Tras el fallo que inhabilitó a Sergio Uñac para postularse por un cuarto mandato como candidato a gobernador de la provincia de San Juan; Gildo Insfrán aguarda por la decisión de la Corte Suprema en razón de lo que podría ser o no su séptima reelección como cabeza del Ejecutivo formoseño.
Precisamente en esa provincia miran con preocupación lo que pueda determinar el máximo tribunal del país a raíz del voto del ministro Carlos Rozenkrantz, quien en fuertes términos criticó la reelección indefinida. A criterio del vicepresidente de la Corte, “la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional presupone de manera primordial “la periodicidad y renovación de las autoridades”.
Esto abre la posibilidad de que el máximo tribunal pueda analizar la evaluación de candidatos que quieran ser reelectos en sus provincias, resguardados en las constituciones locales. Rozenkrantz entiende que lo anterior puede ir en contra del principio de alternancia en el poder, cosa que al gobernador de Formosa le genera gran intranquilidad.
En 2016 se pusieron límites a las reelecciones de intendentes pero igual hay planteos
El artículo 132 de la Constitución de esa provincia sostiene que “el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”, sin puntualizar límite alguno.
Para el diputado opositor Fernando Carbajal, dicho artículo es ambiguo y genera un vacío legal, por lo que le exige a la Corte se expida mediante una declaración de certeza e inconstitucionalidad a fin de que “inhabilite e impugne” a quienes busquen la perpetuidad en el poder.
Agrega Carbajal que la reelección indefinida en Formosa va en perjuicio de su propio pueblo, en ese sentido reclamó la suspensión de los comicios previstos para el 25 de junio mediante una medida cautelar, mismo recurso empleado para aplazar las elecciones en Tucumén y San Juan.
En el medio, Formosa reclamó a la Corte rechazar el planteo del legislador del PRO. Lo hizo a través de un escrito presentado por la Fiscalía de Estado que exige el cese de la intervención puesto que se pone en juego “la autonomía provincial” y que lo que se busca es “impedir el voto libre de la ciudadanía”.
Dicho escrito contempló la diferenciación de lo ocurrido con las situaciones de Tucumán y San Juan. Las constituciones de ambas provincias dictan que los cargos a gobernador y vice duran cuatro años, pero la primera versa que la fórmula puede ser reelecta de forma consecutiva por un período mientras que en la segunda lo limita a dos. La Fiscalía de Estado formoseña enfatiza la inexistencia de dudas interpretativas de ninguna especie ya que la reelección para los dos cargos más altos del Ejecutivo en Formosa es indefinida.
Sin embargo, la Procuración General de la Nación tiene fijada su posición sobre la cuestión de fondo. Eduardo Casal sostuvo que no es competencia originaria de la Corte resolver el asunto, pero si el máximo tribunal así lo considera, puede decidir la intervención procesal que crea pertinente. Cabe destacar que el dictamen no es vinculante a la decisión de los supremos.
Justamente el procurador interino tiene en sus manos otro planteo de alto impacto político del cual se espera su opinión a fin de saber si la Corte debe intervenir o no. Se trata del reclamo formulado por Oscar Alva, titular del partido PAÍS de la provincia de Buenos Aires, quien además de exigir la inconstitucionalidad de las re-reelecciones en 91 intendencias del principal distrito electoral de la nación, demandó suspender las primarias convocadas por el gobernador Axel Kicillof para el 13 de agosto.
Esto volvió a poner en alerta a la política bonaerense. Y no solo al peronismo ya que hay varios intendentes de Juntos por el Cambio que también se benefician de las actuales reglas.
En 2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal y con el entonces patrocinio de Sergio Massa, se puso límites a las reelecciones de intendentes que la Constitución provincial permitía. Ahora la discusión pasa por qué período se toma como el primero ya que pueden ser elegidos solo por dos mandatos. Y si la Corte decide actuar, puede pedir la anulación de las PASO para tomarse el tiempo y evaluar una resolución. El dato no es menor: se trata de una posible suspensión en la provincia que representa casi el 40% del padrón electoral y en la que el peronismo se aseguraría una victoria.
