Luego de que el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, aceptara la donación ofrecida por el presidente Alberto Fernández, la primera dama Fabiola Yáñez y otros imputados en la causa conocida como Olivosgate, una ONG se presentó como querellante para que el juez federal Lino Mirabelli rechace cerrar el proceso judicial.
“Alberto Fernández vulneró su propio decreto al intentar solucionar su infracción con dinero”, señalaron en la solicitud firmada por el presidente de Fundación Apolo, Antonio Fratamico y por Yamil Santoro, titular del partido Republicanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires.
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En el documento se refirieron a la causa por la fiesta de cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos, realizada cuando regía la cuarentena estricta por la pandemia. Asimismo, solicitaron al magistrado que, en caso de no tenerla por querellante, la incorpore a la causa como "Amicus Curiae" y declinar la pretensión presidencial de suspender el juicio si el Ministerio Público desiste.
Sobre la donación que realizará el jefe de Estado, Santoro indicó que el "instituto de la reparación integral que intenta aprovechar el Presidente, contenida en el artículo 59 inciso 6 del código penal, está pensado para delitos de baja monta o donde hay un daño cierto".
"Usarlo para un caso como este implica reescribir al derecho penal, querría decir que la corrupción presidencial tiene precio de impunidad. Es clara la intención: sacar al presidente por la ventana de este proceso y así consagrar otra injusticia más. No debemos tolerarlo”, añadió.
Un acuerdo del presidente para evitar el juicio
Entre otros argumentos, también expresaron que la decisión del mandatario de "frenar con dinero un juicio de estas característica", donde se pretende investigar la conducta de un funcionario de la Nación, "vulnera el Decreto 41/99 que establece el Código de Ética de la Función Pública, en el que figura el principio de prudencia".
“El fin de la ética pública es evitar que las inconductas de los funcionarios generen descrédito en la ciudadanía respecto de las instituciones republicanas y democráticas", añadieron desde la Fundación Apolo. En ese sentido, manifestaron que la reparación debe ser una condena pública precedida de un debate público.
"Lo contrario a esto es el oscuro acuerdo de dinero que se ha solicitado al juez Maribelli para suspender el juicio”, sostuvieron. Finalmente, concluyeron: “El delito en cuestión no sólo es susceptible de provocar el daño que ocasiona cualquier ciudadano que lo comete, sino que importa una lesión a la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad de su país".
La donación del presidente y otros imputados en la causa
El representante del Ministerio Público aprobó la oferta de reparación de daño formulada por la pareja presidencial, que consiste en el pago de 1,6 millones de pesos por parte del presidente Fernández y de 1,4 millones de pesos por parte de Yáñez.
Por otro lado, también aceptó el acuerdo económico del actor Fernando Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso, otros de los invitados a la fiesta. Según trascendió, habrían ofrecido montos cercanos a los 250 mil pesos, tras actualizar sus propuestas.
Además, fuentes judiciales indicaron que los pagos deberán ser aplicados a instituciones hospitalarias dedicadas al combate contra el Covid-19.
FP CP
