La decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan por medio de una cautelar a solo cuatro días de los comicios no solo exacerbó la grieta entre el oficialismo y la oposición. También volvió a poner en debate las reelecciones indefinidas y la perpetuación en el poder de las dinastías provinciales, un cruce de temas plagado de contradicciones que enchastran la institucionalidad del país, pero que están lejos de ser la principal preocupación de una sociedad castigada por la crisis económica. Protagonistas e intereses detrás de la disputa político-jurídica.
Juan Manzur fue gobernador de Tucumán durante dos periodos (2015-2019 y 2019-2023), el último de ellos en su etapa final, pero atravesado por la licencia que se tomó cuando fue convocado en 2021 por la Casa Rosada para ser jefe de Gabinete. En febrero pasado decidió volver a su provincia para trabajar en la campaña y meterse de lleno en el impulso de la fórmula que, esta vez, lo tenía como candidato a vicegobernador, secundando a Osvaldo Jaldo.
De no mediar la cautelar de la Corte que se conoció el martes e hizo lugar parcial a la impugnación en su contra (todavía no se resolvió el fondo) y su declinación anunciada este jueves por la noche, iba a llegar, en 2027, a 20 años en la conducción política de su provincia. En el listado de gobernadores su nombre figuraría tres veces en caso de haber sido electo, tal como ocurrió con el cuestionado José Alperovich, que estuvo al frente del Ejecutivo provincial entre 2003 y 2015 y al que Manzur acompañó como vicegobernador entre 2007 y 2015.
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Lo mismo pretendía en San Juan Sergio Uñac. Este abogado de bajo perfil, pero con influencia dentro del esquema de gobernadores peronistas quería ser votado el domingo para ocupar su tercer periodo de gestión al frente del Ejecutivo provincial. Pero la objeción parcial a su candidatura firmada por Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz y Juan Carlos Maqueda por lo pronto no lo permitirá.
Al igual que en Tucumán con Alperovich, Uñac quería hacer lo mismo que José Luis Gioja, su antecesor que gobernó la provincia por tres periodos entre 2003 y 2015 y al que acompañó como vice en su última gestión. Si finalmente es electo, el sanjuanino alcanzará 16 años ininterrumpidos en cargos de gobernador y vicegobernador.
La Corte y los "feudos"
Tanto para Uñac como para Manzur, las Constituciones provinciales les permiten postularse otra vez. Para la Corte, a pesar de que todavía no se pronunció sobre ese fondo, en principio no porque eso afectaría el principio republicano del país.
Ocurre que al resolver sobre San Juan, el Máximo Tribunal sostuvo que si el artículo 175 de la Constitución de esa provincia "permitiese una nueva candidatura del gobernador Uñac, podría resultar de problemática consonancia con la pauta republicana de periodicidad y renovación de los mandatos". También que el acto electoral, que fue validado por el Tribunal Electoral provincial, "podría producir en breve un trastorno institucional de difícil reparación". Al resolver sobre Tucumán, el Máximo Tribunal citó los argumentos utilizados para suspender las elecciones en San Juan.
Las cautelares del martes reflotaron viejas dudas. Por ejemplo, por qué las fuerzas políticas que ahora objetaron las candidaturas ante la Justicia no lo hicieron antes con los casos de Alperovich y Gioja, que gobernaron 12 años ininterrumpidos; y si lo hicieron por qué la impugnación no llegó a concretarse por decisión judicial.
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O por qué no han operado quejas desde la política para que la Justicia revise si existe un “trastorno institucional de difícil reparación” (NdR: como presume la Corte que podría pasar si Manzur concretaba un cuarto mandato) en el partido de San Isidro, gobernado desde 1999 por el radical Gustavo Posse, que lleva su sexto periodo de gestión y 24 años en el cargo. Algo así como lo que la oposición llamaría “feudo” si se tratara de un peronista norteño.
Y si de peronistas norteños se trata, la misma pregunta cabe hacerse con el caso de Formosa, con Gildo Insfrán: lleva siete mandatos y pretende ser re-re-re-re-re-re-electo, en un caso donde la voluntad popular está por encima de la saludable alternancia prevista institucionalmente. Eso sin dejar de lado que la perpetuidad, en los casos mencionados, es posibilitada por el voto popular.
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Desde el martes, día en que se conoció la decisión de la Corte, quedó aún más evidenciado el juego político de este tribunal que encabeza el Poder Judicial, está deslegitimado por el Ejecutivo y enfrenta un proceso de juicio político impulsado desde una posición minoritaria en el Legislativo.
Los cuestionamientos al accionar cortesano, a esta altura de propios y ajenos, aparecieron masivos desde la política, pero también desde lo jurídico: más allá de las cuestiones referidas a la competencia originaria, los fallos del martes generaron revuelo porque, a diferencia de lo que había ocurrido en 2015 con Gerardo Zamora en Santiago del Estero, ahora la suspensión fue por medio de una cautelar, sin fallar en la cuestión de fondo.
En ese momento, a la Corte no le tembló el pulso en fallar de fondo a cinco días de la elección. Ahora tampoco.
De todos modos, está claro que en el cuarto piso del palacio ubicado en la calle Talcahuano hay una firme decisión cortesana de enfrentar el ataque peronista. Se vio, por ejemplo, en los comentarios que el mismo martes, horas antes del fallo, pronunció Rosatti ante empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham), donde habló de política económica y monetaria al criticar la emisión, algo que no le compete al Poder Judicial.
¿Contradicción de Rosenkrantz?
En el medio queda la aparente contradicción del cortesano Carlos Rosenkrantz, que en 2019 falló a favor de la re re-elección del rionegrino Alberto Weretilnek, rechazada por la mayoría.
En aquel entonces, el actual senador nacional pretendía un tercer periodo de gestión (había asumido como vice en 2011, pero meses después se hizo cargo del Ejecutivo tras el asesinato del gobernador Carlos Soria y electo -o re-electo, según la interpretación que se prefiera- para el periodo 2015-2019). Para Rosenkrantz la Corte no tenía competencia originaria porque no estaba vulnerado el Sistema Republicano establecido en la Constitución Nacional y, caso contrario, “se desbarataría el esquema de distribución de poder entre tribunales nacionales y provinciales”, según expresó en su disidencia.
Pero poco más de cuatro años después, en los casos San Juan y Tucumán, el cortesano consideró que el Máximo Tribunal sí tiene competencia.
Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que no existe tal contradicción, ya que en el caso de Río Negro se discutía algo diferente que en los casos de San Juan y Tucumán.
En esa línea, señalaron que en 2019 el magistrado entendió que el planteo versaba sobre la interpretación de un artículo de la Constitución Provincial referido a las re-elecciones, mientras que en los casos de ahora eso no está en disputa. A diferencia de eso, ahora Rosenkrantz sostiene que se discute si las postulaciones y reelecciones de Uñac y Manzur violan el principio republicano de gobierno que establece la Carta Magna. Si se los habilita, Manzur (que anoche se bajó) llegaría a 20 años ininterrumpidos como gobernador y vicegobernador y Uñac a 16.
Así y todo, el reproche oficialista no deja de señalar que existe una motivación política en el hecho de que Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda hayan decidido suspender dos elecciones a solo cinco días de realizarse y en las que el peronismo tenía triunfos asegurados. Por más razones jurídicas que existan, resulta imposible no anexar las decisiones judiciales emanadas desde el Palacio de Tribunales en el empantanado contexto político.
El capítulo es uno más dentro del proceso de judicialización de la política o la politización de la Justicia. “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará”, expresó vía Twitter Patricia Bullrich, candidata a presidenta por el PRO, al conocer los fallos.
"Cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán. Tapadera del escándalo de Rosatti y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político, el mismo martes y a la misma hora que sacaban el fallo suspendiendo las elecciones provinciales", sumó la vicepresidenta Cristina Kirchner este viernes.
El nudo oficialista
Pero si de contradicciones se trata, en el oficialismo también las hay.
Y el embrollo de magnitud que se generó con las cautelares supremas también alcanzó al ministro de Justicia, Martín Soria, que fue quien en 2019 se presentó en la Justicia para objetar a Weretilneck, después festejó el rechazo cortesano a su candidatura y ahora salió con los tapones de punta contra el trío de jueces supremos a quienes acusó de “intervenir en el proceso electoral de las provincias en favor de sus jefes políticos”.
También vía Twitter, el funcionario debió salir a aclarar las diferencias en su postura en casos con similitudes aparentes. Dijo que en el caso de Río Negro, uno de los artículos de la Constitución Provincial "vetaba explícitamente que Weretilneck pudiera presentarse nuevamente a elecciones". Diferente, según él, a lo que ocurrió con San Juan y Tucumán, donde no existe dicha prohibición.
Soria es uno de los más fervientes críticos del accionar de una Corte incompleta, a la que el Gobierno cuestiona sin ni siquiera haber cumplido con la ley: Alberto Fernández todavía no postuló a ningún candidato candidata para la vacante que se abrió en 2021 con la renuncia de Elena Highton de Nolasco.
Se trata de una historia con pormenores alejados del día a día de las personas, pero que, por lo pronto, tendrá efecto sobre 1.267.045 electores habilitados para votar en Tucumán y 579.913 en San Juan, que este domingo no podrán ir a votar.
