El juez federal Julián Ercolini ordenó este jueves la intervención de Idea SA, la firma de Osvaldo Sanfelice encargada de la administración del hotel Alto Calafate, en el marco de la causa Hotesur. El fallo se suma a la larga lista de decisiones, que apuntaron directo al patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus allegados.
En este expediente, la actual senadora por Unidad Ciudadana está involucrada junto a sus hijos, Máximo y Florencia, procesados en mayo pasado por presunto lavado de dinero junto al contador Víctor Manzanares y el empresario y presunto testaferro de la ex familia presidencial, Lázaro Báez, entre otros. En su entramado judicial, CFK acumula embargos, inhibiciones e intervenciones a sus empresas, desde mediados de 2016. Todas ellas, junto a la conocida hoy, apuntan a garantizar un posible futuro recupero de los activos provenientes de ilícitos.
En la resolución, publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), se explica que la intervención, que había sido pedida por el fiscal de la causa Gerardo Pollicita, tendrá “facultades de información, administración y recaudación por el término de seis meses con la remoción de sus actuales autoridades”. El magistrado entendió que la situación actual “impone la necesidad de adoptar nuevas medidas tendientes a garantizar el aseguramiento del patrimonio pasible de recupero que, en última instancia, dependería del buen funcionamiento de las empresas involucradas”.
La medida se suma a las que viene haciendo el magistrado desde 2016, después de que Cristina abandonara la presidencia. Entre ellas, la primera fue embargar los 4.664.000 de dólares encontrados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner. El hallazgo se produjo en la caja 999 de la casa matriz del Banco Galicia, en el microcentro porteño, en julio de 2016. Ese monto se sumó a los U$S 1.032.144,91 de la caja de ahorro en dólares y a los 53.280,24 de la caja de ahorro en pesos nro. 4021118-4198-7, registrada, también a nombre de la hija menor del ex matrimonio presidencial.
Ercolini también decretó la inhibición general de bienes de Florencia y de su hermano mayor, el hoy diputado Máximo Kirchner, y de las firmas Hotesur SA y CO.MA SA. En “la medida de la participación que los nombrados tuvieran en aquéllas”, remarcó este jueves.
El magistrado recordó que a mediados del año pasado se designaron veedores informantes respecto de las firmas Hotesur SA, Valle Mitre SA e Idea SA. “Se decretó la inhibición general de bienes de las últimas dos y la prohibición de innovar la composición accionaria de todas ellas, como así también de distribuir dividendos”, sostuvo. A eso se sumó que, tras recibir las declaraciones indagatorias, entre agosto y diciembre del años pasado, Ercolini ordenó la intervención judicial con “facultades de información, administración y recaudación respecto de la firma de Hotesur SA”, que tramita por separado.
Al momento de decidir los procesamientos de todos los involucrados en la causa, desde CFK y sus hijos hasta su sobrina Romina Mercado, Báez y Manzanares, Ercolini trabó embargos de hasta 800 millones de pesos cada uno.
