de Comodoro Py. 

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Ante los camaristas federales Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, Carrizo comenzó aclarando los dichos de Jacquelín Mamani, su ex pareja y madre de un hijo en común, que había afirmado que al joven le estaba por salir una fuerte fuente de ingresos económicos y "se iba a cagar en guita".

Sobre ello, aseguró que "siempre le pasa dinero" y les pidió a los jueces que “tomen la decisión correcta”. Además, insistió en que los chats que lo comprometen con la organización del intento de magnicidio de la ex jefa de Estado eran “una joda” y que fueron hechos en un contexto de "humor negro".

Nunca pensé que una joda así me iba a terminar llevando a la cárcel”, subrayó. Y agregó: "Yo quiero irme de ahí. No soporto más".

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El carro de "Copitos" en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner.

Carrizo dijo además que las personas que lo conocen "saben el tipo de humor que tengo. He hecho peores bromas, no soy lo que dicen los medios".

La defensa de Carrizo, a cargo de Gastón Marano, pidió que se le otorgue "la libertad total" o se morigere su detención con, por ejemplo, una prisión domiciliaria, y que se declare la nulidad del procesamiento.  

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En tanto, el abogado Marcos Aldazábal, que representa a Cristina Kirchner, pidió que se confirmen los procesamientos con prisión preventiva, aunque admitió la posibilidad de que se reduzcan los embargos, de diez millones de pesos en cada caso.

Por su parte, Marano cuestionó la actuación de la jueza de primera instancia, María Eugenia Capuchetti,  por denegarle la declaración de testigos, lo cual podría haber mejorado su situación procesal. También la acusó de tener “legajos reservados” a los que no pudo acceder pero igualmente se "filtraron a la prensa".

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Otro de los que tomó la palabra fue Pedro Molina, defensor de Díaz, que también apuntó contra la jueza federal Capuchetti. "Le faltó coraje para buscar la verdad”, lanzó.

Sobre esta línea, consideró que el procesamiento dictado por la magistrada fue “prematuro” y que la “profusa comunicación” que entendió que acreditaban la participación de la amiga de Uliarte en el complot se redujo a dos intercambios de Whatsapp con ella, uno el  4 de julio y otro el 27 de agosto.

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Fernando Sabag Montiel, el hombre que le apuntó a Cristina Kirchner, y su novia, Brenda Uliarte, quien está señalada como instigadora del hecho.

“No entiendo el imaginario de la jueza sobre cómo planifican un atentado con dos comunicaciones en las que Díaz no dice nada que la vincule con el ataque ni muestra que tuviera conocimiento de lo que iba a ocurrir”, aseguró el letrado.

Molina también rechazó la prueba de cargo de la activación de antenas de los teléfonos celulares de ambos en una misma zona y acusó que el informe es "parcial e incompleto" porque "o muestra en qué horarios se activaron los teléfonos”.

Los procesamientos de Carrizo y Díaz

Carrizo y Díaz están señalados como partícipes secundarios penalmente responsables del delito de “homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa”.

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En ese contexto, fueron embargados por $100 millones, cada uno. Al considerar su procesamiento, la jueza estableció que “los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz”.

Sagab Montiel, quien gatilló el arma contra la Vicepresidenta sin que saliera el disparo, y Uliarte no apelaron los procesamientos. En su caso, están imputados como coautores del intento de magnicidio que tuvo lugar la noche del 1 de septiembre frente al domicilio de la vicepresidenta en el barrio de Recoleta, en Juncal y Uruguay.

fp / ds