El Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires eligieron una disputa sin precedentes por las clases presenciales en medio de la segunda ola de COVID-19, que parece llevarse todo a su paso. Y en el momento en el cual se necesita la máxima coherencia posible y un trabajo conjunto por encima de las diferencias políticas, ideológicas y electorales, en Argentina ocurre todo lo contrario.
El presidente Alberto Fernández escuchó el miércoles pasado al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien insistió con la suspensión de clases por 15 días para frenar los contagios de coronavirus. Sin hablarlo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el primer mandatario tomó la decisión mediante un DNU, contra la opinión de sus ministros de Salud y Educación, Carla Vizzotti y Nicolás Trotta.
Horas después, el juevez, Rodríguez Larreta realizó una conferencia de prensa para pedir una reunión urgente con el Presidente para rever la medida. Diego Santilli llamó entonces a Julio Vitobello. La audiencia fue concedida para el viernes. En el medio, Fernández criticó la "prepotencia y la rebelión" del funcionario del PRO. Larreta fue a la Corte Suprema.
La audiencia fue una foto y nada más. La discusión nunca llegó a un punto en común y cada uno siguió su juego. El fin de semana el ala política de Larreta insistió con dar la pelea por las clases frente a un electorado que exigió respuestas duras. La campaña se terminó de colar en una discusión que debía ser exclusivamente sanitaria.
De esta manera, en solo 48 horas, la política porteña consiguió jueces que avalaran su teoría y "obligaran" al jefe de gobierno a llamar a clases presenciales, en contra del DNU dictado por el Presidente. Por la noche, Larreta lo comunicó de manera eufórica.
En Casa Rosada decidieron contraatacar. Lo sanitario quedó en segundo plano. El lunes, entonces, los padres porteños llevaron a sus hijos a la escuela. Pero no todos, ya que los gremios hicieron su jugada y convocaron a un paro por tiempo indeterminado para sumar nafta al fuego. Entonces los que pudieron fueron a clases. Los que no, no lograron tener ni virtualidad por el paro. Mientras tanto, Kicillof tildó de "repugnante" el fallo.
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La disputa en el plano judicial
Atento a este juego de ajedrez político en medio de un incendio inédito, la Corte Suprema se declaró competente para tratar la disputa entre las jurisdicciones. Pero en lugar de hacerlo rápido, el titular Carlos Rosenkrantz le otorgó un plazo de 5 días a la Nación para dar sus argumentos para defender el DNU.
En paralelo, Ricardo Lorenzetti, ministro del máximo tribunal y enfrentado con el flamante presidente del cuerpo, filtró a los medios el enojo que había y las internas dentro del sector. Se especulaba con una rápida respuesta de parte de Casa Rosada, pero nada de eso sucedió.
Sin embargo se metió el juez federal Esteban Furnari, quien dijo que el fallo porteño no tenía razón de ser, exigió que sea incompatible, dio de baja la medida y pasó todo, una vez más a la Corte Suprema. Esto sucedió a última hora del martes.
¿Qué pasó entonces? En un breve comunicado, la Ciudad desconoció el fallo, declaró que las clases presenciales seguirían "hasta tanto se expida la Corte Suprema". La comunicación llegó cerca de la medianoche. Sin puentes tendidos, con el diálogo roto por completo entre Fernández y Larreta, cada sector parece jugar su propio juego. En un momento donde la sociedad ruega un mínimo consenso, el poder mira otra película.
RI/FF
