El escándalo de las falsas imágenes íntimas creadas con inteligencia artificial en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini escaló hasta el Gobierno nacional. En una jugada directa para presionar a las autoridades educativas, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, exigió formalmente a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que brinde respuestas claras sobre la falta de protección hacia las alumnas afectadas y el nulo freno a las intimidaciones de los agresores.
A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la cartera le solicitó al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, que remita un informe "circunstanciado" y preciso sobre el caso. El objetivo del Ejecutivo es conocer al detalle qué tipo de medidas de contención se adoptaron, qué amonestaciones disciplinarias se aplicaron y cuáles fueron las sanciones efectivas contra los estudiantes que manipularon, difundieron y comercializaron el material explícito de sus compañeras.
La preocupación oficial no solo radica en la gravedad tecnológica del hecho, sino en la escalada de agresiones posteriores. Desde el Ministerio advirtieron que este tipo de ataques se suman a otros episodios recientes que involucran tanto a alumnos del Pellegrini como del Colegio Nacional de Buenos Aires. "La reiteración de estos hechos resulta especialmente grave por afectar la integridad, intimidad y dignidad de las alumnas y por comprometer su derecho a desarrollarse y aprender en un hábitat educativo libre de violencia y en condiciones adecuadas de seguridad", sentenció el comunicado oficial.
El detonante que terminó de encender las alarmas en los pasillos de Capital Humano fue el nivel de impunidad que manejaron los agresores tras ser descubiertos. Las autoridades pusieron la lupa sobre un mensaje de tono mafioso que apareció escrito en los bancos de las aulas, donde los responsables advirtieron a las víctimas: “Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”.
Esta intimación por parte del Gobierno nacional llega para respaldar un reclamo que lleva semanas rebotando contra el silencio institucional. A más de dos meses de que el horror comenzara a circular en los grupos de WhatsApp de los alumnos de segundo año, las familias de las adolescentes aseguran que la respuesta del colegio fue puramente burocrática y que siguen esperando medidas que garanticen la tranquilidad de sus hijas.
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Más de dos meses de angustia y una causa judicial abierta
La pesadilla para las jóvenes de entre 13 y 14 años salió a la luz a fines de junio. El 30 de ese mes, la conducción del Carlos Pellegrini reconoció la existencia de los chats y anunció la inminente aplicación de los protocolos vigentes. Sin embargo, los familiares denunciaron este miércoles que, pese al paso de las semanas, las reuniones individuales y el receso de invierno, la institución sigue sin comunicar una resolución concreta contra los varones involucrados.
Frente a la lentitud del colegio, los padres decidieron llevar el caso a los tribunales. El pasado 16 de julio presentaron una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDICI) de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, enviaron cartas documento tanto al Rectorado como al Consejo Directivo de la UBA para exigir la aplicación urgente del protocolo contra la violencia de género.
Mediante un comunicado, las familias aclararon cuál es el verdadero espíritu de su ofensiva judicial. Explicaron que la denuncia no busca un castigo puramente punitivo contra los menores de edad, sino activar un rastreo informático que permita determinar si las imágenes generadas con IA continúan circulando en redes sociales o sitios de internet, para así bloquear de inmediato su comercialización.
Aunque el Pellegrini informó el 4 de agosto que finalmente se activó el “Protocolo por Violencia Digital” y se le dio intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño, la sensación de vulnerabilidad sigue intacta. Las familias reiteraron que no buscan dictar ellos mismos las sanciones, pero le exigen a las autoridades que asuman su responsabilidad, cierren el expediente disciplinario y demuestren con hechos que las aulas son un lugar seguro.
TC/MSS
