Funcionarios del Gobierno nacional de Alberto Fernández y del bonaerense de Axel Kicillof pidieron este miércoles 13 de enero la libertad de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, al cumplirse el próximo sábado cinco años de su detención.
En una carta abierta titulada "Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala", un centenar de dirigentes políticos del oficialismo y referentes sociales, culturales y de derechos humanos denunciaron que la "persecución política, judicial y mediática a la que es sometida" tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, consignó la agencia Télam.
"5 años de injusticia. 5 años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización", comienza el texto.
Entre los funcionarios nacionales firmantes se encuentran el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós. También suscriben la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la titular del Sedronar, Gabriela Torres.
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A nivel de la Provincia de Buenos Aires, están las firmas del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, de la directora del Banco Provincia, Juliana di Tulio y de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros.
Por otro lado, también adhieren legisladores y referentes oficialistas como el titular del Frente Patria Grande, Juan Grabois; el diputado nacional Eduardo Valdés; la presidenta de Télam, Bernanda Llorente; la exprocuradora Alejandra Gils Carbo, el padre Francisco "Paco" Olveira (Cura en Opción por los Pobres), José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, entre otros.
"A través de esta carta y de las actividades que se realizarán en distintos lugares del país para denunciar esta injusticia, nos proponemos: dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre", dice el texto.
"La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy", según denuncian los firmantes.
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En ese sentido, aclaran que esa actuación tiene como objetivo "diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar".
También destacan que la obra de la dirigente social "dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social" y agregan que Sala "está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora".
Del mismo modo, remarcan que "Morales logró eliminar formas de organización colectivas reivindicativas de derechos de sectores humildes, derivado de la desarticulación de la Tupac Amaru" pero que "no logró quebrar moral y políticamente a Milagro. Ella y la organización continúan de pie".
Los firmantes señalan que en estos cinco años "también lograron acusarla" de "asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y extorsión" así como "sentarla en el banquillo de las acusadas, que vaya a la cárcel, que en la prensa nacional e internacional su obra y su figura sea denostada, pero también reivindicada y conocida".
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"Sin embargo, Milagro nunca conoció de qué se la acusaba. El auto de requerimiento de juicio no contiene indicación de fechas, ni modos de comisión de los delitos que le imputaban. Milagro llegó a juicio sin conocer concretamente porqué estaba sentada frente a un tribunal", denunciaron.
En este sentido, destacaron que "la falta de claridad y sorpresa constante sobre los hechos de la acusación contra Milagro fue continua y no fue despejada en las instancias superiores de revisión. Tampoco le permitieron incorporar pruebas periciales, documentales y testimoniales de descargo".
"Para quienes suscribimos esta carta, personas dedicadas a la función pública en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales nacionales y provinciales, referentes políticos, dirigentes sociales y sindicales, profesionales y personas comprometidas con los derechos humanos y la democracia, la libertad de Milagro es urgente", especificaron.
"Desde nuestro más profundo compromiso con la República y el Estado de Derecho, exigimos las debidas garantías constitucionales que requiere todo proceso penal, y afirmamos nuestra vocación de promover y concretar una sociedad con pleno y efectivo acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", sintetizaron los más de cien firmantes.
EuDr
