En la tarde de este jueves 10 de diciembre, mientras la Legislatura porteña busque aprobar el Presupuesto 2021, el senado de la Nación convertirá en ley la quita de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Seguridad. Según los cálculos que hace el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la ley implicará una quita extra de 13 mil millones de pesos a las arcas locales, sumados a los 52 mil millones que ya quitó el Poder Ejecutivo mediante un decreto. El perjuicio total para el próximo año será, entonces, de 63 mil millones de pesos.
En virtud de esa última novedad, el ministerio de Hacienda que conduce Martín Mura metió una modificación de último momento al Presupuesto: Incrementaron del 7% al 8% la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al sector financiero para que cierren los números. Además se renovará por un año la Ley de Emergencia económica, lo que permitirá discutir todos los contratos del Estado.
Guzmán criticó al gobierno porteño por intentar gravar operaciones financieras
Sin embargo, la gran incógnita pasa por lo que puede llegar a pasar hacia adelante. La Ciudad tiene una sola certeza y es que la discusión por fondos que administra la Capital Federal en su totalidad, están en revisión. Así, no les suena descabellado que desde Casa Rosada se pida revisar el traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz, los terrenos públicos que Nación le cedió a la Ciudad en 2019, los gastos del Hospital Garraham o hasta la recaudación impositiva del Juego.
"Esto recién empieza. Pero no tenemos un interlocutor claro. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con el Presidente? ¿Con su ministro del Interior, Wado de Pedro o con Silvina Batakis? ¿Con Máximo Kirchner?", disparó con evidente fastidio uno de los funcionarios más importantes que tiene Larreta en la Ciudad. Consideran desde Uspallata que Alberto Fernández "no debe estar cómodo con esta disputa interminable" pero entienden que no tiene la última palabra en la discusión.
Recortes y conflictos
Para graficar la magnitud de la quita de fondos, explican desde Hacienda que la poda fue del 11% del Presupuesto. Pero de ese total, la mitad son salarios, es decir que no se puede tocar. Por ende, ese porcentaje inicial termina siendo del 22% si se consideran partidas que sí se pueden modificar.
En ese universo a revisar para que cierren los números, las alternativas son tres: más impuestos, deuda (sin aval de Nación) o recorte de gasto. En esta última cuestión, se paralizaron obras y se busca bajar el costo del servicio de recolección de residuos.
Con respecto a las obras, el freno generó un fuerte conflicto con la UOCRA por los despidos que se generaron. Por otra parte, respecto al tema residuos, una idea es bajar un día, lo que también ya generó conflicto con el gremio de Camioneros que conduce la familia Moyano.
RI/FF
