La mayoría de los jueces de la Corte Suprema acordaron avanzar con el pago del impuesto a las Ganancias por parte de los magistrados, un reclamo que retomó el Gobierno en el marco del enfrentamiento con la Justicia por la ley de Medios.
Sin embargo, la Corte pretende que la salida se encuentre a través de un acuerdo con el Poder Ejecutivo y el Congreso. De esa forma, los miembros de la Corte creen que pueden suavizar la virulenta resistencia que la propuesta genera en el interior del Poder Judicial.
Cinco de los siete integrantes de la Corte Suprema ya se manifestaron en privado a favor del pago al impuesto, un tema que afectaría el 35% de los salarios de juezas y jueces de todo el país.
Para avanzar con una solución, la Corte apunta a lograr un consenso unánime entre los ministros y solucionar el conflicto con la intervención de los tres poderes del Estado. Para ello acordaron solicitar una reunión con la titular del ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, con quien actualmente el diálogo es prácticamente nulo.
Encuentro en Roma. El Gobierno adoptó una actitud de confrontación con la Corte desde que, a fines del año pasado, la Justicia extendió las medidas cautelares que frenan la aplicación plena de la Ley de Medios.
Ahora, ante el dilema que plantea el debate por Ganancias, los miembros de la Corte quieren retomar el diálogo con el Gobierno. Y para ello, el tribunal mira hacia el Vaticano. El viaje a Roma de Lorenzetti para la asunción del papa Francisco abre una posibilidad de retomar las conversaciones, que hasta la fecha, se encuentra interrumpida.
El contexto no es el mejor. A los cruces por la Ley de Medios, esta semana se sumó una crítica de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, afin al Gobierno, por la negativa de los jueces a pagar el impuesto a las Ganancias. En declaraciones radiales, Gils Carbó sostuvo que “cuando se trata de plata, no es la primera vez que la Corte no respeta la Constitución”.
Antes, la Corte había advertido a los fiscales, comandados por Gils Carbó, que nada les impedía a ellos pagar el impuesto, por tratarse de funcionarios “independientes del Poder Judicial”. Un miembro de la Corte deslizó “que desde el año 1994, no sólo no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público actúe como agente de retención del impuesto a las Ganancias, sino que es su obligación hacerlo”.
Votación. Tanto Ricardo Lorenzetti, el presidente del Tribunal, como las ministras Carmen Argibay Molina, Elena Highton de Nolasco, y los ministros Juan Carlos Maqueda, y Eugenio Zaffaroni, están a favor del pago del impuesto, sin dejar de advertir la posible “judicialización del tema”, es decir, la catarata de demandas que podrían surgir al afectar la intangibilidad del salario de los magistrados. El riesgo: parálisis de actividades.
Otro conflicto paralelo se abre con el gremio de los judiciales, cuyos socios con mayores ingresos también están exceptuados del impuesto.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), marchará el próximo miércoles a la sede de la Procuración General de la Nación bajo la consigna “en defensa de nuestro salario”. Mediante una “volanteada” en el Palacio de Tribunales, la UEJN –el gremio que lidera Julio Piumato, un estrecho colaborador del líder de la CGT opositora, Hugo Moyano– convocó a la manifestación que tendrá lugar el 20 de marzo a las 12.
En contra. Los ministros de la Corte Suprema, Carlos Fayt, y Enrique Petracchi, se oponen al pago del impuesto por parte de los jueces. Creen que “afectaría a la Constitución Nacional que garantiza la intangibilidad de los sueldos de los magistrados”. Esta es la postura que sostienen la mayoría de los jueces del país y el mayor exponente de esta teoría es Fayt, quien ha escrito un libro al respecto.
Si bien los jueces de la Corte trabajaron durante 2012 en sus acuerdos y consultaron a los tribunales superiores de provincias que adhirieron expresamente a la Acordada 20/96 que excepciona del pago de Ganancias a jueces y juezas, coinciden enå que el tema es de compleja solución y que la salida debería encontrarse con la intervención de los tres poderes del Estado.
En ese sentido, la Corte Suprema analiza actualmente también otras dos opciones. Una es que los nuevos jueces, los que juren a partir de ahora, comiencen a pagar el impuesto y la excepción rija solamente para los magistrados que ya están en funciones.
La otra propuesta es que la Corte Suprema, a partir de una acordada, establezca escalas de acuerdo a funciones, años de ejercicio, experiencia y capacitación, entre otras variables.
