El mediodía de hoy marcará el inicio de un nuevo encuentro de la mesa de diálogo en el penal federal de Devoto, que se abrió allí el 24 de abril, cuando un grupo de presos tomó los techos, en medio de un motín, en busca de que se otorguen prisiones domiciliarias en medio de la pandemia de Covid-19. Parte de la atención está puesta en la asistencia de Juan Martín Mena, secretario de Justicia y cuya presencia fue exigida por los presos luego de que este se ausentará en el último encuentro, tras haber asistido los dos primeros. Los reclusos también reclaman la presencia de los cinco jueces de Ejecución Penal, de los cuáles solo una asistió el pasado jueves 30, último encuentro.
En el encuentro de hoy además de distintos representantes del Ejecutivo, también estarán enviados de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración Penitenciaria Nacional y del Comité de la Prevención de la Tortura, además de representantes de los presos y de sus familiares.
Desde el 30 la negociación entró en un impasse de espera hasta hoy. En el último encuentro tuvo un rol importante el Director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco. Fue él quien logró vehiculizar la reunión que parecía naufragar cuando los presos designados como referentes del penal se negaban a dialogar ante la ausencia de Mena, a quien consideran su “interlocutor ministerial”, ya que es la figura de mayor peso de la cartera de Justicia, que se presentó en el lugar. En ese escenario complejo también se destacó la figura de Pablo Barbuto, subsecretaría de Política Criminal, quien logró junto a Blanco que avanzara la charla.
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Sobre lo que se prevé avanzar hoy es sobre la situación de 405 detenidos que están en condiciones de acceder a una libertad condicional o asistida y sobre 805 casos de presos cuyas penas son menores a 3 años, dos escenarios que podrían resultar favorecidos en este contexto. Más allá del tratamiento del tema, la última palabra la tienen los jueces que son quienes tienen la firma sobre cada una de esas situaciones.
La postura de Losardo. La ministra Marcela Losardo sostuvo el último jueves que "de un total de 12.579 detenidos en el sistema federal en 35 unidades, salieron con domiciliaria 320" por coronavirus. "Salieron por el COVID-19 por estar en riesgo y lo determinó el Poder Judicial. No es cuestión de despegarse o no despegarse, sino de que se entienda el tema: nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales; pero estamos de acuerdo en que hay un grupo de alto riesgo", argumentó entorno del tema que escaló en los medios y la opinión pública, donde incluso motivó una serie de cacerolazos en rechazo a posibles beneficios a las personas privadas de su libertad.
