El Frente de Todos avanza contra la Corte Suprema y también busca acorralar a la oposición

“Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dice el punto 24 del anexo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. El Gobierno puede presentar un detalle de los proyectos para tratar durante las sesiones extraordinarias pero también puede mencionar los temas sin precisar de qué iniciativa puntual se trata. Y esto último eligió la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra al redactar el texto con el objetivo de que no sólo se pueda tratar el pedido de juicio político que los diputados oficialistas introdujeron contra los cuatro miembros del máximo tribunal, sino también dos proyectos de la Coalición Cívica que apuntan solo contra Ricardo Lorenzetti. 

El legislador pampeano Hernán Pérez de Araujo fue el encargado de darle forma al proyecto que tiene 410 páginas e ingresó a la Cámara de Diputados este viernes con la firma de 15 legisladores. Al texto que ya había preparado la Casa Rosada, los legisladores Eduardo Valdés, Blanca Osuna, Vanesa Siley, Rodolfo Tahilade y Carolina Gaillard le sumaron aportes que van desde pruebas que muestran irregularidades sobre los fallos por la coparticipación y el Consejo de la Magistratura hasta nuevas acusaciones sobre lo que consideran “incumplimientos y desmanejos” en el control de la Obra Social del Poder Judicial y en el fallo que benefició al represor Luis Muiña con el 2x1. Todo fue recogido por Pérez de Araujo, quien terminó de armar el proyecto horas antes de su presentación. El proceso es contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.  

La comisión de juicio político se pondrá en funcionamiento el jueves 26 de enero. Allí se analizarán los distintos expedientes que incluyen el proyecto del oficialismo y dos pedidos de la Coalición Cívica contra solo un miembro del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Para este día serán citados los legisladores del Frente de Todos que hicieron la presentación este viernes con el objetivo de que ratifiquen la denuncia. Esto hará que la Comisión pueda emitir un primer dictamen en el que se le dará admisibilidad a la investigación y por el cuál se dará paso a la apertura de prueba. 
El próximo jueves 26 los legisladores Paula Oliveto y Juan Manuel López también deberán ratificar las denuncias contra Lorenzetti. Resultaría extraño que no lo hagan cuando su jefa política viene haciendo la presentación año tras año y en recientes declaraciones públicas lo calificó como “un juez corrupto y mafioso”. En ese caso, podría haber dos dictámenes con validez por tres años. 

Tal como contó PERFIL en su edición anterior, este magistrado no será quien ayude a Horacio Rosatti, envuelto en el escándalo de los chats entre su mano derecha, Silvio Robles, y el ministro porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro. Fueron varios dirigentes del peronismo a los que les llegó el mensaje de Lorenzetti, que también sonó en los oídos del Presidente: el apuntado debe ser Rosatti y no todos los miembros del alto tribunal. Sin embargo, es el extitular de la Corte quien la tiene más difícil ya que hay un sector de la oposición que también apunta contra él. 

Cruces. Quien saca a relucir esta interna entre el actual titular de la Corte y el expresidente del tribunal es María Bourdin. La mano derecha de Lorenzetti bautizó a Robles como el “vocero en off” y “vocero mudo” ya que no dio explicaciones sobre las conversaciones que lo involucran por las que fue denunciado y reclama que se ajuste a derecho. Hasta ahora, lo único que hizo Robles es negarse a entregar su celular. Los chats de Telegram en los que se ve involucrado que incluyen asesoramiento a Juntos por el Cambio detonó la vieja pelea del Palacio de Justicia.  
Bourdin viene apuntando desde hace días contra Robles y su jefe, Horacio Rosatti, pero ahora también empezó a mirar a Juan Carlos Maqueda. En 2003 este cortesano le pidió a Julio Nazareno “apartarse de la presidencia” del cuerpo ya que afrontaba 15 cargos en el Congreso. “No me quedan dudas de lo que va a hacer Maqueda cuando termine la feria”, escribió en sus redes sociales Miguel Nathan Licht, abogado y presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. Este mensaje fue compartido por Bourdin. ¿Maqueda de qué lado de la discusión se pondrá? ¿Le pedirá a Rosatti apartarse? Nadie cree que lo haga, pero Bourdin ya lo dejó en evidencia. 

El oficialismo estima que los legisladores opositores que integran la comisión de Juicio Político estarán presentes en las reuniones y allí buscarán marcar su posicionamiento a favor de un tribunal que tiene mala imagen en la sociedad. “Se van a sentar todos a defender a los jueces pero van a estar ausente en el recinto para votar proyectos que benefician a los argentinos”, explica un legislador. El Presidente envió 27 proyectos y muchos de ellos tienen que ver con reclamos de distintos sectores, incluso empresariales y del agro. Juntos por el Cambio ya lanzó la advertencia: si no sacan del temario la investigación contra la Corte, no darán sus votos incluso para proyectos que ellos mismos acordaron. 

El Presidente envió 27 proyectos y la oposición dijo que no negociará su aprobación

Cuando la comisión comience a funcionar, Juntos por el Cambio pedirá el apartamiento de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, con el argumento de que “no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso”. Esta discusión ya fue saldada por la Corte Suprema. La Comisión acusadora es presidida por un legislador, por lo que responder a un partido político que impulse el proyecto no es una irregularidad. Además, es el Senado quien juzga. Rosatti; Highton de Nolasco y Maqueda ya firmaron que “no puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial. Ello es así, pues la circunstancia de admitir múltiples recusaciones por prejuzgamiento o presunto interés en la destitución del funcionario llevaría a desintegrar el órgano establecido por la Constitución para efectuar el control entre los poderes”. Fue tras un recurso presentado por el juez Carlos Marchi para revertir su remoción por juicio político del Juzgado  en lo Civil y Comercial 5 de San Juan. También esta discusión ya se dio en el Senado y no avanzó. 

Aunque la comisión no tiene una fecha límite para emitir un dictamen, en el Frente de Todos estiman que las conclusiones estarán para fines de marzo o principio de abril. Antes de proceder o no a la acusación, pasarán por el Congreso a dar testimonio varios dirigentes y otros se ausentarán. También se podrán pedir pruebas a la justicia y hasta solicitar entrecruzamientos de llamadas. Uno de los legisladores firmantes del proyecto oficial reunió esta semana a su familia y le advirtió que en los próximos meses podría tener consecuencias. “Nunca en toda mi carrera fui citado por un tribunal ni siquiera como testigo y mucho menos tuve una causa, esto puede cambiar”, les dijo. Cree que un sector de la familia judicial podría salir en auxilio del máximo tribunal.