La suspendida jueza Figueroa pidió volver a Casación y acusó a sus colegas de armar una "reunión clandestina"
Fue por medio de un escrito de 31 carillas que envió a la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. Es la jueza que debía fallar en la causa Los Sauces-Hotesur, de Cristina Kirchner, pero fue cesada por la Corte.
Ana María Figueroa le pidió al Consejo de la Magistratura que le devuelva la investidura judicial y la reponga en su cargo como jueza de la Cámara Federal de Casación, puesto que dejó de ostentar a partir del 9 de agosto por decisión de la Corte Suprema tras cumplir 75 años. Fue por medio de una carta de 31 carillas en la que acusó a sus pares de haber armado una "reunión clandestina" y dijo que los cortesanos tuvieron una "indebida injerencia por fuera de sus atribuciones constitucionales".
Figueroa le mandó la presentación a la consejeraMaría Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección del organismo. En el petitorio, exigió que se ordene la "inmediata ejecución" del decreto presidencial 502/2023 en el que el presidente Alberto Fernández la autorizó a continuar por cinco años más en el cargo tras el visto bueno del Senado.
En segundo lugar, solicitó que se le rehabilite el acceso al sistema de gestión judicial Lex 100 para el ejercicio pleno de sus tareas, ya que sin eso la mayor parte de su trabajo es imposible de realizar. Y en un tercer punto, Figueroa le pidió al Consejo que ordene el pago de su salario, de los retroactivos y de los derechos laborales que le fueron suspendidos con la decisión cortesana.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Desde que fue suspendida por decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la magistrada dejó de asistir a su despacho ubicado en el primer piso del edificio de Comodoro Py. Cuando se conoció esa decisión, dicen sus allegados, se enteró por los medios y no hizo más que sorprenderse y reírse de la situación.
Aquella decisión cortesana fue en respuesta a un escrito que habían enviado sus pares de Casación informando sobre la proximidad del cumpleaños de la jueza, que llegaba al límite de edad para permanecer en el cargo, y aun sin lograr el acuerdo del Senado. De acuerdo al planteo de Figueroa, ese escrito se gestó en una "reunión clandestina, sin publicación previa, fuera del espacio institucional de la Sala de Acuerdos" impulsada por el camarista Mariano Borinsky.
Crítica de sus colegas de Casación y de la Corte
En la presentación ante el Consejo los criticó con dureza. Dijo que ese camarista "de facto se constituyó en presidente del cuerpo" y dijo que los participantes fueron sus pares Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone y Gustavo Hornos.
Ana Maria Figueroa, durante la audiencia en el Senado.
Más adelante, la suspendida jurista dijo que ella misma había remitido una nota al Consejo antes de su cumpleaños para informarle sobre la proximidad de la fecha y el estado parlamentario en el que se encontraba su pliego. Según ella, "no tuve respuesta a la fecha". De todos modos, le manifestó a la presidenta de la Comisión de Selección que el Consejo "nunca ha exigido que el nuevo nombramiento deba realizarse con anterioridad a la fecha en que el magistrado o la magistrada cumplen el límite etario en cuestión".
La Corte no quedó afuera del eje de críticas. Es que manifestó que a pesar de que cumplió de manera estricta con un trámite complejo para obtener el nombramiento por otros cinco años, "los cuatro jueces varones que componen la Corte -en virtud de una nota simple que le remite la Cámara de Casación, con la firma de cinco jueves varones- sin trámite reglado, sin traslado a la interesada, sin competencia para designar, cesar, suspender a los magistrados, dicta sin atribuciones constitucionales un acto administrativo simple y unilateral" que la suspendió en su cargo.
Seguidamente, habló de "indebida injerencia" de los cortesanos, quienes actuaron "por fuera de sus atribuciones constitucionales", algo que para Figueroa "no registra antecedentes en la historia institucional del Máximo Tribunal".
La suspendida camarista, que viene de presidir el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte le pidió al consejo que no convalide "la discriminación realizada por el Máximo Tribunal a la suscripta, en el caso de mi condición de magistrada".
Una vez más, Figueroa reiteró que "existen numerosos antecedentes de una multiplicidad de jueces que (como ella) cumplieron sus 75 años con anterioridad a culminar el trámite constitucional de obtención de un nuevo acuerdo y en todos los casos continuaron ejerciendo sus funciones con normalidad". Sobre esa base, manifestó que la Corte Suprema ejerció sobre ella un acto discriminatorio "a través de un acto ilegal donde se adopta y ejecuta una interpretación antagónica a todos los precedentes anteriores".
"No es oponible un simple acto administrativo sin base legal y por ello nulo, por la falta de competencia de la Corte para cesar a una magistrada, interpretando sin caso judicial, a partir de cuando y con qué plazo al cumplir los 75 años debía cesar en mi función de jueza, al acto formal de los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) que en uso de sus facultades constitucionales cumplen con el acto constitucional complejo y reglado por el que se presta un nuevo acuerdo", escribió.
Nueve casos similares al de Figueroa
Más adelante, Figueroa trazó un repaso sobre la argumentación jurídica que avala su pelea para volver a Casación. Recordó que luego del fallo Schiffrin de la Corte el Consejo dictó dos resoluciones: en una de ellas ordenaba que cada magistrado que llegaba a los 75 años debía cesar en su función a menos que tenga pedido de acuerdo por parte del Ejecutivo para renovar su designación. Ello siempre que se dicte el decreto antes de la fecha de cierre de las sesiones ordinarias del Senado del año siguiente al pedido de acuerdo.
En el caso de Figueroa, el presidente Fernández envió al Senado el pedido de nuevo acuerdo el 12 de abril de 2023.
En esa parte del escrito, Figueroa mencionó los casos de nueve magistrados y magistradas que tenían pedidos de acuerdo firmados por el Ejecutivo y que, como en su caso, fueron aprobados por el Senado posteriormente a la fecha en la que cumplieron 75 años. Son los casos de Ricardo Bustos Fierro (ex juez federal de Córdoba que cumplió 75 en 2010 y en 2018 salió el decreto con su nombramiento); de Eduardo Zannoni (fallecido camarista en lo Civil que cumplió esa edad en 2017 y su decreto salió en 2018); el de Elisa Díaz de Vivar (camarista en lo Civil, que cumplió 75 en 2017 y su decreto salió en 2018); y el de José Luis Galmarini (cumplió 75 en enero de 2018 y su decreto salió cinco meses después).
Figueroa también mencionó los casos de Luis Alberto Catardo (camarista del Trabajo, cumplió 75 en enero del 2018 y recibió el decreto del Ejecutivo tres meses después); de Silvia Mora de Recondo (jueza de un tribunal oral que cumplió el límite de edad en septiembre de 2020 y tuvo el decreto en febrero del 2021); de Luis Imas (juez de tribunal Penal Económico, cumplió 75 en noviembre de 2020 y tuvo decreto en febrero de 2021); de Juan Carlos Bonzón (camarista en lo Penal Económico, cumplió 75 en abril de 2021 y tuvo su decreto cinco meses después); y Jorge Campitelli (cumplió 75 en diciembre de 2021 y tuvo su decreto en septiembre de 2022).
Todos esos casos se dieron, escribió Figueroa, "sin intervención administrativa de la Corte y ejerciendo sus funciones íntegramente".
Además, en la parte final del escrito Figueroa incorporó la cuestión de género a su caso. "Fui víctima de violaciones de derechos y especialmente agraviada por una cuestión de género donde los actores de la judicatura, de ambas instancias, fueron todos varones que actuaron discriminatoriamente en mi contra por ser mujer independiente, que siempre resuelvo conforme a derecho, fundadamente y sin admitir presiones", manifestó.
Qué ocurrirá con su cargo
¿Qué puede pasar? Figueroa espera que el Consejo le dé tratamiento en Comisión y que pase al plenario. Es por eso que se anticipó con dos recusaciones: la primera de ellas a Rosatti, por haber sido uno de los miembros que la cesó; y la segunda al consejero y juez de Casación Diego Barroetaveña, que fue uno de los que firmó el escrito enviado a la Corte que motivó su suspensión. Así y todo confía en que el trámite pueda avanzar a pesar del fuerte rechazo que cosecha entre los consejeros que responden a la oposición.
Para que su planteo prospere, en caso de que efectivamente se trate en plenario, Figueroa necesita por lo menos del apoyo de la totalidad de los consejeros y consejeras que responden al kirchnerismo. Eso está descontado puesto que el 5 de octubre pasado emitieron un comunicado en el que sostuvieron que "la jueza Figueroa se encuentra legitimada para continuar ejerciendo su función jurisdiccional". Además de esos seis votos necesita conseguir el apoyo de los dos representantes del sector académico, de la consejera Vázquez y el de uno de los jueces.
No se descarta la judicialización del asunto, que divide aguas a fondo entre el oficialismo y la oposición. Además, eso se exacerba en pleno periodo electoral, camino al balotaje, donde la estrategia del oficialismo mantiene una agenda muy alejada de los temas judiciales en general y los que, como este, presentan vinculaciones a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así y todo, Figueroa está decidida a volver.
