En medio de la tensión y la polémica por las decisiones de otorgar libertades o excarcelaciones a presos en el marco de la actual pandemia de coronavirus, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmó una resolución para encomendar al Observatorio de Víctimas de Delitos, el seguimiento de aquellos procesos penales que puedan confrontar o desconocer los derechos contemplados en la Ley Nacional de Víctimas. Massa es uno de los referentes del oficialismo que tiene una postura diferente a la planteada por parte del gabinete en materia de beneficios a los detenidos. Desde que empezó la pandemia, en la provincia de Buenos Aires fueron excarcelados más de 2300 presos, en tanto que para mañana hay previsto un encuentro en el penal de Devoto entre Ejecutivo, Justicia y referentes de los detenidos, junto a otros organismos, en pos de avanzar con varias excarcelaciones con vistas a reducir la población carcelaria.
La decisión respecto del Observatorio fue adoptada en una reunión en el Congreso entre Massa, la titular de la Asociación Madres del Dolor, Viviam Perrone, y los integrantes del Observatorio Matías Bagnato, sobreviviente de la masacre de Flores, en la que fue asesinada su familia; Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson, la joven de 16 años asesinada por el encargado de su edifcio, Jorge Mangeri, y Guillermo Bargna, papá de Soledad, la víctima fatal de un violador excarcelado por el juez Axel López, en 2009.
"Resolvimos respaldar con medidas al Observatorio de Víctimas para que en la Argentina se cumpla la Ley de Víctimas", sostuvo Massa tras el encuentro, que se hizo en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados. Allí, el legislador nacional Ramiro Gutiérrez repasó un informe realizado por el Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecuciones de las Penas (SNEP), en el que hay datos de seguridad de la provincia de Buenos Aires y el resto del país al día de hoy.
Massa: "A los jueces que no cumplan con la Ley de la Víctima le iniciaremos juicio político"
La resolución establece que el Observatorio podrá articular "los mecanismos inteligentes y virtuales para la recepción de solicitudes de monitoreo de estas causas y las individuales donde se denuncie 'libertades irregulares' a los derechos de orden público contemplados en la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, en el Código Procesal Penal de la Nación y en la ley 24.660" de Ejecución de la Penal. Así como que deberán "tomar urgente contacto con el Procurador General de la Nación y de cada provincia para interiorizarse sobre la existencia de denuncias" sobre esas libertades.
Otro de los objetivos dispuestos será "conocer la cantidad de libertades, morigeraciones o beneficios en relación a las prisiones preventivas o condenas ya dictadas y fundadas en la emergencia sanitaria".
En tanto que también se dispuso que deberán "tomar contacto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Director Ejecutivo del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), a los efectos de obtener un informe sobre la concurrencia de víctimas a solicitar intervención y asistencia por 'Casos de Libertades y Beneficios' masivos o individuales en el marco de la emergencia sanitaria y el Coronavirus-COVID 19".
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Mientras que otras de las disposiciones fue "la conformación de un cuerpo de abogados y especialistas para asistir al cumplimiento de las tareas encomendadas y efectuar las presentaciones, denuncias o Juicios Políticos si correspondiera".
El lunes, Massa ya se había expresado sobre el tema y había sostenido: “Las penas o las sanciones son para cumplirlas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos”. De esa forma, rechazó la liberación de los presos de las cárceles, donde durante los últimos días se vivieron motines y represiones en los penales de Devoto y Florencio Varela, entre otros. Además, advirtió que algunos jueces podrían ser llevados a juicio político. En declaraciones radiales había afirmado que “algunos jueces están actuando de una manera absolutamente responsable”. Y anunció que daría instrucción “para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”.
