Karina Milei terminó de consolidar en las últimas horas un movimiento clave en la Cámara de Diputados: el oficialismo definió a quienes propondrá para presidir las comisiones más sensibles del Congreso y garantizó un esquema de control que condiciona cualquier intento de la oposición de impulsar investigaciones contra el Gobierno.
De confirmarse, la designación de Lilia Lemoine al frente de la Comisión de Juicio Político —que se constituye este martes por la tarde— es apenas una pieza de un armado más amplio que incluye también el control de Libertad de Expresión y la proyección de dirigentes propios en organismos estratégicos.
El movimiento se da en paralelo al avance de la causa por la criptomoneda $LIBRA y a nuevas presentaciones de la oposición en el Congreso, en un escenario donde el oficialismo ya no sólo resiste, sino que fija las reglas del juego.
La llegada de Lemoine a Juicio Político confirma la lógica que atravesó toda la negociación parlamentaria: ubicar perfiles de máxima confianza en las comisiones donde pueden activarse conflictos institucionales.
Lemoine al frente de Juicio Político: Karina Milei asegura el control en comisiones clave
“Sería un honor. Estaré como siempre, a disposición”, había dicho la diputada a PERFIL el viernes pasado, al tiempo que evitó dar por cerrada su designación y recordó el antecedente que dejó en suspenso a la comisión durante dos años. Pero el punto central no es el nombre propio. Es la estructura.
El oficialismo cuenta con 13 integrantes propios en la comisión y suma el respaldo del PRO y bloques aliados, lo que le permite alcanzar una mayoría de 16 votos. Ese número resulta suficiente para bloquear cualquier intento de apertura de un proceso de juicio político desde su etapa inicial.
Un legislador opositor reconoció a este medio que, con la actual correlación de fuerzas, “las comisiones dejaron de ser un ámbito donde pueda prosperar una agenda alternativa” y cualquier iniciativa que no tenga aval del Ejecutivo “queda frenada de entrada”.
Ese esquema se replica en otras áreas sensibles. La Comisión de Libertad de Expresión —que también se constituye esta semana— volverá a quedar bajo control del oficialismo, en continuidad con la gestión de Emilia Orozco, y con un nuevo nombre alineado a la Casa Rosada.
A eso se suma la avanzada sobre otros espacios estratégicos, como la bicameral de inteligencia, donde el karinismo impulsa dirigentes propios para reforzar su injerencia en áreas de control institucional.
Adorni llegará al Congreso con Milei en el recinto y una sesión de alto voltaje
Del caos con Pagano al orden libertario
El movimiento actual también busca cerrar una etapa conflictiva que marcó el inicio del oficialismo en Diputados. En 2024, la Comisión de Juicio Político quedó atrapada en un limbo tras la designación de Marcela Pagano, impulsada por el entonces jefe de bloque Oscar Zago. La decisión fue desconocida por el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien sostuvo que la reunión había sido suspendida.
Pagano, en cambio, insistió en diálogo con PERFIL en que su designación había sido validada por los miembros de la comisión. El conflicto derivó en una ruptura interna y dejó al cuerpo sin funcionamiento durante dos años.
Ese vacío no fue neutral: le permitió al oficialismo evitar que prosperaran pedidos de juicio político en un momento en que no contaba con los números actuales. Hoy, con una mayoría más sólida y alianzas consolidadas, el Gobierno decide avanzar. Pero bajo sus condiciones.
Nuevas presentaciones por $LIBRA
El relanzamiento de la comisión coincide con un nuevo movimiento de la oposición. El diputado Juan Marino presentó ampliaciones a los pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei, incorporando argumentos vinculados tanto a su política exterior como al caso $LIBRA.
Las presentaciones suman elementos a una ofensiva que, sin embargo, no logra traducirse en una estrategia unificada. Dentro de la oposición conviven posiciones: un sector impulsó avanzar con el juicio político desde el inicio, mientras que otros optaron por una vía más gradual.
Incluso entre bloques opositores persiste una crítica: “Cuando el gobierno no tenía la primera minoría, el peronismo tuvo la oportunidad de avanzar en un juicio político y no lo hicieron”, deslizaron a este medio.
Por ahora, la decisión dominante es esperar. Reunir más pruebas, evitar un rechazo inmediato y medir los tiempos políticos. El problema es que el escenario institucional ya cambió: con Lemoine al frente de la comisión y una mayoría asegurada, el oficialismo no sólo puede bloquear cualquier intento de enjuiciamiento en el recinto —donde se requieren dos tercios—, sino también impedir que el proceso se active desde su origen.
JD / EM
