Discutir el piso de los ingresos de millones de trabajadores a través de una pantalla dividida y micrófonos silenciados dejó de ser una opción viable para la dirigencia sindical. Con el reloj corriendo hacia la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la Confederación General del Trabajo (CGT) pateó el tablero y le exigió formalmente al Gobierno que la cumbre prevista para el próximo 28 de agosto se realice de manera estrictamente presencial, abandonando la modalidad a distancia.
El reclamo institucional aterrizó directamente en el escritorio de Claudia Testa, actual subsecretaria de Trabajo y presidenta alterna del organismo. En el texto, la central obrera fue tajante al señalar que una discusión de tal magnitud requiere un ámbito físico que garantice un intercambio directo. Para los referentes sindicales, la virtualidad puede ser admisible para cuestiones de trámite administrativo, pero resulta inaceptable cuando lo que está en juego es la transparencia y la legitimidad de las paritarias.
Para fundamentar su exigencia, la cúpula delineó un crudo diagnóstico sobre el impacto de la crisis en la economía doméstica. En su presentación, advirtieron que la clase trabajadora atraviesa una pérdida sostenida de su poder de compra, una dinámica que hoy compromete el acceso a los productos más elementales de la canasta básica y elimina las posibilidades de sostener una vida digna ante el alza de precios.
A su vez, el texto firmado por la central hace hincapié en la destrucción de puestos registrados y el avance de la precarización en un escenario productivo marcado por el cierre de empresas y la caída de la actividad. Según argumentan, estos factores de fuerte incertidumbre exigen un nivel de negociación que los encuentros por videollamada simplemente no pueden ofrecer.
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Durante la última reunión plenaria, celebrada el 26 de noviembre del año pasado, la conexión a distancia terminó en un fracaso rotundo al no lograrse ningún tipo de acuerdo. Esa falta de consenso le otorgó al Poder Ejecutivo la potestad de fijar el piso salarial por decreto, estableciendo el esquema escalonado que rige en la actualidad con un monto congelado en $376.600.
Tanto la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky como la CTA Autónoma de Hugo "Cachorro" Godoy enviaron notas calcadas a la cartera laboral. El mensaje unificado es claro: el encuentro del viernes a las 12:30 debe ser físico o, en su defecto, habrá que convocar de urgencia a una nueva sesión que garantice las sillas y la mesa de debate real.
El contraataque oficial y la guerra de los números
Mientras los pasillos sindicales elevan la temperatura de la discusión, desde los despachos gubernamentales optaron por otra estrategia. En respuesta a la presión gremial, la Casa Rosada hizo circular un informe con estimaciones propias, diseñado específicamente para restarle peso a la cuestión del salario mínimo.
Según los datos difundidos por el Ejecutivo, apenas un 1% de la población asalariada total percibe remuneraciones por debajo de ese límite. La cifra se vuelve aún más marginal si se recorta únicamente a los trabajadores registrados del ámbito público y privado, donde el impacto no llega siquiera al 0,2%. Para el Gobierno, la verdadera barrera de los ingresos ya no pasa por el Consejo, sino que quedó delegada casi con exclusividad a los acuerdos paritarios de cada sector.
Con las cartas sobre la mesa, el histórico piso salarial quedó reducido a una simple regla de cálculo para el gasto social. Cada vez que este número sube, arrastra de manera automática a las jubilaciones mínimas de quienes tienen 30 años de aportes (que por ley deben cobrar el 82% de esa cifra) y ajusta los montos de programas de asistencia, como la ayuda para jóvenes sin cuidados parentales (PAE).
TC
