El Ministerio de Economía nacional y la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo a través del cual se cancela el pago de la deuda acumulada durante el último año referida a la Coparticipación Federal de Impuestos.
Los fondos en disputa se originaron luego de que en julio pasado comenzaran a retrasarse los pagos semanales. Dichas transferencias se habían pautado inicialmente en septiembre de 2024, cuando la gestión central y el Ejecutivo porteño —con aval judicial— acordaron el traspaso del 1,55% correspondiente al coeficiente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) había reconocido en su medida cautelar de finales de 2022. Aunque el pacto se ejecutó con normalidad durante el primer semestre, las demoras posteriores generaron el pasivo que se cancelará a partir de hoy.
Tras intensas tratativas políticas y técnicas, la resolución del conflicto llegó mediante un esquema de pago: Nación cancelará la deuda con la entrega de una cartera de bonos que vencen en un plazo de 7 meses. Cabe destacar que este entendimiento, fruto del consenso entre ambas administraciones, deja fuera del acuerdo el reclamo por los fondos retenidos durante la presidencia de Alberto Fernández. Para la gestión porteña, la normalización de estos flujos representa un alivio financiero que ya había sido previsto dentro del Presupuesto 2026 de la Ciudad.
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Cronología de la disputa por la coparticipación
El conflicto se remonta a la crisis sanitaria de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo por decreto (el 735/2020) los recursos coparticipables de la Capital Federal, recortándolos del 3,5% al 2,32%. Poco después, la Ley 27.606 profundizó la quita al fijar el piso en 1,40%, sumado a una partida fija destinada al presupuesto de Seguridad.
La pulseada judicial tuvo un hito a fines de 2022, cuando la Corte Suprema dictó un fallo cautelar a favor de la Ciudad autónoma. El tribunal dispuso que al 1,4% de goteo automático se le debía añadir un 1,55% adicional, elevando el coeficiente total al 2,95%. A pesar del dictamen, la gestión kirchnerista omitió su cumplimiento hasta el final de su mandato.
La situación comenzó a destrabarse en septiembre de 2024 a través de un primer convenio con el Palacio de Hacienda. Aunque la Corte Suprema había ordenado que la liquidación del 1,55% extra se ejecutara de forma diaria a través del Banco Nación, las autoridades porteñas aceptaron una flexibilización solicitada por la Casa Rosada para que los fondos se giraran semanalmente desde el Tesoro de la Nación.
El nuevo entendimiento alcanzado hoy pone fin a los meses de rezago en esas transferencias y regulariza las arcas fiscales de la Ciudad. Sin embargo, desde el gobierno porteño aclararon que la demanda de fondo sigue activa: el distrito mantiene firme su reclamo por los 6.000 millones de dólares que se acumularon tras lo que consideran una quita inconstitucional e imprevista ejecutada en 2020.
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