Hasta el próximo 30 de noviembre, fecha en la que culmina el período ordinario en el Congreso, el oficialismo y la oposición acordaron extender el Protocolo de Funcionamiento Remoto, que permite la realización de sesiones mixtas. El documento -que vence este miércoles 21 de octubre- había sido firmado luego del escándalo que se vivió en el recinto y en las afueras del Parlamento por la exigencia de Juntos por el Cambio de implementar el formato presencial.
El nuevo acuerdo se concretó a través de la firma digital, entre el domingo y el lunes de esta semana, por parte del presidente del cuerpo, Sergio Massa, y los jefes de bloques. Se trata del texto que fue firmado el pasado 1° de septiembre que aclara que "en caso de la solicitud por parte de un bloque político, a fin de proponer el tratamiento de un asunto con modalidad presencial y remota, la Cámara deberá arbitrar los medios para su realización, facultándose a la Presidencia para tal fin".
Aunque en un principio se habló de la necesidad de contar con un estadio o espacio más amplio como podía ser el CCK, según publicó El Parlamentario, se podrían acondicionar los palcos para posibilitar que la sesión se realice en el recinto. Para ello, Juntos por el Cambio, la segunda bancada con más miembros, se comprometió a no llevar más de 90 diputados. De todos modos, quienes integren grupos de riesgo podrán solicitar su participación remota, como así también los que por nota fundada lo soliciten ante la Presidencia.
Fernando Iglesias rechazó el acuerdo de sesiones virtuales: "Es suicida"
El protocolo se pondría a prueba con la posible llegada del proyecto de aborto legal, como adelantó PERFIL, que fue reclamado en el último pañuelazo virtual a Alberto Fernández. El próximo jueves, Massa recibirá a Marta Alanis, referente histórica de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, en respuesta a un pedido de las mujeres defensoras de la interrupción del embarazo.
En la agenda, el oficialismo intenta aprobar el Presupuesto 2021, tratar el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas y un proyecto que prohíbe la ayuda estatal a empresas con activos en guaridas fiscales. Las tres leyes se debatirán con más presencialidad de diputados.
Por el momento, la reforma judicial y la rebaja de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires no se discutieron ni siquiera en comisión. También se aguarda por el proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que debería sancionarse antes de diciembre.
DR/FF
