Tal como sucedió con otras iniciativas del oficialismo en materia judicial, la intempestiva reforma de la Corte Suprema está destinada a fracasar en la Cámara de Diputados, donde los números no acompañan al Frente de Todos y tampoco hay voluntad de aliados de llegar a los 129 para el quórum. En ese escenario, al oficialismo le faltan al menos 11 votos para llegar a esa cifra, un horizonte que por ahora resulta lejano.
En plena pandemia y aislamiento en 2020, el kirchnerismo realizó en el Senado una movida similar con la denominada reforma judicial, aunque también está trabada la designación del procurador general de la Nación, el proyecto para la reforma del Ministerio Público Fiscal, la nueva ley del Consejo de la Magistratura tras la declaración de inconstitucionalidad y la cobertura de la vacante de la Corte Suprema que dejó Elena Highton de Nolasco. Con la agenda judicial que tiene a Cristina Kirchner como protagonista central ante el avance del juicio de Vialidad, el sector más duro del oficialismo decidió acelerar los tiempos para la modificación de 5 a 15 integrantes del máximo tribunal, aún sin tener garantizada la sanción definitiva en la Cámara baja.
“Para ser bien claro. No cuenten con mi voto para cambiar reglas electorales o violentar la conformación de otro poder del Estado. Tengo convicciones y libertad absoluta. Y eso no tiene precio”, aclaró el diputado Florencio Randazzo, integrante del Interbloque Federal, uno de los espacios claves en cualquier intento del oficialismo por sumar aliados. Con estas declaraciones, cerró la puerta a cualquier negociación en este sentido, lo que dificulta aún más el panorama del Frente de Todos.
En igual sentido se pronunciaron sus colegas de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti. “El oficialismo gasta tiempo en manosear a la Justicia con este intento de modificar la Corte Suprema que se trata en el Senado pero que nunca se aprobará en Diputados”.
Sin sorpresas, desde Juntos por el Cambio salieron a rechazar la maniobra y mostraron su convicción de que finalmente no se convertirá en ley. En este sentido, el jefe del bloque PRO Cristian Ritondo advirtió que “no les importa la gente, solo les importa su impunidad. Desde el PRO rechazaremos este proyecto en Diputados. Es importante exigirle lo mismo al resto de los bloques no oficialistas”. El interbloque opositor busca garantizar que ningún acuerdo de último momento abra la posibilidad de una aprobación de la normativa. No obstante, la diputada Sabrina Ajmechet planteó otra barrera para el oficialismo, que lo aleja de cualquier modificación.
“No pueden con el Consejo de la Magistratura ni con el Ministerio Público, ¿2/3 del Senado para nombrar a sus jueces? Ni en sus mejores sueños. No los vamos a dejar romper la República”.
La defensa de Soria
R.P.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó que el Senado ejerció su “legítima función de legislar sobre la nueva conformación” del máximo tribunal, en una publicación por redes sociales en la cual cuestionó la cobertura mediática de la noticia.
El funcionario recordó que, al asumir la gestión en 2015 el expresidente Mauricio Macri había designado por decreto a dos integrantes del Máximo Tribunal.
“2015: Macri y su prófugo en Uruguay designan a 2 jueces de la Corte por decreto, violando la Constitución.
2022: El Senado ejerce su legítima función de legislar la nueva conformación de la Corte.
¿Adiviná cuál es una ‘embestida contra los jueces’ para los socios del lawfare?”, cuestionó Soria.
Su posteo fue acompañado por las portadas de los diarios Clarín y La Nación en ambas situaciones.
Soria ya había manifestado su convicción acerca de la necesidad de “ampliar y federalizar” la Corte Suprema.
