La Cámara Federal porteña revocó ayer los procesamientos que pesaban sobre los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y dispuso que se los siga investigando en el marco de la causa sobre supuestas maniobras de espionaje político desde las denominadas bases AMBA.
Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que la causa debe volver a manos de un juez de primera instancia para despejar las dudas que existen sobre los hechos y sobre los elementos de prueba y cómo fueron hallados por lo que entendieron que corresponde dictar la “falta de mérito” para procesar o sobreseer a los imputados.
Los camaristas dedicaron la mayor parte del fallo de 28 páginas, según destaca la agencia Télam, a cuestionar el trabajo del primer juez que intervino en las actuaciones, Alejo Ramos Padilla, y a resaltar que es imperioso avanzar con peritajes sobre los elementos hallados en las propias bases AMBA que dieron origen a la investigación.
Para los camaristas, no existe una explicación clara sobre cómo fueron hallados algunos de los elementos de prueba que, según la investigación, se detectaron en las propias bases de la AFI en el marco de revisiones llevadas a cabo en esos lugares en el marco del denominado “Caso D´Alessio”.
Los camaristas sostuvieron también que hubo en las resoluciones del juez de primera instancia “una deficiente atribución de responsabilidad, la cual responde no solamente a las falencias ya referidas previamente en lo relativo a la escasa contundencia probatoria que ofrecen de momento los documentos recabados para apoyar la hipótesis delictiva trazada, sino también al modo abstracto en que fueron efectuadas dichas acusaciones”.
Los jueces cuestionaron a Ramos Padilla por “la utilización de términos genéricos como ser ´ordenar´, ´permitir´, ´planificar´, ´dirigir´, ´supervisar´, ´realizar´ o ´reportar´ de modo sistemático tareas de inteligencia y almacenar datos de personas por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.
“No se logra observar tanto en las imputaciones cursadas al ser indagados como al momento de dictar sus procesamientos cómo, cuándo y dónde cada uno de los legitimados pasivamente llevaron a cabo las actividades que se reputan ilícitas”, sostuvieron.
