La posibilidad de que un tribunal deba juzgar en un debate oral y público a una posible candidata presidencial no era un escenario posible. Menos aún la probabilidad de tener que condenar a una presidenta en ejercicio en 2020. Era impensado, pero ya no lo es, y es una de las variables que no escapan a ninguno de los jueces y fiscales que deberán juzgar a Cristina Kirchner en los próximos meses y años.
El escenario es inédito, reconocen en los tribunales federales de Retiro. Hace tres años, la ex mandataria había dejado el poder tras 12 años de gestión kirchnerista en la Casa Rosada y postergados avances en las investigaciones judiciales en su contra.
Las causas comenzaron a avanzar con mayor velocidad cuando Mauricio Macri llegó al Ejecutivo. Los principales casos contra la ex mandataria colapsaron a los ocho tribunales orales de Comodoro Py 2002 en el último año, que también intervienen en casos de drogas, trata y otros delitos federales. Y todavía falta el voluminoso expediente de los cuadernos de la corrupción.
Actualmente, la ex mandataria suma once procesamientos, cinco prisiones preventivas en suspenso y cinco juicios en trámite. El 21 de mayo deberá comenzar el primer proceso oral y público en su contra por la corrupción en la obra pública. La senadora será juzgada junto a ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación y al empresario Lázaro Báez por el supuesto direccionamiento de los contratos de obras en la provincia de Santa Cruz.
Es el único de sus juicios con fecha de inicio y se estima que dure toda la campaña electoral y que termine a mediados de 2020, explicaron fuentes judiciales.
El principal foco de conflicto gira actualmente en torno a la causa Los Sauces. El caso llegó en octubre al Tribunal Oral Federal Número 5. Gran parte de la prueba ya fue analizada, de acuerdo a fuentes con acceso al expediente, y el fiscal de la causa, Diego Velazco, estudiaba junto a su par Marcelo Colombo, fiscal de la causa Hotesur, que tramitara en el Tribunal Oral Federal Número 8 la posibilidad y conveniencia de unir ambos casos en un mismo juicio oral que podría comenzar, con suerte, recién a fines de 2019.
La causa Los Sauces se quedó son tribunal y Casación deberá elegirlo
La mayoría de los testigos e imputados coincide en Los Sauces y Hotesur y las maniobras investigadas son similares: supuesto blanqueo de dinero proveniente de la corrupción a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner.
Los fiscales de juicio casi siempre trabajan de manera coordinada, pero no ocurre lo mismo con los tribunales, donde los jueces suelen tomar decisiones aisladas.
En medio de la polémica por el pedido de Florencia Kirchner –imputada en Los Sauces y Hotesur– de extender su estadía en Cuba por un tratamiento médico, el Tribunal 5 se declaró incompetente luego de seis meses de preparación del caso Los Sauces y envió la causa al Tribunal Oral Federal Número 2 para que lo anexara al juicio que comienza en mayo por corrupción en la obra pública.
Mientras en el Tribunal 5 argumentan estar colapsados por la cantidad de juicios y la escasez de personal, los jueces del Tribunal 2 rechazaron en un duro escrito la decisión de sus colegas. Sostuvieron que anexar los casos implicaría la suspensión del inicio del juicio de la obra pública, ya que para ser tratados en un mismo proceso ambos expedientes deben alcanzar el mismo estadio procesal. El juicio de obra pública está casi listo pero no es el caso de Los Sauces.
“Se atentaría de forma palmaria contra los principios de celeridad y economía procesal”, se afectaría “en forma directa a la ciudadanía en su conjunto” y sería “una intolerable afectación del derecho del imputado”, especialmente a los que se encuentran “cumpliendo detención preventiva”, sostuvieron los magistrados del Tribunal 2. La causa Los Sauces se quedó sin tribunal. Ahora, la Cámara de Casación deberá decidir cuál de los tribunales es el competente para llevar adelante el juicio.
Los jueces y fiscales que investigan son los mismos que luego realizan los juicios orales
El sistema no ayuda. La desconexión y la desarticulación entre los juzgados y fiscalías de instrucción y los tribunales y fiscales de juicio han provocado que algunos de los últimos grandes casos terminaran en escándalo.
La causa por el atentado de la AMIA fue anulada. Lo mismo sucedió con el caso de las coimas en el Senado. La condena contra el ex presidente Carlos Menem por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador terminó cayendo por “no cumplir con plazos razonables” en el desarrollo de la causa.
Los jueces y fiscales que investigan los expedientes no son los mismos que luego deben sostener las acusaciones, evaluar la prueba y dictar las condenas en los juicios. Esa es otra de las principales quejas de los magistrados en los tribunales orales.
La situación colmó los ánimos tribunalicios. Los jueces y fiscales sienten la exposición mediática más que nunca. Algunos creen que las malas decisiones los expone a todos, en medio de una crisis más profunda de la Justicia, que actualmente tiene su mayor exponente en el caso del fiscal Carlos Stornelli.
Otros se sienten sobrepasados por la acumulación de trabajo y desencontrados con la presión de la campaña sobre sus espaldas. La balanza está descalibrada.
Crisina aún no confirmó si será candidata a las presidenciales de octubre, pero las encuestas, el peso de la situación económica y el clima de cansancio de un sector del electorado con Cambiemos no escapa al edificio convulsionado de Retiro. Un escenario muy distinto al post octubre 2017, cuando el oficialismo volvió a imponerse en las elecciones legislativas y ganó la codiciada provincia de Buenos Aires.
Entonces, el Tribunal 5 había tomado la decisión de posponer el inicio del juicio por las escuchas ilegales contra Franco Macri y parte del entorno de Presidente, previsto para 2019. La decisión también se tomó en el marco de la acumulación de causas complejas en el tribunal.
