Pablo Lanusse (abogado de Sara Garfunkel, madre de Alberto Nisman) insistió este miércoles en hablar de una "matriz de impunidad" en torno a la muerte del extitular de la UFI-AMIA, y pidió que el supuesto crimen se investigue como un "magnicidio".
En una audiencia realizada este miércoles ante la Cámara Federal de Apelaciones, el letrado sostuvo que la muerte del fiscal fue parte de un "plan criminal" que empezó mucho antes del 14 de enero, cuando Nisman presentó su denuncia por el Pacto con Irán, y agregó que dicho plan se extendió más allá del 19 de ese mes, cuando el cuerpo sin vida de Nisman fue encontrado en el baño de su departamento con un balazo en la cabeza.
Lanusse sostuvo que se trató de un "crimen de Estado" y que la investigación debe ser englobada dentro del contexto de la denuncia que presentó por supuesto encubrimiento a los sospechosos de cometer el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. "No se puede escindir la muerte de Nisman de la causa que investiga el Memorándum", expresó.
Con vehemencia, Lanusse habló de "vasos comunicantes" entre los expedientes y puso especial hincapié en las personas denunciadas por el fallecido fiscal, entre ellas la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su canciller, Héctor Timerman. En su exposición, el abogado también dio cuenta del recorrido de la denuncia de Nisman desde que se presentó hasta que se reabrió y también del expediente por la constitucionalidad del Memorando con la República de Irán.
El abogado expuso sus planteos en una audiencia frente a Leopoldo Bruglia, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones que deberá decidir en la causa. La intervención de este magistrado no estaba prevista, pero la salida de Eduardo Farah (tras el escándalo de Cristóbal López) lo llevó a formar parte. El camarista Martín Irúrzun fue quien consideró que, ya que Bruglia debe intervenrir, era necesario que escuchara las partes. Por eso asistieron Lanusse y Gabriel Palmeiro, abogado del técnico informático Diego Lagomarsino, acusado como partícipe necesario del homicidio de Nisman, a pesar de que no estaban obligados.
Lanusse aseguró en su alegato que "Nisman hacía lo que le correspondía, aún a sabiendas de lo que le podía pasar", en referencia a la denuncia. Y aseguró que el fiscal tenía información en su poder y que existía la posibilidad de que la exprocuradora Alejandra Gils Carbó lo removiera en su cargo en los primeros días de 2015.
El abogado, que encabezó la única querella que llegó a la instancia de apelación, afirmó que "hubo zona liberada" en torno al departamento de Le Parc, en Puerto Madero, donde el fiscal vivía y fue hallado sin vida. Luego apuntó no sólo a Lagomarsino y los custodios procesados en la causa, sino también a la causa que se abrió por la filmación de la llegada de Nisman a Ezeiza.
Por su parte, la postura de Palmeiro incluyó una sólida discusión técnica en la que planteó varios puntos sobre la admisibilidad de recurso que se usó para llegar a esa instancia. Y entre otros puntos destacó que Lagomarsino había sido llevado a la UFI AMIA por el propio Nisman, en detrimento de la postura esgrimida por Lanusse que habló de que el técnico era "una célula dormida", dentro del presunto plan criminal para matar al fiscal.
