Las autoridades de Brasil y Argentina lograron finalmente llegar a un acuerdo para la entrega de pruebas del pago de sobornos de la constructora Odebrecht, sus socias locales y otras compañías brasileñas que habrían pagado sobornos a ex funcionarios argentinos entre 2008 y 2014.
El acuerdo tendrá consecuencias que exceden a Odebrecht y que van en sintonía con el caso que ahora se conoce como “los cuadernos de las coimas”. Muchas de las empresas que fueron noticia por la causa que gira en torno al ex chofer Oscar Centeno ya son blanco desde hace casi dos años de varios expedientes judiciales sobre presunto pagos de coimas a ex funcionarios kirchneristas que estuvieron al mando del ex ministro Julio De Vido. Techint, Camargo Correa, Roggio, Esuco, Iecsa, BTU, Contreras Hermanos, Supercemento y José Cartellone son las otras protagonistas de este megacaso de corrupción.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, aprobó un texto modelo con las pautas que permitirán a la Justicia acceder a documentos y testimonios clave en el pago de coimas. Sólo en el caso de Odebrecht, se estima un mínimo de US$ 35 millones en coimas.
“Este modelo de acuerdo es una herramienta para los fiscales federales. Ellos decidirán si requieren o no utilizarla para avanzar en sus investigaciones”, dijo un fuente de la Procuración. El acuerdo, que implicó negociaciones durante cinco meses entre el jefe de los fiscales, Cancillería y la Oficina Anticorrupción junto a los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez y las autoridades brasileñas, abre las puertas para la llegada de información documentada sobre movimientos de dinero, registros bancarios, sociedades offshore utilizadas para el pago de coimas, el relato de los ejecutivos arrepentidos y los nombres de los intermediarios que hicieron posible la ruta de los sobornos.
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“Este modelo de acuerdo no se agota en Odebrecht sino que podrá utilizarse para acordar con Brasil el envío de pruebas para otras investigaciones que alcanzan a otras constructoras involucradas en el Lava Jato, como Techint, Contreras Hermanos y Camargo Correa, o el caso de la compañía eléctrica Transener”, contó a PERFIL uno de los funcionarios que participó en las negociaciones.
El acuerdo se pondrá en marcha en los casos relacionados directamente con Odebrecht y sus socias locales a través de los fiscales Picardi y Federico Delgado, con la asistencia del fiscal general Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En una segunda etapa, otros fiscales de los casos Techint y Transener –que involucra a Electroingeniería, del ahora detenido Gerardo Ferreyra– seguirían los mismos pasos, confirmaron fuentes judiciales a este medio.
Odebrecht y sus socias locales son investigadas en cuatro expedientes: el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas (Aysa), la ampliación de los gasoductos 2006-2008 y la refinería de YPF en Ensenada. Además, otra constructora brasileña, Camargo Correa, es investigada junto a Esuco –del ahora también detenido Carlos Wagner– por irregularidades en otra planta de Aysa en Berazategui.
Techint tiene dos frentes judiciales por el Lava Jato y además es investigada por el presunto pago de coimas en Italia y Brasil, como reveló PERFIL.
Las condiciones. El acuerdo tiene dos puntos centrales, según relataron fuentes de la Procuración argentina. Se fijó un límite al uso de la información que compartirá Brasil. Los fiscales que reciban testimonios y documentos que prueban el pago de sobornos no podrán utilizar las pruebas en contra de los ejecutivos y cueveros que las aportaron. En segundo lugar, los fiscales tampoco podrán compartir esas pruebas con otros magistrados de Argentina o cualquier otro país que investigue a Odebrecht sin la autorización previa de las autoridades brasileñas.
El primer punto fue un hueso duro de roer durante las negociaciones, confesaron miembros de la mesa de trabajo. “Partimos de un texto que exigía a la Argentina compromisos rígidos. El acuerdo original incluía la exigencia de Brasil de recibir las pruebas a cambio de no iniciar ningún proceso judicial (penal, civil o administrativo) contra los arrepentidos, pero finalmente se acordó un compromiso más acotado: que la prueba no se utilizará en contra de los colaboradores que la aportaron”, contaron miembros de la mesa de negociación. Esto implica que si los fiscales argentinos tienen en su poder pruebas obtenidas de manera independiente contra los ejecutivos de Odebrecht o cualquier otra compañía, podrían usarla en contra de los colaboradores. Pero para eso, deberán obtenerla por otros medios.
Para Brasil, llegar a un acuerdo con Argentina también era una necesidad. El objetivo de la Justicia brasileña es seguir alentando el sistema de delación premiada, que permite a los investigadores pactar con los involucrados las confesiones y aportes de prueba que necesitan para cerrar los casos, y que fue la herramienta central del Lava Jato. A cambio de su confesión, los arrepentidos obtienen beneficios: la excarcelación, la prisión domiciliaria y la reducción de penas.
Para que este sistema siga siendo “exitoso”, Brasil requiere poder garantizar a los colaboradores que no serán perseguidos judicialmente en otros países. En Argentina, este acuerdo es la llave para completar el rompecabezas del mayor caso de corrupción de la obra pública.
